Una contrarreforma energética de facto

María Fernanda Ballesteros | El Sol de México
Este mes, Guillermo García Alcocer dejó su cargo como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La salida es significativa porque marca un franco retroceso en el cometido de mantener la independencia del órgano regulador, máxime si tomamos en cuenta la salida anticipada de seis de los siete comisionados nombrados en la administración anterior. En efecto, ha quedado bien asentada la sospecha de que es improbable la existencia de órganos técnicos con funcionarios transexenales ajenos a la voluntad del presidente en turno.
Hay que reconocer que García Alcocer dio batalla. Primero, ante la intentona de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; después, cuando se le pidió su renuncia. La presión fue subiendo hasta el punto en que durante el proceso de designación de los nuevos comisionados se usaron instancias de investigación financiera para lanzarle amenazas desde el púlpito de las ‘mañaneras’.
Ciertamente el proyecto que buscan impulsar los nuevos comisionados no parece ser el mismo que representaba García Alcocer, como lo señaló en su carta de renuncia. Lo que debe preocupar es que tampoco corresponda al que establecen las leyes y la Constitución. Todo indica que en el caso del sector energético la visión del Gobierno es distinta a la del marco jurídico que rige la materia. La idea de tener organismos técnicos e independientes, como son la CRE y el Cenace, entre otros, no entra en la ecuación que pretende resolver el Ejecutivo, y mucho menos si su plan es meter en cintura a Pemex y a CFE.
En la primera sesión del Órgano de Gobierno de la nueva CRE algunos comisionados se incomodaron con la idea de sancionar a Pemex por prácticas anticompetitivas. También mostraron resistencia a aplicarle medidas de regulación asimétrica, tendientes a crear un piso parejo. Sin embargo, este tipo de medidas son centrales para el cumplimiento del objetivo de un regulador económico como la CRE, cuya encomienda es impulsar un sector energético abierto y competitivo.
Si se concretan estas intenciones por parte de las autoridades energéticas –es decir, si modifican de facto un modelo con el que no concuerdan–, estaríamos frente a un movimiento en contra del Estado de Derecho, independientemente de cuál sea nuestra postura de política energética. La gran legitimidad que mostró en las urnas el proyecto de López Obrador le alcanza para modificar la ley, pero no para ir por encima de ella.
En los últimos cuatro años se ha invertido mucho en crear instituciones que den cauce a los retos en materia energética que enfrenta nuestro país. Esas nuevas instituciones nunca fueron perfectas, pero no esperábamos que fueran tan frágiles. Hay todavía elementos que pueden impulsar su buen funcionamiento, pero se requiere de un compromiso con su fortalecimiento. Desde México Evalúa hemos insistido en la importancia de concebir como contrapesos a los órganos reguladores. En el contexto actual se refuerza esa importancia.
Nadie quiere obstaculizar ciegamente el proyecto del presidente en materia energética. Sin embargo, tanto aquéllos que pueden sufrir una afectación a sus intereses privados, como los que verían en los nuevos proyectos energéticos una afectación al interés público, tienen derecho a utilizar los canales institucionales, desde consultas públicas para las nuevas reglas hasta instancias judiciales en donde se denuncien las faltas. Si no lo hacen, ni la iniciativa privada ni la sociedad civil podrá asumirse como víctimas de un retroceso. Serán, más bien, copartícipes de él.