Mejora regulatoria para impulsar el nearshoring: el caso Querétaro

Digitalizar no basta. Querétaro nos enseña que simplificar trámites es la llave para atraer inversión y detonar nuevos empleos formales, desde lo local.

Por Ana Lila Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en: Animal Político

Al abrir el portal Ventanilla Digital Nacional de Inversiones uno espera certezas. El Gobierno federal lo presentó en abril de este año como una herramienta de “cinco minutos” para conocer todos los trámites necesarios para abrir una empresa en el país. Bastarían unos clics para que un inversionista local o extranjero supiera qué requisitos cumplir. 

Sin embargo, al navegar por la plataforma lo que encontré fue una experiencia diferente: listados incompletos, ausencia de trámites digitalizados y una brecha evidente con el cronograma oficial que prometía tener todo listo en agosto de 2025. Esa brecha entre la promesa y la realidad es el espejo de un problema más profundo: la tramitología sigue siendo un obstáculo serio para la inversión, y digitalizar no basta si no se simplifican las regulaciones.

Fuente: https://www.inversiones.gob.mx/ventanilla Consulta realizada el 09/09/25

Calcular el costo de oportunidad por trámites

En México Evalúa estamos trabajando —junto con ESZ Smart Solutions— en una línea de investigación sobre obstáculos regulatorios a la inversión. Nos enfocamos en los niveles estatal y municipal en ocho entidades del país, una para cada región económica. Nuestra más reciente publicación es el caso de estudio Querétaro. Este estado simboliza las oportunidades y ventajas estratégicas que tiene México para las empresas globales por su cercanía con Estados Unidos y Canadá. Es decir, para el nearshoring.

Nuestro análisis identificó, con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y el Atlas de Complejidad Económica de México: Querétaro del INEGI, las ramas productivas con mayor potencial de insertarse en cadenas de valor globales. En el estado se trata sobre todo de los sectores automotriz, aeroespacial, logística, electrodomésticos, tecnologías de la información, entre otros. 

Luego mapeamos los trámites estatales y municipales que deben cumplirse para abrir una empresa en estos sectores. El resultado: 32 regulaciones y entre 50 y 67 trámites relevantes para las etapas de apertura y operación de empresas aplicables al conjunto de 21 ramas analizadas ya que, como se explica en el estudio, no todos los trámites vigentes están asociados a una regulación, es decir, existen trámites que las autoridades locales emiten sin pasar por el debido proceso regulatorio o legislativo local.  

Para contar con una primera aproximación al costo de los tiempos de espera de las empresas para abrir un negocio, aplicamos la metodología de costeo estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ésta cuantifica, con base en datos del valor agregado censal bruto de las localidades examinadas, el valor monetario de los tiempos máximos de respuesta establecidos en la ley o en las regulaciones. 

A partir de ello, calculamos el costo de oportunidad que supone el tiempo que una empresa debe destinar a hacer los trámites para instalarse en los municipios con mayor concentración de corredores industriales del estado de Querétaro. El resultado es que, en el escenario promedio máximo, cuando se combinan órdenes de gobierno (estatal y municipal), ese costo puede superar los 4.4 millones de pesos. En otras palabras, cada día de retraso administrativo se traduce en dinero que las empresas hipotéticamente dejan de ganar. Cuando se trata de proyectos industriales vinculados a cadenas globales, ese tiempo perdido erosiona la competitividad de Querétaro frente a otros destinos de nearshoring en América Latina.

Querétaro no es cualquier estado 

Para entender el potencial de Querétaro ante la oportunidad de relocalización de inversiones es útil saber estos datos:

1. Sólo 2.5% de las empresas generan casi un tercio de su valor agregado censal bruto (27.66%).
2. Tres municipios —Santiago de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río— concentran el 90% de ese valor.
3. Y además, las empresas perfiladas hacia el nearshoring en estas demarcaciones podrían aportar un 24% adicional.

El perfil productivo de la entidad se sostiene en la manufactura de alto valor agregado, particularmente en los sectores automotriz y aeroespacial, además de un ecosistema tecnológico emergente. Entre 2018 y 2023, Querétaro captó más de 5,400 millones de dólares en inversión extranjera directa, y tan sólo en 2024 registró 1,055 millones. En los últimos tres años se anunciaron 148 proyectos de inversión, 47 de ellos ligados directamente con el nearshoring. Proyectos emblemáticos confirman su estatus de desarrollo: la “ciudad digital” de Amazon Web Services, con una inversión de 5,000 millones de dólares, promete revolucionar el sector tecnológico regional; mientras que el Tren México–Querétaro, con 226 kilómetros de extensión, conectará en tiempo récord a la entidad con la capital del país. 

