Una hoja de ruta para atender la extorsión empresarial en Baja California
México Evalúa redondea su agenda de investigación sobre la extorsión empresarial con la presentación de una hoja de ruta para una mejor comprensión de este fenómeno criminal en Baja California.
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021
La economía de Baja California es una de las más fuertes del país, al generar un PIB anual de 250 mil millones de dólares. También es una de las entidades donde más homicidios se cometen a nivel nacional; en 2020 alcanzó una tasa de 79.59 por cada 100 mil habitantes.
De cada 10 mil negocios, 2,983 fueron víctimas de algún delito en 2019, lo que coloca a Baja California en el tercer lugar entre los estados de la frontera con Estados Unidos con mayor prevalencia delictiva. Además, el costo promedio en medidas de protección y/o pérdidas a consecuencia de ello fue de 54,152 pesos, mientras que el promedio nacional fue de 85,329 pesos.
Es en este contexto económico y delictivo que Baja California tampoco se escapa de la extorsión, un delito que se ha sistematizado en México y va al alza: la tasa por cada 10 mil empresas incrementó 58% de 2017 a 2019. Es, sin embargo, muy complejo de atender porque en el 99% de los casos no se investiga ni se denuncia (ENVE 2020).
“Si no se rompe la cadena de temor y silencio, es imposible que se puedan diseñar políticas públicas adecuadas a los desafíos y que la ciudadanía pueda comprender el tamaño del problema”, asegura Romain Romain Le Cour, coordinador del programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa.
México Evalúa se dio a la tarea de investigar cómo opera la extorsión y cuáles son las respuestas a este impuesto criminal en Baja California, con el fin de trazar una hoja de ruta basada en la colaboración entre actores locales que conduzca a una mejor gestión y comprensión de este delito.
Estos son los renglones básicos de la ruta:
- Una discusión más profunda sobre el concepto de extorsión y su diferencia con el cobro de piso permitirá una mejor comprensión de los fenómenos y, a su vez, generar recomendaciones más asertivas tanto para el marco normativo, como para políticas públicas eficaces.
- La extorsión y el cobro de piso son conductas delictivas especialmente difíciles de medir y caracterizar, por ello, su estudio requiere herramientas diversas y abordajes creativos.
- En Baja California la extorsión telefónica engrosa los registros de la comisión de este delito, lo que deja al margen otras modalidades, como aquéllas en las que el extorsionador se presenta, con distintos niveles de violencia, ante potenciales víctimas. Sin embargo, las diferentes modalidades de extorsión no se deben desestimar, pues suponen diferentes riesgos para las víctimas y, por ende, requieren respuestas diversas por parte de las autoridades.
- El cobro de piso, por su parte, suele quedar oscurecido en los conteos estadísticos y las mediciones de incidencia delictiva. Este delito extendido en el tiempo, entonces, tiene que documentarse y medirse con herramientas distintas, flexibles, pero no por ello menos rigurosas.
- El cobro de piso, en tanto que se trata de una conducta delictiva que entraña el establecimiento de una relación en el largo plazo, no puede atenderse sólo con medidas punitivas: encarcelar a un extorsionador no necesariamente significa neutralizar la amenaza que ronda a los empresarios. En cambio, fortalecer instituciones supone inhibir la comisión de este tipo de conductas delictivas.
- Al tratarse de delitos que afectan especialmente al sector empresarial, conviene distinguir la forma en que la extorsión y el cobro de piso afectan a diferentes sectores, mercados, tamaños de empresas y regiones del país.
- Dado que el sector empresarial es particularmente afectado por este delito, es previsible que busque adoptar medidas para atemperar dicho problema. Por ello, el trabajo coordinado entre las autoridades locales, estatales y federales y el sector empresarial y sus asociaciones es imperativo. Ahora bien, no sólo conviene analizar si las y los empresarios deben o suelen tomar cartas en el asunto, sino también cómo pueden trabajar con las autoridades.
- Hay que advertir las dificultades que entraña construir una relación colaborativa entre el empresariado y las autoridades públicas. Los relatos acerca de las historias de éxito de colaboraciones entre empresarios y autoridades suelen omitir los errores cometidos en el camino, las lecciones aprendidas, los cambios de ruta marcados por la experiencia. Si estos detalles se quedan detrás del escenario, las lecciones nunca serán completas.
“Si buscamos información más allá de los datos oficiales y usamos esos recursos para conocer mejor los retos a los que nos enfrentamos, estaremos en posición de diseñar acciones focalizadas que atiendan la dimensión local de la seguridad”, puntualizó Edna Jaime, directora general de México Evalúa
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