Un plan para que 73 mil personas vuelvan a casa

Por Chrístel Rosales (@Chris_Ros) | El Sol de México

Al 15 de agosto de 2020, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas da cuenta de más de 73 mil personas no localizadas. Si bien el fenómeno de la desaparición no encuentra alivio en ningún rincón, existen entidades donde su dimensión rebasa todo intento de explicación racional. Es el caso de Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, con más de 11 mil, 10 mil y cuatro mil personas, respectivamente. Les siguen Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León, con cifras mayores a cuatro mil.

No son números: son personas con nombre. A la desaparición de una persona, sea cometida por fuerzas del Estado o por particulares, se le considera una violación grave de múltiples derechos humanos y constituye un delito continuo, al implicar el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares.

¿Qué tanto sabemos sobre este horror? Una primera lectura permite asociar una perspectiva de género y edad en el perfil de los desaparecidos. De las niñas, niños y adolescentes desaparecidos sabemos que 66% son mujeres y 34% son hombres. Cuando analizamos a adultos jóvenes de entre 20 y 39 años, la proporción se invierte: 71% son hombres; 29%, mujeres.

En cuanto a la ocurrencia en tiempos recientes, se observa un primer pico en 2013, seguido de una tendencia creciente con picos de incidencia en 2014, 2017 y 2019, año en el que desaparecieron 15,660 personas. De 2006 a junio 2020 se han identificado 3,978 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 6,625 cuerpos.

Este retrato debería bastar para provocar una reacción en todas las fuerzas vivas del país. En contraste, observamos un Estado que ya reconoce la crisis en su narrativa, pero que no ha modificado su capacidad instalada, operación y entrega de resultados.

Para el desarrollo de las investigaciones que exige una desaparición existen tres operadores institucionales indispensables: fiscales, policías investigadores y peritos. Tras analizar la suficiencia de personal[1] en las entidades con mayor incidencia, surge una preocupación: en el Estado de México y Jalisco no hay suficientes fiscales; en Colima, Guanajuato, Veracruz y CDMX faltan policías de investigación y peritos. En Nuevo León hay insuficiencia de los tres operadores.

Por su parte, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada —cuya competencia no es aceptada por el Estado mexicano, por cierto—, ha observado serias deficiencias en las investigaciones, como la falta de autonomía, la dilación en la ejecución de diligencias básicas, la ausencia de trabajo de campo, la falta de medios de prueba científicos y la ausencia generalizada de una estrategia integral.

Esto en su conjunto explica lo que también ha observado la CNDH y ha quedado plasmado en el Informe Sombra, elaborado por organizaciones civiles. Sólo para ilustrar: cuatro de cada 10 denuncias por desaparición no se investigaron. En siete de cada 10 la búsqueda se inició un mes o incluso años después; en seis de cada 10 no se recabó información básica de la víctima, las investigaciones se tradujeron en acumulación sinsentido de documentos y los casos se analizaron mayormente sin planeación y de forma aislada.

Ante esta desconexión entre la apremiante demanda social y la inercia estructural, desde México Evalúa hicimos un llamado para conversar sobre posibles rutas, que nos permitan imaginar plan para que más de 73 mil vuelvan a casa. Aquí pueden recuperar la extraordinaria mesa de discusión.

[1] Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, Inegi.