Y ahora, la reforma energética de Sheinbaum se enfrenta a Trump
La reforma energética obradorista convierte a Pemex y la CFE en empresas públicas no obligadas a generar valor económico y rentabilidad. Pero el México de hoy es distinto, y puede que Trump tenga otros planes.
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Miguel del Valle | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en: Animal Político
La promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética obradorista el 18 de marzo buscaba exaltar el simbolismo de la expropiación petrolera de 1938 y la soberanía energética como eje discursivo de la política obradorista de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero el México de hoy es distinto y ya no está aislado del mundo.
La reforma en cuestión incluye cambios en la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que las convierte en empresas públicas no obligadas a generar valor económico y rentabilidad para el Estado. Además, plantea modificaciones regulatorias que les aseguran preponderancia en los mercados sin que legalmente puedan ser clasificadas como monopolios. Sus objetivos ahora estarán enfocados en procurar una mayor justicia energética y preservar la soberanía en el desarrollo de sus respectivos sectores.
El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) ha pedido al presidente Donald Trump revisar posibles prácticas desleales de México en su actividad comercial y abrir un panel bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Argumenta que dicho marco jurídico inhibe la competencia. El API representa a las 600 empresas más importantes del sector en Estados Unidos (EE.UU.). Este mismo mes ha decidido presentar su propio plan para fortalecer el liderazgo energético de EE.UU. ¿Estamos ante una amenaza o es una oportunidad para México?
El manejo de la energía a la mexicana
El gobierno mexicano ha reiterado que dará continuidad al modelo de negocios de Pemex enfocado en alcanzar —algún día— la autarquía en combustibles fósiles, reducir las exportaciones de crudo y disminuir la dependencia en las importaciones de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) desde EE.UU. Ninguno de estos anhelos se ha logrado e incluso nos hemos alejado de esos objetivos.
El modelo, que se impulsó desde el sexenio del ex presidente López Obrador, hizo que la paraestatal cerrara con una pérdida acumulada de 1.8 billones de pesos no obstante que recibió apoyos extraordinarios por 2.2 billones de pesos. Para dar una idea de la magnitud, esto equivale a dos veces el presupuesto anual de educación, como recientemente lo analizó México Evalúa.
Por otro lado, la política energética de Sheinbaum busca impulsar la descarbonización a través de una nueva regulación a los biocombustibles y a la inversión en energías renovables por parte de la CFE. Esto pretende lograrlo a través de facilitar permisos a entes privados para plantas de mediana capacidad, con la permanencia del Mercado Eléctrico Mayorista, y al promover la expansión de la generación distribuida en los hogares sin requerir permiso.
En los mercados, los efectos inmediatos de las reformas han sido mixtos. Mientras calificadoras y especialistas vemos con escepticismo la falta de claridad en la regulación, otros —como el Consejo Coordinador Empresarial— consideran que el principal beneficio de la reforma es el mantenimiento de la apertura a la inversión del sector privado. A largo plazo, las implicaciones de la reforma dependerán de cómo se implemente, y si se logra garantizar seguridad jurídica para los inversionistas, como lo hemos planteado desde México Evalúa. Entre los puntos críticos están la viabilidad de los proyectos públicos y mixtos, y la pregunta de si nuestro país cumplirá los compromisos internacionales en materia climática.
La amenaza de Trump: ¿presión política, económica o ambiental?
El API ha estado históricamente alineado con políticas republicanas que favorecen la desregulación y el desarrollo de combustibles fósiles. Durante el primer gobierno de Donald Trump, este instituto apoyó su programa de flexibilización de regulaciones ambientales, expansión de la perforación y reducción de restricciones a la industria petrolera. Aunque el API sorprendió en 2021 al respaldar un precio al carbono, sus posiciones han sido generalmente cercanas al Partido Republicano. Con Trump de vuelta en el poder, se alinean ambas agendas energéticas.
Recientemente, el API propuso un plan para fortalecer el liderazgo energético de los EE.UU. y reducir la inflación. En primer lugar, insta a derogar mandatos que obligan a la adopción de vehículos eléctricos sin infraestructura suficiente, y promueve un enfoque neutral en tecnología (esto es, que los incentivos fiscales y la regulación no tengan un sesgo político para impulsar una tecnología en particular con el pretexto de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el automotriz). El segundo punto propone reforzar la posición geopolítica de EE.UU. mediante la exportación de LNG. En tercer lugar, critica las restricciones regulatorias a la infraestructura de exportación bajo el argumento de que limitan el acceso de aliados a energía confiable y dañan la economía. Con ello, busca eliminar la pausa en los permisos de LNG impuesta por Biden y acelerar proyectos pendientes. También plantea expandir la producción en tierras federales y aguas profundas para reducir la influencia de China y Rusia en el mercado energético.
Para México, el aspecto más riesgoso es la propuesta expansiva de LNG en EE.UU., pues supone riesgos por un aumento en exportaciones que podría elevar los precios y afectar nuestra economía. Recordemos que importamos de ese país el 70% del gas que consumimos. Además, si EE.UU. prioriza a Europa y Asia como mercados clave, México podría enfrentar volatilidad en el suministro y recibir impactos negativos en nuestras industrias, empezando por la eléctrica. En 2024, la generación a partir de gas natural representó el 62.4% de la matriz energética mexicana.
Otro eje del plan del API es la reforma en permisos y política fiscal. Critica el sistema regulatorio actual por frenar la infraestructura energética y urge a Trump a modificar la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA; siglas en inglés) para flexibilizar las opciones de inversión, lo cual podría poner a competir a México en términos riesgosos para el medio ambiente y la salud de la población. Además, al compartir yacimientos transfronterizos, la agilización de permisos por parte de EE.UU. permitiría a sus empresas extraer recursos con impactos ambientales sin control.
México ante la encrucijada energética: resistencia o adaptación
Aunque México es aún el 13° productor mundial de petróleo, ha reducido drásticamente su extracción, y ha debilitado deliberadamente su papel como exportador neto. A su vez, su dependencia de combustibles importados ha crecido, con un déficit energético del 27.92% en 2023, cubierto principalmente con importaciones. De aquí que podemos apreciar que la interdependencia con EE.UU. es clara: el 98.2% de las exportaciones energéticas mexicanas van allí, y el 83.7% de las importaciones provienen de ese país. Según datos oficiales, en 2024, la inversión extranjera directa en México proveniente de EE.UU. representó el 45% del total; y de la IED norteamericana destinada al sector energético mexicano en el periodo 2012-2024 representa el 34.2%.
En lo ambiental, nuestro Gobierno no ha cumplido sus metas. En 2024, la energía renovable cayó al 22%, lejos del 35% proyectado. Las importaciones energéticas han aumentado un 89.7% en la última década.
La gran incógnita es si la reforma energética de Sheinbaum resistirá la presión de Trump o deberá ajustarse. Si EE.UU. flexibiliza su regulación, anula su política climática o impone barreras comerciales a México, pese a la algarabía del 18 de marzo y la rigidez de las nuevas leyes, podría enfrentar la paradoja de verse obligado a replantear su estrategia energética para no quedar en desventaja.
