El problema de la seguridad en el país no es uno, sino muchos, y el perfil del fenómeno criminal varía de una plaza a otra. Por consecuencia las políticas e instrumentos para hacerle frente tienen que estar diferenciados, deben corresponder con las realidades de cada localidad.

Como ciudadanos debemos estar muy confundidos sobre la situación que guarda la inseguridad en el país. Y estamos confundidos porque la información que se difunde y a la que tenemos acceso nos pinta escenarios que pueden llegar a ser contrastantes. No implico que haya dolo ni un afán por esconder la realidad del país debajo de cifras maquilladas. Simplemente que los indicadores que se difunden y consumimos se construyen con base en fuentes de información distintas. Y los ciudadanos, que no necesariamente discernimos esas diferencias, simplemente nos confundimos y en un extremo nos sentimos engañados.

En días recientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de su última encuesta victimológica, la ENVIPE. Debemos sentirnos afortunados de que esta información se genere y se publique en el país. La encuesta cuyas características metodológicas se pueden encontrar en el portal del instituto, lo mismo que sus principales resultados, es un instrumento potente porque está diseñado para llegar a las víctimas del delito, hayan denunciado o no el incidente ante las autoridades competentes. Esta característica le permite ofrecer estimaciones de la ocurrencia real del delito. Cifras que se despegan brutalmente a las que registra la autoridad a través de la denuncia. En esta última edición de la encuesta se calcula que la cifra negra sigue en ascenso. Supera el 93%. Sólo siete de cada 100 delitos se denuncia y un número todavía menor da origen a una averiguación previa.

Este dato es en sí un hallazgo: no nos acercamos a la autoridad en búsqueda de justicia o de la reparación del daño. La propia encuesta ofrece los motivos: la desconfianza en la autoridad y una percepción de poca eficacia sobre su desempeño.

Pero más allá de los hallazgos que la encuesta ofrece, que son preocupantes por el incesante ascenso de delitos y víctimas, permítanme explorar una veta que la propia ENVIPE sugiere. Por sus resultados podemos afirmar que el problema de la seguridad en el país no es uno, sino muchos, y el perfil del fenómeno criminal varía de una plaza a otra. Por consecuencia las políticas e instrumentos para hacerle frente tienen que estar diferenciados, deben corresponder con las realidades de cada localidad.

Esta información debe convencer a los hacedores de políticas en materia de seguridad de la necesidad de romper con el paradigma centralizador y unificador en el abordaje del problema. Una misma medicina no sirve para todos los padecimientos. Y aun con su pretensión de omnipresencia, el gobierno federal no puede ni debe hacerse cargo y ser responsable del problema en todas sus dimensiones y en cada entidad del país.

Con la información de la encuesta podemos conocer, por ejemplo, que el delito más frecuente en un estado como Aguascalientes es el robo total o parcial del vehículo, el de Zacatecas, su vecino, es la extorsión. Para el Distrito Federal, lo mismo que para el Estado de México y Morelos, el delito más frecuente es el robo o asalto en la calle o en el transporte público. Si a los delitos sobre los que recoge información esta encuesta le sumáramos los de alto impacto, como el homicidio o el secuestro, completaríamos un mapa  del delito que, supongo, haría evidente la necesidad de capacidades y respuestas diferenciadas al fenómeno. En una breve charla banquetera con el comisionado antisecuestros le preguntaba de la pertinencia de contar con unidades antisecuestro en cada entidad del país, cuando hay estados de la República en los que, afortunadamente, este delito no pinta. Su respuesta, sensata, reconocía esta realidad.

Mi impresión es que no hemos llegado a ese grado de sofisticación en nuestro entendimiento y en nuestras respuestas al problema. Pero tampoco veo que caminemos en esa dirección. Desde el inicio de esta administración se decidió dividir al país en cinco zonas geográficas y el secretario de Gobernación las visita con frecuencia, supongo que para empujar un plan de acción. Lo que vemos, sin embargo, es que las líneas estratégicas no se han alterado en lo fundamental. El gobierno federal sigue siendo el actor preponderante en la estrategia anticrimen y sólo algunos gobiernos estatales han asumido su responsabilidad al definir prioridades y al construir las capacidades para resolver su particular problema de inseguridad. La propia encuesta refleja el éxito de algunos estados en la contención del crimen, casos que necesitaríamos comprender mejor para trazar el camino del viraje en la estrategia que todavía está pendiente.

Un buen punto de partida es reconocer en esta encuesta un insumo para formular estrategias diferenciadas. Lamentablemente en lugar de darle buena acogida, algunos políticos y autoridades la ven con recelo. Recuerdo cuando a mi amigo Luis de la Barrera lo arrinconaron por ser el mensajero de realidades incómodas, cuando bajo su dirección  realizaba una versión de esta misma encuesta desde la sociedad civil. Mala señal si en los próximos días escuchamos voces que la desacrediten.