Violencia intencional y asedio del crimen organizado: un balance de 2024

Los balances anuales sobre las dinámicas de la violencia criminal son útiles para establecer parámetros de evaluación a corto plazo. Identificamos los territorios más violentos de 2024, los que demandan la atención prioritaria del Estado.

Por Armando Vargas (@BaVargash) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) | Programa de seguridad | Publicado en: Nexos

Las expresiones de la violencia criminal que afectan a varias regiones de México son producto de combinaciones¹ de factores políticos, económicos y sociales, profundamente arraigados en la estructura de la sociedad. Entre estos factores se encuentran: la corrupción política, la falta de equipamiento y capacidades técnicas de policías y fiscalías, y la insuficiencia de oportunidades formales y legales para que la población satisfaga necesidades materiales e inmateriales (e.g., alimentación, vivienda, o reconocimiento social), que provoca en los individuos motivaciones para incorporarse al mundo criminal (Trejo y Ley, 2021; Vargas, 2023, Díaz, Jasso y Nava, 2024, Díaz, 2024). No obstante, a pesar del carácter estructural de las causas de las violencias, las nuevas administraciones oficialistas cuentan con una concentración de poder político nunca antes vista en el siglo XXI, por lo que en teoría no existen pretextos para realizar cambios drásticos y dar resultados de inmediato.²

En este marco, los balances anuales sobre las dinámicas de la violencia criminal son útiles para establecer parámetros de evaluación a corto plazo. Con dicho objetivo, identificamos los territorios que se mantuvieron en la vorágine de la violencia durante 2024 y que, en sintonía con los principios y objetivos de la propia estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, su atención es prioritaria para reducir la inseguridad. 

Para identificar dichos territorios, realizamos un análisis exploratorio de datos espaciales, calculando el índice de Moran (I de Moran) —que se define como el coeficiente del grado de asociación que una variable desarrolla a través de un marco geográfico donde -1 refleja una absoluta dispersión y 1 es una gran concentración (Siabato y Guzmán, 2019)—. En esta lógica, dicho índice alcanza un valor de 1 permite identificar “puntos calientes” entendidos como unidades espaciales con altas tasas delictivas rodeadas de otras con las mismas características y cuya agrupación no es aleatoria (México Evalúa, 2018).³

Para ofrecer una aproximación más precisa al comportamiento de la violencia delictiva, tomando en consideración las debilidades de los datos oficiales y buscando capturar las dinámicas del crimen organizado, centramos la atención en dos mediciones alternativas de la violencia, sobre las cuales ofrecemos más detalles más adelante: violencia intencional y asedio criminal. 

Consideraciones sobre las cifras de incidencia delictiva y alternativas para reducir los sesgos 

Los datos de incidencia delictiva se refieren a los delitos del fuero común, aquellos que afectan directamente a las personas, registrados en las carpetas de investigación por parte de las fiscalías locales y reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tal como están publicados en la actualidad, estos datos tienen ventajas y desventajas para analizar los cambios de la violencia delictiva en el tiempo y el espacio. 

Hay dos ventajas. La primera es que podemos diferenciarlos a partir del bien jurídico afectado, tipo de delito, subtipo y modalidad, con o sin violencia. Es decir, es posible estudiar tipos específicos de violencias y sus interrelaciones. La segunda es que, a diferencia de los datos de víctimas en carpetas que reporta el mismo SESNSP, éstos permiten la desagregación hasta nivel municipal. Gracias a ello, se puede incorporar la dimensión territorial al análisis de la violencia y, desde una perspectiva técnica, ofrece un número de observaciones apropiado para evitar problemas de decodificación al emplear técnicas de análisis espacial (Cubides, 2014).⁴

Por otro lado, hay tres desventajas. La primera es que, al tratarse de denuncias, estos delitos no informan sobre los delitos que no son denunciados, la llamada “cifra negra” que en México es superior al 90% (Inegi, 2024). En segundo lugar, al tratarse de datos oficiales, siempre existe la posibilidad de la inconsistencia, por manipulación directa o debilidades institucionales, lo que es frecuente en países latinoamericanos bajo regímenes autoritarios que no son proclives a la evaluación (Méndez, 2021). Por último, las propias categorías de incidencia delictiva pueden facilitar el maquillaje de las cifras al permitir la “transferencia” de delitos de alto impacto a categorías con menor nivel de escrutinio público. En definitiva, la incidencia delictiva no dice con exactitud el tamaño del monstruo, ni su ubicación. 

