Una nueva estrategia en materia de seguridad debería estar centrada en fortalecer lo local. Primero, haciendo responsables a estos ámbitos de gobierno de lo que les toca en la materia.

Debemos revisar la estrategia del Estado mexicano en materia de seguridad porque no está dando resultados. Delitos violentos como el secuestro y la extorsión han cruzado sus registros históricos y el número de entidades en crisis sigue creciendo. La intervención federal en el Estado de México, plaza tan sensible por su cercanía con la capital del país, es indicativo de que el problema se expande y que no hay escudos suficientes que puedan detenerlo. Pero también indica que los esfuerzos por fortalecer las capacidades en materia de seguridad en entidades tan estratégicas como la citada, no rindió frutos o éstos fueron francamente insuficientes. Abusos por parte de la policía estatal están documentados, lo mismo que el deplorable estado de su unidad antisecuestro que a decir de colegas que han visitado sus instalaciones, no cuenta con lo básico para ser funcional. Este es el meollo de nuestra problemática actual: el déficit de capacidades en lo estatal y local para enfrentar un fenómeno que dejó de tener escala nacional para convertirse justamente en eso: un problema local.

Este es el saldo de nuestra guerra contra los grupos criminales: muchas cabezas abatidas o capturadas y fragmentación de los grandes cárteles en células de menor dimensión, pero con enorme capacidad de hacer daño a los mexicanos. La lógica de una nueva estrategia debería estar centrada en estas nuevas realidades. En cambiar el enfoque para poner el énfasis en las capacidades a nivel estatal y local. Sin embargo, la estrategia en su esencia se quedó anclada en el pasado. A pesar de la atractiva envoltura narrativa con que se acompañaron las primeras acciones en este terreno por parte de la nueva administración,  la estrategia  y los instrumentos son casi idénticos a los de la anterior. Una política de descabezamiento de grupos criminales como eje, la intervención federal para contener las crisis y un modelo institucional de coordinación entre entidades que no jala, a pesar de que se afirme lo contrario. No tendríamos un comisionado para Michoacán ni un zar antisecuestro, si la coordinación fuera una realidad.

Desde mi perspectiva, debemos dar un vuelco radical en el enfoque. Si aceptamos que el fenómeno criminal se transformó como resultado de la propia estrategia gubernamental, por qué no asumimos entonces que necesitamos instrumentos distintos y que éstos se asientan primordialmente en el ámbito local y estatal. Y en este espacio las cosas se mueven muy lentamente, aunque como en todo, hay honrosas excepciones.

Una nueva estrategia en materia de seguridad debería estar centrada en fortalecer lo local. Primero, haciendo responsables a estos ámbitos de gobierno de lo que les toca en la materia. La intervención del comisionado federal para Michoacán fue una respuesta pronta a un problema creciente. Pero relegar a las autoridades locales de la manera en que se hizo, no ayuda a la reconstrucción del tejido institucional que el estado necesita. Tampoco a fincar un sentido de responsabilidad. De la mano de esto va el financiamiento. Si queremos seguridad, tenemos que pagar los costos de proveerla. Y no hemos querido reconocerlo.

Para formar policías y ministerios públicos, para invertir en prevención, México necesita, además de un buen modelo y liderazgo, de millones de pesos, muchos más de los que se han canalizado de manera errática y con poco control. Necesitamos abrir un espacio en el presupuesto para darle la centralidad que merece a este tema y cambiar en lo posible el esquema fiscal para que junto con la responsabilidad, le demos potestades tributarias a los gobiernos locales para que inviertan en su seguridad. El esquema actual entre federación y estados está fincado en la desconfianza, impone rigideces que en ocasiones no se pueden superar y reproduce un esquema de hermano mayor que vigila al menor, que no construye sentido de responsabilidad.

En fin, pareciera que hay que arreglar a México antes de poder vencer a la criminalidad. Lo cierto es que hay muchas piezas que podrían irle dando forma a una nueva estrategia contra el crimen. Una que se adecue a las nuevas realidades.

El problema es que no veo acciones dirigidas en esa dirección. El gobierno federal cayó en las mismas trampas que su antecesor. Y es comprensible. No ha de ser fácil promover o plantear una nueva arquitectura institucional en estas áreas cuando algunas regiones del país parece que se incendian y cuando nuestra realidad institucional, fiscal y social conflagran para avanzar un proyecto de más visión. Lo cierto es que el Presidente y su equipo no dimensionaron en toda su complejidad este problema, lo que se ha hecho evidente en los primeros meses de gobierno.

Yo todavía confío en que en esta administración se tomen decisiones acertadas para vencer a este flagelo. Si el Presidente se ha atrevido a tocar lo intocable, por qué no habría de avanzar en éste que es, por mucho, el problema que más nos duele a los mexicanos.