Y ahora qué hacemos con el Mando Único
Uno de los primeros problemas de la iniciativa para crear el Mando Único es que pareciera que busca sustituir mil 800 pequeñas y malas policías municipales por 32 grandes y malas corporaciones de policía estatal.
Por: Guillermo Vázquez del Mercado Almada (@gmovma)
El tema de la inseguridad y la delincuencia es el que genera mayor preocupación entre los mexicanos. Así lo establece la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (Envipe, 2015), que encontró que 58% de los encuestados considera que este problema es más importante que el desempleo y el aumento de precios. Esta encuesta también reveló que un tercio de los hogares en México cuentan con al menos una víctima de delito, lo que se traduce en 22.8 millones de víctimas y 33.7 millones de delitos cometidos, tan solo en 2014.
Para atender este contexto de inseguridad, pero principalmente para facilitar la coordinación de acciones de los tres órdenes de gobierno para el combate al homicidio, el secuestro y la extorsión, el Ejecutivo Federal envió en diciembre pasado al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que “propone reformar el artículo 21 Constitucional para establecer que la seguridad pública es una función que está a cargo de la federación y de las entidades federativas, por lo que los municipios participarán, desde el ámbito de su competencia, únicamente en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos”. Concretamente la propuesta sugiere remplazar mil 800 policías municipales por 32 instituciones de seguridad reforzadas en cada entidad federativa.
La iniciativa plantea como objetivo atender la necesidad impostergable de la seguridad pública cimbrando “las bases mismas sobre las que está construida” para que “las familias mexicanas salgan de sus casas con la tranquilidad de que la policía más cercana a ellas, son personas profesionales, confiables y cuyo principales interés es garantizar su seguridad”.
No obstante, existen al menos cuatro problemas con esta propuesta.
El primer problema es que pareciera que ésta busca sustituir mil 800 pequeñas y malas policías municipales por 32 grandes y malas corporaciones de policía estatal.
Al concentrar las tareas policiales en el ámbito estatal, se asume que los cuerpos policiales estatales cuentan con capacidades institucionales adecuadas y, sobre todo, con confianza ciudadana. La Envipe 2015 arroja algunas cifras interesantes al respecto: 73.2 por ciento de los encuestados se siente inseguro en su estado; 63.6 por ciento considera que la policía estatal es corrupta, únicamente tres puntos porcentuales por debajo de la policía municipal; y apenas el 42.5 por ciento de la ciudadanía confía en dicha institución policial, es decir, sólo seis puntos porcentuales por arriba de la municipal.
La reciente actuación de la policía estatal de Veracruz ejemplifica los datos antes mencionados, ya que parece existir evidencia de su participación en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca. Además, esta policía ha demostrado serias deficiencias para contener el aumento de los delitos como el robo en la vía y transporte público, la extorsión y el fraude, que son los que más afectan a los veracruzanos, de acuerdo con la Envipe.
El segundo problema de la iniciativa es que no define qué tipo de modelo de policía deberá ser implementado como parte de la reestructuración que implica el Mando Único. En particular, no determina cómo conciliar la centralización de la policía a nivel estatal con la necesidad de desarrollar tareas propias de una policía de proximidad. Este problema ya se ha presentado en algunas entidades.
Así, en Nuevo León, la policía estatal fue sustituida por la Fuerza Civil con el principal objetivo de repeler agresiones del crimen organizado. Ésta es una suerte de equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales en español) muy grande que de manera eficaz ha contenido al crimen organizado. No obstante, este cuerpo cuenta con capacidades muy limitadas para realizar labores de proximidad policial que permitan atender otro tipo de delitos, como el robo en vía y transporte público (el cual, de acuerdo con la Envipe 2015, es uno de los más frecuentes en el estado y en el país).
Así, de aprobarse el Mando Único para los 32 estados del país, uno de los retos para estas instituciones será conciliar un enfoque táctico de reacción policial, útil en contextos con fuerte presencia de crimen organizado (pero con limitantes para enfrentar delitos del fuero común u otro tipo de violencias como la familiar o las faltas administrativas), con un enfoque de proximidad, el cual, según la experiencia internacional, contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en la policía.
Lo anterior nos lleva al tercer problema de la iniciativa de Mando Único propuesta por el Ejecutivo Federal. Para lograr la unificación, ésta solamente establece que los gobiernos estatales en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizarán un diagnóstico y una propuesta de calendario de transición al nuevo modelo, siguiendo los principios establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, no considera una reingeniería institucional de la función y de las instituciones policiales.
Dada la magnitud de la propuesta, se esperaría que estableciera los principios fundamentales y estándares mínimos profesionales a los cuales se deberán ceñir las nuevas corporaciones policiales, en particular el respeto irrestricto a los derechos humanos; la independencia de la operación policial de la autoridad política; la proximidad policial como filosofía institucional para facilitar la confianza y colaboración entre ciudadanos y policías; la definición de estándares nacionales de desarrollo policial que permitan un desempeño profesional meritocrático y transparente, así como jornadas de trabajo y equipo que optimicen el desempeño de los oficiales; esquemas de rendición de cuentas internos y externos que supervisen su actuación, así como de la corporación en su conjunto con sanciones claras para ambos en caso de omisiones o delitos; esquemas claros de reclutamiento, capacitación, entrenamiento y permanencia en la corporación, así como de remuneraciones y prestaciones que dignifiquen la profesión policial.
El cuarto y último problema con el que cuenta la propuesta de Mando Único es conceptual. Si efectivamente su objetivo es cimbrar las bases sobre la que está construida la institución policial y que las familias mexicanas salgan de sus casas con tranquilidad, sería un buen momento para dejar de considerar la seguridad pública como un servicio que provee el Estado para únicamente generar orden y paz pública. Tomando en cuenta la reforma al artículo 21 constitucional, sería conveniente legislar para que la seguridad ciudadana se vuelva el eje conceptual de la propuesta. De esta manera, los ciudadanos y nuestras necesidades seríamos el centro de la acción policial lo que requiere corresponsabilidad de autoridades y sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, sector privado, academia y ciudadanos).
El incremento[1] de la incidencia delictiva, la alta percepción de inseguridad que sentimos los mexicanos, así como la desconfianza que tenemos en las instituciones de policía, deben ser razones suficientes para hacer de la iniciativa de Mando Único una verdadera reforma policial. Su objetivo deberá ser más que unificar para coordinar, refundar a las instituciones policiales en torno del concepto de seguridad ciudadana y con base en los derechos humanos y el estado de derecho. Sólo de esta manera los ciudadanos podremos confiar en la policía y podremos colaborar con ella para generar, entre todos, comunidades más seguras.
* Guillermo Vázquez del Mercado Almada es consultor en seguridad ciudadana.
[1] La Envipe 2015 establece que en los últimos 5 años la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes ha pasado 23.1 a 33.7. Además el número de víctimas ha pasado de 18.1 a 22.8 millones.