A pesar de lo anterior, es un hecho que estos datos continuarán utilizándose, al menos a mediano plazo, para formular la política pública. Ante la falta de mejores métricas proponemos agrupar de manera estratégica los datos disponibles en dos grandes categorías: violencia intencional y asedio del crimen organizado. 

Violencia intencional agrupa homicidio doloso, feminicidio y otros delitos contra la vida y contra la libertad personal. De este modo, reducimos los sesgos de género en la medición de la violencia homicida⁵, sorteamos la posible manipulación de los datos detectada por organizaciones como Causa en Común e incorporamos las nuevas dinámicas de exterminio del crimen organizado, en donde la desaparición de los cuerpos se ha vuelto una práctica recurrente. 

Asedio del crimen organizado agrupa narcomenudeo, extorsión y tres modalidades de robo: vehículo, negocio y transportista. Dichos delitos son usuales en la literatura para medir presencia y actividad del crimen organizado e investigaciones han identificado dependencia entre los mismos (Díaz, 2024; México Evalúa, 2024; Vargas, 2022). Al conjuntarlos buscamos capturar las operaciones cotidianas del crimen organizado que la discusión sobre la violencia homicida tiende a invisibilizar. 

En ambos casos calculamos la tasa por cada 100 mil habitantes a nivel municipal para estandarizar los datos y realizar comparaciones válidas, empleando las proyecciones de población de Conapo. 

Violencia intencional 

Identificamos 168 puntos calientes. El indicador I de Moran alcanza un valor considerable de 0.27, siendo estadísticamente significativo⁶. Dentro de dichos territorios podemos observar cuando menos 15 agrupaciones de tres o más municipios altamente violentos. Hablamos de las regiones que en 2024 estuvieron sometidas a la violencia homicida. 

Es evidente que la violencia intencional se vincula espacialmente a las disputas entre grupos del crimen organizado. Por lo tanto, si se pretenden reducir los homicidios, el Estado no solamente debe atender la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, sino también las disputas en regiones como Baja California, Sonora, Quintana Roo, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. 

Asedio cotidiano del crimen organizado

Identificamos 168 puntos calientes. El I de Moran alcanza un valor notable de 0.43, estadísticamente significativo. Dentro de dichos territorios podemos observar tres agrupaciones de violencia criminal no letal: una al noroeste, conformada por municipios de Sonora y principalmente de Baja California; otra al noreste, compuesta por municipios de Nuevo León y Coahuila; y otra en la región central del país, que inicia al sur en Puebla, atraviesa el Valle de México y desemboca en San Luis Potosí y Aguascalientes. Como se observa en el Mapa 2, en las regiones confluyen espacios disputados por el crimen organizado y espacios en donde, de acuerdo con fuentes abiertas e informantes, es posible hablar de ciertas hegemonías criminales o de territorios bajo el régimen criminal. 

A nivel espacial existen dos posibles explicaciones sobre la distribución diferencial de dichos delitos. Primero, como se ha planteado en la literatura, hechos delictivos como la extorsión y los robos incrementan en zonas en disputa pues los grupos criminales están obligados a diversificar sus actividades para mantenerse en la competencia (México Evalúa, 2018). Por otro lado, en territorios en donde no existe una coincidencia entre la violencia homicida y el asedio del crimen organizado cabe una hipótesis demoledora: el régimen criminal está consolidado y hay permiso para operar. En cualquier caso, el análisis espacial revela la necesidad de políticas públicas diferenciadas. 

Comentario final

La presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado una estrategia de seguridad pública basada en un enfoque reductivo de la violencia. Es decir, concentrar los recursos y capacidades del Estado en aquellas zonas o regiones donde las expresiones de violencia y comisión de delitos han alcanzado tal magnitud que entorpecen la cotidianeidad. Así, sólo se concentra en atender delitos de atención prioritaria en zonas de mayor incidencia. A los cien días de su Gobierno, la política pública ha consistido, fundamentalmente, en la detención de algunos líderes del crimen organizado y decomiso de armas de fuego y drogas, especialmente de fentanilo. Ha centrado su atención en el norte del país, en entidades como Sonora y Sinaloa, claramente buscando contener la violencia derivada de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa. 

