Vivir a oscuras: la pobreza energética en México

Se estima que aproximadamente un séptimo de la población mundial es responsable de la mitad del consumo de energía en el planeta, mientras que la mitad de la población consume menos del 10% de la demanda total de energía. Esa insuficiencia de energía para la mayor parte de la humanidad generalmente se traduce en la imposibilidad de desarrollar actividades económicas y sociales, lo que fomenta círculos de pobreza, es decir, patrones de comportamiento que perpetúan las situaciones de precariedad, con consecuencias fatídicas. Por ejemplo, alrededor de 1.3 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, mueren prematuramente cada año debido a la exposición a la contaminación del aire en el hogar resultante de cocinar y obtener calefacción con estufas de biomasa tradicionales e ineficientes.

México no debe desentenderse de esta llamada de alerta. Con decenas de millones de necesitados de energía, la discusión sobre si debe ser el Estado o el mercado quien resuelva esta problemática tiene que madurar lo antes posible. La premisa fundamental que subyace a esta discusión está relacionada con el concepto de energía como “motor de desarrollo”. Sin embargo, al no ser el desarrollo un fin en sí mismo, sino un catalizador de derechos que hace posible el ejercicio de la libertad en su manifestación plena, consideramos que el combate a la pobreza energética debería estar en el centro de la política energética nacional, dado su impacto en la vida cotidiana de las personas, al grado de constreñir severamente su libertad. Amartya Sen argumenta que el desarrollo económico sólo puede lograrse si las personas de bajos recursos disfrutan de libertades, tales como participación política, seguridad y oportunidades económicas. El acceso a la energía es, pues, un impulso vital de las manifestaciones diversas de la libertad.

Así, en este estudio corroboramos –en línea con otras investigaciones internacionales e incluso con sentencias judiciales–, que el derecho a la energía debe ser reconocido como un puente que lleva al ejercicio eficaz de otros derechos, como el goce de vivienda digna, educación, salud, equidad de género, comunicación y un medio ambiente sano.