Y pocas actividades requieren tanto de la confianza como las relacionadas con la justicia, particularmente la justicia penal. Los actores del sistema de justicia tienen en sus manos una responsabilidad enorme. Deciden sobre el uso de la fuerza, sobre si se inicia o no un proceso penal, sobre la culpabilidad en un delito e incluso sobre la privación de la libertad como sanción. La confianza de los ciudadanos en las instituciones que deciden estos temas es clave para el funcionamiento de la sociedad misma.

Por todo ello, el equipo de justicia de México Evalúa se dio a la tarea de medir la confianza en el sistema de justicia a nivel local. Para ello, construyó un índice de confianza promediando los niveles de confianza asociados a la policía, la Policía Ministerial, el Ministerio Público y los jueces a nivel estatal. Para calcularlo, tomaron la diferencia entre la proporción de ciudadanos que expresan tener “mucha” confianza en una institución y la que dice mantener “nada” de confianza en las autoridades respectivas. Los datos que usaron en la construcción del índice fueron tomados de la encuesta Envipe, administrada por el Inegi desde  2010.

Los resultados de dicha métrica son por demás interesantes. Presento, resumidos, los más importantes.

En primer lugar, en todo el país las autoridades que sistemáticamente tienen los menores niveles de confianza son las procuradurías locales. Esto es: ministerios públicos que, en ocasiones se denominan fiscalías, así como la Policía Ministerial, antes denominada Policía Judicial.

En segundo lugar, el índice arroja una buena noticia. En el agregado nacional, de 2011 a 2014, hay una tendencia positiva en la percepción de confianza de las instituciones de justicia locales. El valor del índice pasó de -11.7 a -2.5 por ciento.

En tercer lugar, en 13 entidades federativas se reportan índices de confianza positivos en el periodo analizado. Esto quiere decir que en 13 de las 32 entidades, el porcentaje de ciudadanos que confían en las autoridades del sistema de justicia es mayor que los que desconfían de sus instituciones. El hallazgo es alentador porque implica que la aspiración de contar con instituciones de justicia confiables es realista.

En cuarto lugar, otra buena noticia es que hay importantes variaciones en los índices de confianza entre estados. Esto sugiere que hay estados que observan buenas prácticas institucionales y que, por tanto, es posible aprender de ellos. Los cinco que tienen los mayores índices de confianza son: Yucatán (11.3), Guanajuato (6.0), Nayarit (5.8), Zacatecas (5.4) y  Aguascalientes (4.8). Y los cinco peor evaluados por sus ciudadanos son: Distrito Federal (-28.4), Estado de México (-20.8),  Morelos (-15.3), Guerrero (-13.2) y Puebla (-13).

En quinto lugar, al hacer un análisis a lo largo del tiempo, se observa que la tendencia de los estados es a mejorar en términos de confianza en las instituciones de justicia. Dos de los casos más sobresalientes son Chihuahua y Nuevo León.

En sexto lugar, descubrimos una paradoja importante. Uno pensaría que en los estados con mayor violencia, medida a través de la incidencia de homicidios, habría menos confianza en la justicia. Sin embargo, el D.F. es la entidad con menor confianza en las instituciones de justicia y, al mismo tiempo, una de las que tienen las tasas de homicidios más bajas del país. Por otro lado, Chihuahua tuvo la tasa de homicidios más elevada del país varios años y, sin embargo, tuvo también el mayor crecimiento de confianza en las instituciones de justicia.

En séptimo lugar, exploramos también la relación entre variables de corrupción y confianza, y encontramos una relación muy estrecha entre ambas.

Finalmente, en octavo lugar, el estudio nos permitió confirmar que la confianza ciudadana depende de la imagen que tienen las instituciones de justicia y seguridad más cercanas a la gente: las policías. Por eso, concluimos que si las autoridades quieren fortalecer la confianza de la gente en sus instituciones deben empezar por ahí.

Estos primeros hallazgos deben ser debidamente analizados para desprender recomendaciones de política pública. Pero el mensaje que nos deja es positivo: la desconfianza en las instituciones de justicia no tiene por qué ser eterna, ni estática. Ésta se mueve. Ahí donde se han operado reformas importantes, la confianza se restablece. En otras palabras, la confianza no es materia etérea: se pierde y recupera dependiendo de los resultados de los actores de la justicia. Y los ciudadanos sabemos reconocer cuando se trabaja a nuestro favor.