Edna Jaime / El Financiero

Hace algunos meses, pensábamos que como sociedad nos habíamos apuntado una victoria épica. Lograr el acuerdo de la clase política para poner fin al abuso del poder, una de cuyas manifestaciones más graves es la corrupción. Esas eran las señales. Se aprobó una reforma constitucional y un conjunto de leyes que daban vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Lo que le seguía era el buen aterrizaje de esas leyes.

Las grandes transformaciones han partido de un consenso en las élites de este país. Así fue con el tema electoral que permitió la alternancia de partidos en el poder. Así fue también con las reformas económicas que cambiaron el modelo de nuestro desarrollo económico. Cada una de estas grandes transformaciones ha implicado poner cercas al ejercicio del poder. Acotarlo en alguna medida. Las reformas de rendición de cuentas y anticorrupción implican recorrer un tramo más.

El reto de estas reformas es doble: uno es fortalecer las instituciones que tienen funciones anticorrupción. Rescatarlas de su debilidad histórica, pero más importante, y este es el segundo reto, rescatarlas de su captura. Este es el tema clave. Las instituciones para el control anticorrupción existen, pero son disfuncionales, por esas dos razones: debilidad y captura.

Han transcurrido tres años de la aprobación de la reforma constitucional que sentó las bases del SNA y el cambio de señales es radical. Lo que vimos en su momento como un acuerdo en la clase política, fue sólo ceguera. El error fue asumir que quienes nos gobiernan estaban listos para permitir un cambio que implicaba ponerlos en riesgo. No sólo por estrechar sus márgenes de actuación, sino porque podrían ser llamados a cuenta por sus abusos u omisiones.

Por eso lo que hemos visto son decisiones en sentido contrario. El instinto a la autoprotección. Como muestra, está la abrupta separación del cargo del fiscal para delitos electorales, que se atrevió a hablar sobre la investigación de los presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios de esta administración. El uso faccioso de la PGR y el desinterés por plantear el curso de la transición de la PGR a la Fiscalía autónoma. La dilación en nombrar a un fiscal anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. La presión que ejercen sobre algunos magistrados del Tribunal Electoral, la tentación de dominar las decisiones en el pleno del INAI. La austeridad presupuestal a la que someten a algunas instancias del Sistema Nacional Anticorrupción.

El nuevo blanco parece ser la Auditoría Superior de la Federación. La pieza más prometedora de nuestro SNA y lo mejor en nuestro esquema de rendición de cuentas. Las señales de que algo sucede en sus interiores, son los despidos de personas clave. Las formas, que en este país siempre son fondo, y lo que dan cuenta notas periodísticas y el testimonio de los afectados, hablan de cierta saña. ¿Una enemistad entre el nuevo auditor y las personas removidas? ¿Línea de arriba? ¿Castigo por sus revelaciones? ¿Su propia visión?

Una destitución fue particularmente llamativa. La de la directora de la Auditoría Forense, el área donde se procesan asuntos que ameritan investigaciones profundas porque hay indicios de irregularidades graves que deben documentarse para presentarse ante la justicia. Muna Buchahin y su equipo pusieron en la mesa casos de triangulación y desvío de recursos por parte de dependencias del gobierno federal que rebasan nuestras fronteras (y también nuestra imaginación). Tenía sobre su escritorio auditorías pendientes, todas de gran relevancia y repercusión.

El nuevo auditor tiene la prerrogativa de remover y reconstruir al equipo. De plantear sus propias prioridades y estrategias. De plantear su visión. Pero los cómos importan, sobre todo en nuestro contexto y por los asuntos involucrados. Quizá en su ya larga trayectoria como servidor público abrevó de esta muy mexicana manera de hacer las cosas. Pero justamente por la responsabilidad que recibió, debió haber sido cuidadoso con su proceder. Lo indispensable: sustanciar los señalamientos con que justifica los despidos, darles cauce a través de un debido proceso.

Sobre la ASF no puede pesar ninguna duda. Porque la duda, la mata. El nuevo auditor arranca su gestión con un doble pasivo: el de la credibilidad y el de construir un equipo del calibre del que desbarató. Confío (espero) que tenga los del medios y la inteligencia para remontarlos.

No quisiéramos ver a la Auditoría en la lista de instituciones maniatadas. Una más al servicio del poder.