Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

La  postura del presidente respecto al INAI parece obsesiva. Está completamente decidido a que el INAI no funcione, y así se lo ha hecho saber a la bancada de su partido en el Senado, que desechó un periodo extraordinario para votar la designación de dos comisionados cuyos asientos están vacantes desde hace más de un año. El Senado tiene una orden judicial para seguir el proceso legislativo que culmine con los nombramientos. Sin embargo, ha decidido colocarse al borde del desacato.

El Pleno del INAI tiene distintas funciones. Una muy importante es decidir sobre recursos de revisión y de inconformidad interpuestos por ciudadanos que consideran incumplida o incompleta la respuesta a una solicitud de información. En el Pleno está la esencia del instituto porque, entre otras cosas, en él se dirimen desacuerdos entre partes, pero también porque tiene capacidad de imponer sanciones. Esto es lo que le debería dar fuerza como órgano garante. En una futura colaboración me gustaría abordar este tema, que es central en la labor de garantizar el derecho a la información. Porque si el incumplimiento de una ley no se sanciona, esa ley es de papel.

Sin Pleno en funciones, el acceso a la información está en riesgo y la violación a la ley puede quedar ‘impune’. Me explico: sin Pleno no hay quien procese los recursos de revisión e imponga sanciones. Y no tengo que explicarle, querido lector, lo que implica la impunidad en cualquier ámbito. La impunidad es una invitación a infringir la ley con muy bajo o nulo costo. Un ejemplo tan ilustrativo como patético: la epidemia de violencia que vivimos tiene como uno de sus componentes la impunidad. La violencia se perpetra sin costo. El ‘cierre’ parcial del INAI y de acceso a la información puede transformarse en otra epidemia: la de la desinformación. Imagínese, lector, que nos contagiáramos de desinformación o de información inoculada (impunemente) por uno o varios grupos de poder a través de los medios de comunicación. Los efectos de una epidemia así serían gravísimos. Se destruiría el piso mínimo de interacción ciudadano-autoridad, y también se alteraría profundamente la manera en que nos relacionamos entre ciudadanos.

Este discurso contra la transparencia tiene su propio trickle-down. El presidente ‘tira línea’, que se filtra por los recovecos de la administración pública en todos los ámbitos de gobierno. De alguna manera las palabras del presidente contagian, se filtran, y las instancias que están obligadas a abrir o entregar información se sienten cada vez menos obligadas a ello…

Los riesgos de tal epidemia son reales. Con mucha frecuencia en sus ‘mañaneras’ el presidente arremete contra el INAI, pero también contra el concepto más amplio de la transparencia. Le parece que el órgano de transparencia es una edificación neoliberal que no sirvió para contener la corrupción en el pasado. Junto a estos planteamientos, emite decretos que reservan información al clasificarla como de seguridad nacional. Y la extendida presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles se da en paralelo al bloqueo de los accesos a la información sobre sus quehaceres ordinarios o extraordinarios. De suyo, todos estos componentes son una buena mezcla para vulnerar el derecho a la información, pero también hay efectos colaterales…

Seguramente, querido lector, ha escuchado el término de trickle-down o ‘efecto derrame’. Un concepto que sugiere que la riqueza que se genera en un país de alguna manera baja y se filtra a toda la sociedad, aunque en una primera instancia los creadores de esa riqueza se queden con la mayor tajada. Me sirve esta idea para plantear que este discurso contra la transparencia tiene su propio trickle-down. El presidente ‘tira línea’, que se filtra por los recovecos de la administración pública en todos los ámbitos de gobierno. De alguna manera las palabras del presidente contagian, se filtran, y las instancias que están obligadas a abrir o entregar información se sienten cada vez menos obligadas a ello. Estos efectos se sienten en la calidad de información a la que tenemos acceso, en las respuestas cada vez más frecuentes de no existencia o de reserva a peticiones de información. Es decir, el presidente está dando un permiso tácito a la violación de la ley, al tiempo que debilita al órgano garante en su función esencial, que es recibir inconformidades y sancionar a quienes incumplen.

En los más de 60 días que el Pleno del INAI no ha sancionado, por falta de quórum, se han acumulado casi 5 mil recursos que no han podido ser dictaminados. Podemos decir que hay un número similar de personas cuyo derecho humano está siendo vulnerado. Si le sumamos el efecto derrame, estaríamos hablando de un daño mayor, quizá estructural…

La información beneficia a quien la solicita, pero también genera efectos amplificados cuando ésta se procesa y se difunde. Más información en manos de muchos los empodera y permite construir redes de vigilancia del poder y de rendición de cuentas más solventes. La información en manos de ciudadanos es un contrapeso más en un sistema de gobierno. Cerrar ese acceso es anular esa pista de control que se ejerce desde la sociedad.

Puedo entender entonces por qué el presidente está obsesionado con el INAI. Pienso que le disgusta saberse observado y evaluado por una sociedad que sólo lo debe idolatrar, nunca pedirle cuentas. Puedo entender que los legisladores morenistas se sientan muy atados por las decisiones de su jefe político… pero no que pasen por alto el daño que le hacen a un derecho humano y el infligen a nuestra democracia.