Edna Jaime

Al Pacto por México se le puede mirar desde distintas maneras. Como documento que marca intenciones y convergencias, pero también como un documento que implica compromisos y, por tanto, políticas públicas concretas. En este segundo rubro, me llama particularmente la atención su componente redistributivo. A mí parecer el Pacto por México es, ante todo, eso: el boceto de un nuevo arreglo redistributivo que otorga al Estado mexicano atribuciones y responsabilidades que superan por mucho las que había tenido hasta este momento. Las fuerzas políticas y las personas que lo han suscrito, parecer converger en la idea de un Estado más potente para redistribuir recursos y establecer políticas de bienestar más extendidas. Y creo que cualquier mexicano en su sano juicio reconoce que para prosperar, el país necesita ser menos desigual.

Sin embargo, sumidos en el entusiasmo de estas convergencias, podemos perder de vista temas vitales para nuestro futuro y para la propia consecución de las metas que en el Pacto se proponen: uno tiene que ver con recursos y el otro con capacidades. En el momento actual, el Estado mexicano no cuenta con los recursos para financiar proyectos de la envergadura de los que se proponen en el Pacto (protección social universal, seguro de desempleo, pensiones para adultos mayores, seguro de vida para madres de familia, entre otros). Tiene que tomarlos de algún lado. Tampoco cuenta con las capacidades para hacerlo de manera efectiva, hay evidencia del uso ineficiente e ineficaz del gasto público. Este binomio compuesto de recursos y capacidades será determinante de lo que obtengamos como resultado de las políticas y programas implícitos en los compromisos que se asumen en el documento.

Por el lado de los recursos, los compromisos asumidos en el Pacto nos obligan a una reforma fiscal. Y las características que ésta adquiera serán definitorias de nuestra capacidad futura para crecer y generar riqueza. Una reforma fiscal mal planteada puede matar a la “gallina de los huevos de oro”  y dejarnos en una situación vulnerable: con gastos inmensos, pero sin la capacidad de producir crecimiento y riqueza para generar la recaudación que un propósito de bienestar expandido entraña. La relación entre recaudación y competitividad es delicada, por ello la reforma que se plantee debe saber conciliar objetivos. Nada fácil de entrada.

El otro tema no es menos importante. En los últimos años el gasto social, en educación, en transferencias y subsidios se ha incrementado de manera muy importante. No alcanzamos los gastos per cápita de países desarrollados en servicios básicos como el educativo o el de salud, por mencionar algunos, pero el esfuerzo que como sociedad hacemos para financiar estos rubros no es menor. Y, sin embargo, los resultados son pobres, lo que indica que el reto no sólo es de financiamiento sino también de calidad de ese gasto. Es un tema de capacidades en el aparato público, de buen diseño de políticas y sobre todo de sistemas para evaluar y monitorear resultados. En estos temas tenemos mucha varianza entre los distintos rubros de gasto. Así como hay programas evaluados, muchos otros operan sin que conozcamos su verdadero impacto.

Ahora que se plantean proyectos multimillonarios de gasto, surge la duda de si tenemos los instrumentos y las capacidades para gastar eficientemente. Para que cada peso invertido tenga un retorno social.

Antes de emprender programas de gasto ambiciosos, sería conveniente corregir lo que tenemos: subsidios hiperregresivos como el de la gasolina, pero también costosos e inútiles como los que se aplican al campo mexicano que ni favorecen la productividad ni disminuyen la pobreza rural. Sería también deseable limpiar nuestra cartera de programas sociales para que permanezcan sólo los que prueban tener valor  y un impacto en la población objetivo. En suma sería deseable limpiar la mesa de trabajo antes de tener emprendimientos ambiciosos como los que el Pacto establece.

Los recientes nombramientos en la Secretaría de Desarrollo Social presentan un perfil de funcionarios muy distinto a los que ocuparon la cartera en las administraciones pasadas. Regresan a la administración de programas sociales operadores políticos relevando de sus cargos a los técnicos que, hay que reconocerles, diseñaron programas pensando en sus impactos sociales antes que en sus retornos políticos.

En este contexto de cambios que parecen profundos, sería una buena idea que los compromisos del Pacto en materia social estuvieran acompañados también de compromisos en materia de monitoreo y evaluación. Que todo gasto adicional tuviera un esquema de evaluación que reportara su efectividad. Este es un componente necesario y merecido para todos aquellos que aportemos para su financiamiento. Así como hay una máxima que dice que no hay impuestos sin representación, debería de existir otra que dijera que no hay  erogación sin su debida evaluación. Esto debe ser parte del replanteamiento de nuestras políticas de redistribución.