Incluso en este contexto pujante, persisten áreas de mejora regulatoria que deben atenderse para sostener el crecimiento y aprovechar al máximo las oportunidades del nearshoring.

Detectar las oportunidades de mejora regulatoria

La aplicación de una segunda metodología, ésta del Banco Mundial —la herramienta de evaluación de políticas de mercado y competencia (MCPAT por sus siglas en inglés)— nos aportó más hallazgos. El 27.6% de las normatividades en el estado y en los tres municipios seleccionados presentó oportunidades de mejora regulatoria. 

Esto equivale a 403 observaciones distribuidas en cuatro ejes: calidad regulatoria (124), facilidad para hacer negocios (17), atracción de inversiones (ninguna observación que contraviniera el T-MEC) y eficiencia gubernamental (262).  El resultado es revelador pues no se trata sólo de cambiar leyes, sino de volver las reglas más claras, accesibles y operativas. Muchos trámites carecen de lenguaje preciso, otros duplican requisitos o no definen con claridad a la autoridad responsable. 

La homologación entre niveles de gobierno reduce la incertidumbre para los inversionistas: lo que un municipio exige en 15 días, otro lo condiciona en 30; lo que a nivel estatal implica un formato digital, a nivel local aún se resuelve en ventanilla física.

Algunos ejemplos son ilustrativos. La Evaluación de Impacto Ambiental puede extenderse hasta 60 días hábiles; las licencias de construcción o los vistos buenos de protección civil requieren entre 15 y 30 días según el municipio. Además, cerca del 25% de los trámites implican un costo fijo, el 52% un costo variable y el 23% no requieren pago. Esa heterogeneidad en tarifas y tiempos no sólo complica la planeación de proyectos: desalienta la inversión y abre espacio a discrecionalidad.

Medidas que deben aplicar en estados y municipios 

¿Qué hacer ante este panorama? Nuestras recomendaciones se orientan a reducir el costo de oportunidad, aumentar la certeza jurídica y mejorar los tiempos de respuesta:

• Priorizar la digitalización de trámites de mayor impacto económico. No todos los permisos pesan igual. Los que generan mayores pérdidas diarias deben integrarse primero en un fast-track digital municipal-estatal.
• Homologar criterios y plazos entre órdenes de gobierno. Una mesa técnica entre autoridades y expertos en mejora regulatoria podría acordar redacciones comunes, plazos máximos y criterios uniformes de resolución para todos los municipios de la entidad. 
• Implementar el silencio positivo o afirmativa ficta en trámites de bajo riesgo. Es decir, si la autoridad no responde en plazo, la autorización se entiende concedida. Este mecanismo, ya probado en Europa y América Latina, reduce tiempos muertos sin comprometer la seguridad.
• Mejorar la calidad normativa (“Dice y Debe Decir”). Redactar con lenguaje claro, definir sujetos, requisitos y criterios de resolución. Esto reduce ambigüedad y litigios, y facilita la automatización de procesos.
• Revisar tarifas y simplificar cobros. Estandarizar costos, distinguir entre derechos de trámite y costos de servicio, y publicar fórmulas de cálculo para dar certeza financiera.
• Crear ventanillas únicas locales integradoras. No basta con listar trámites: se necesita instrumentar un flujo continuo, con tiempos garantizados y reportes periódicos de cumplimiento.
• Monitoreo y evaluación ex post. Las reformas deben acompañarse de indicadores verificables: reducción del costo de oportunidad, tiempo medio de resolución, número de trámites digitalizados y satisfacción de usuarios.

Conclusiones

El mensaje es simple: digitalizar y homologar trámites no es un gesto cosmético de modernidad, sino una inversión pública con retorno tangible en empleos, recaudación y competitividad. Querétaro ya cuenta con infraestructura, capital humano y ubicación privilegiada; ahora necesita complementar esas ventajas con un marco regulatorio ágil y transparente.

El nearshoring es una ventana histórica. Los estados de la república deben aprovechar la oportunidad de simplificar y mejorar regulaciones. Si los cuellos de botella administrativos persisten, corremos el riesgo de que la inversión busque destinos alternativos. La buena noticia es que ya tenemos un mapa de oportunidades y una hoja de ruta clara: identificar, priorizar, digitalizar y evaluar… aunque nos tome más de cinco minutos lograrlo.