Por lo pronto, el resto de entidades no han gozado de la misma atención mediática y operativa, como lo revela el incremento de la violencia homicida en ciertos estados. Para distanciarse  de la sombra de López Obrador, la presidenta debería apegarse a los principios rectores de política pública que pregona su propia estrategia (atención a las causas,  consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación interinstitucional). Desde esa perspectiva, en México Evalúa permanentemente estaremos examinando la naturaleza de la política de seguridad y sus resultados. 

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Fuentes de consulta 

Cubides, O. (2014). Variables que inciden en los barrios de Bogotá. Opera,15, 85-104

Díaz, M. (2021). A debate: contexto, teoría y resultado de los factores asociados a la distribución del delito en la Ciudad de México. Argumentos. Estudios Críticos De La Sociedad, 3 (94), 165-182.

Díaz, M. (2024). Crimen organizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México: paradoja, percepción y evidencia.. Revista Científica General José María Córdova, 22.

Díaz, M. Jasso, G., y Nava D. (2024). Linchamientos y crimen organizado: un análisis de la violencia colectiva en México. Revista Científica General José María Córdova, 22.

Inegi (2024). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

Méndez, J. (2021). Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina. Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México

México Evalúa (2018). 5013 homicidios en CDMX. Análisis espacial para la reducción de la violencia letal. México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. 

México Evalúa (2024). Empresas bajo fuego. Victimización y resiliencia del sector empresarial en México.

Siabato, W., y Guzmán, J. (2019). La autocorrelación espacial y el desarrollo de la geografía cuantitativa. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 28 (1), 1-22.

Trejo, G., y Ley, S. (2022). Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, Debate.

Vargas, B. (2021). Fundamentos del método cualitativo comparado para abordar la causalidad múltiple coyuntural del delito. En J. Barragán y J. Tarango (Coords.). Prevención de la violencia y cultura de la paz. Editorial Itaca-Universidad Autónoma de Zacatecas.

Vargas, A. (2023). La relación entre los robos a transeúnte y las estructuras criminales. Una aproximación desde la zona metropolitana del Valle de México. Revista Antrópica. 

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Notas al pie:

1. Para más detalles al respecto, revisar Vargas, B. (2021). Fundamentos del método cualitativo comparado para abordar la causalidad múltiple coyuntural del delito. En Prevención de la violencia y cultura de Paz. Universidad Autónoma de Zacatecas, 47-64. ↩︎
2. En específico, nos referimos a que la presidenta Sheinbaum cuenta con el control del Congreso federal y la mayoría de gubernaturas y congresos locales. Ya hay varias muestras de la capacidad de cambio que se deriva de lo anterior como la aprobación inmediata de la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa, o la reforma judicial, ambas reformas constitucionales. ↩︎
3. Los índices locales (LISA, por sus siglas en inglés, como el I de Moran) permiten identificar “observaciones agrupadas en zonas y generar categorías sobre el tipo de asociación a la que pertenecen. La gran mayoría de las técnicas identifican al menos dos tipos de categorías: los conglomerados de Alto-Alto y los de Bajo-Bajo” (México Evalúa, 2018, p. 47). La matriz de pesos se definió con una contigüidad reina de primer orden (es decir, localidades geográficas adyacentes; se les llama “reina” en alusión a los movimientos horizontales, verticales o diagonales de esta pieza del ajedrez). Asimismo, las estimaciones e inferencias en el análisis se basaron en 999 permutaciones aleatorias para reorganizar los valores y observar la distribución espacial real. ↩︎
4. Aunque para ciertos marcos teóricos, como la teoría de la desorganización social, el nivel óptimo de desagregación es la colonia, o para la teoría de las actividades rutinarias lo ideal es el punto (Díaz, 2021). ↩︎
5. Los gobiernos usualmente formulan políticas de seguridad pública a partir del comportamiento del homicidio doloso. Sin embargo, la mayoría de víctimas y victimarios del homicidio doloso son hombres. Esta situación invisibiliza la violencia intencional que sufren específicamente las mujeres. Al conjuntar ambas métricas buscamos reducir el sesgo de género de los indicadores delictivos. ↩︎
6. El índice reporta la autocorrelación espacial univariada a nivel local tomando como unidades de análisis a todos los municipios del país. Es decir,  cuenta con un alcance nacional. En trabajos similares valores cercanos a 0.3 son poco frecuentes, por lo que se considera alto en este campo de estudios. ↩︎