Edna Jaime

La reforma hacendaria terminó siendo una colección de impuestos que ciertamente procuran más recursos para el gobierno, pero no atiende lo esencial de la estructura de incentivos que el esquema tributario genera actualmente y que es contrario al crecimiento.

Este gobierno le apostó fuerte a una agenda centrada en temas económicos. No parece haber otra prioridad para esta administración. Tuve oportunidad de escuchar al Presidente hace unos meses, en una reunión que sostuvo con los representantes ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública previo a la celebración de la última sesión de dicho órgano. Su tema de conversación fue el crecimiento económico, no la justicia o la creación de capacidades en nuestras policías. Para el Presidente de la República la medicina para estos males es el crecimiento y en parte tiene razón. El crecimiento económico genera empleos y el trabajo dignifica a las personas, entre muchos otros procesos virtuosos que se desatan a partir de la prosperidad. Nuestra crisis de inseguridad y violencia tendría otras dimensiones si el contexto económico fuera favorable. Por eso el énfasis del Presidente en crecer.

En el momento en que sostuvo esta conversación, la reforma hacendaria estaba por presentarse y existía una enorme expectativa sobre su contenido. Esta reforma era una de las piezas clave en el engranaje que permitiría “mover” al país. Alineada con ese objetivo, la reforma debió haber planteado incentivos a la inversión, a la formalización de empresas, además de dotar al Estado de recursos para invertir en las personas y en la infraestructura necesaria de manera de elevar la productividad de la economía mexicana. Pero la reforma se fue por otro camino.

La reforma hacendaria terminó siendo una colección de impuestos que ciertamente procuran más recursos para el gobierno, pero no atiende lo esencial de la estructura de incentivos que el esquema tributario genera actualmente y que es contrario al crecimiento. Particularmente grave es el haber encarecido todavía más los costos de la formalidad.

Esta reforma, mal hecha desde la perspectiva que he presentado, no es conducente al crecimiento y eso pone en aprietos al Presidente de la República. Malgastó un recurso crítico para lograr su objetivo, el rasero que él mismo se fincó al plantear su proyecto y al vender el Mexican moment como algo factible. A menos de que el Presidente crea que el gasto público por sí mismo puede ser una fuente de crecimiento, en cuyo caso estaríamos frente a un problema todavía mayor, la jugó mal con esta reforma y no le quedan muchos más instrumentos con qué empujar un crecimiento sostenido, por lo menos en el corto y mediano plazos.

En este contexto, el gobierno debe ser extremadamente cauteloso sobre dónde pone los recursos adicionales provisto por mayores impuestos y más deuda. El Presidente de la República y su secretario de Hacienda deben ser los primeros interesados en que se gaste bien. En destinar los recursos adicionales a los lugares donde más retornos puedan generar, donde impacten la productividad y la inversión y mitiguen la desigualdad. El peor escenario para ambos sería el pagar el costo de una reforma fiscal impopular y no lucrar de ella, en el buen sentido de la palabra. El peor escenario sería el que se les recuerde por lo que no pudieron hacer: “mover a México” hacia el progreso.

El gasto público en México es un tema muy complejo. Su fiscalización es débil y su evaluación incompleta, y en ese contexto el desperdicio es cotidiano. La propia Secretaría de Hacienda que es dueña de la chequera, encuentra difícil su seguimiento, sobre todo cuando cae en otros ámbitos de gobierno. No obstante, el gobierno federal gastará este año 10% más. Si estos recursos se extrajeron de empresas y ciudadanos para ponerlos en actividades sin impacto, habremos perdido todos con la transacción, incluyendo el Presidente.

Por eso creo que debe ser el primer interesado en fortalecer los mecanismos de seguimiento de esos recursos. Llevar, por ejemplo, el presupuesto basado en resultados a una fase en la que se afinen indicadores y se presupueste de acuerdo al desempeño del programa. Debería instruir a la Secretaría de Hacienda a que hagan efectivas las atribuciones de control de gasto que le corresponden e, inclusive, ir más allá. Definir el futuro de la Secretaría de la Función Pública e impulsar el órgano anticorrupción, con un diseño adecuado para que pueda hacer una diferencia. En su defecto, el Presidente y su secretario habrán trabajado para favorecer la carrera política de otros y no las propias.

No puedo imaginar un escenario más sombrío que el de un México sin crecimiento o con un crecimiento mediocre por otros seis años más. Si estos años de estancamiento nos han puesto en el lugar que estamos, cuanto más nos podemos descomponer si las oportunidades que el crecimiento económico generan no llegan. Por eso creo que el Presidente debe jugarse su tanto con la vigilancia y efectividad del gasto, aunque implique ponerle límites a su propio poder discrecional.