Seis años será tiempo suficiente para saber si el SNA pudo cambiar conductas por efecto de la transformación institucional que implica. El resultado dependerá de los ciudadanos.

Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Universal

Escribo estas líneas sin conocer los resultados definitivos de la contienda electoral en las tres gubernaturas en disputa. Por la experiencia reciente, no es difícil prever que el ánimo que se renueva con cada ciclo sexenal acabará en decepción o en algo cercano a ello. Ya se hizo patrón: el candidato ganador asume el poder en un ambiente de esperanza y lo abandona en medio de conflicto, escándalo e indicadores de gestión mediocres. Este patrón no se asocia únicamente a partidos y personas, aunque hay unos mejores que otros, sino a  estructuras e instituciones en las que se ejerce el poder en el país. Estas estructuras están dañadas. No establecen un marco de contrapesos que limiten el poder ni obliguen a la rendición de cuentas cabal. El entorno propicio para servirse del poder antes de usarlo para favorecer a los demás.

Por eso es tan importante la agenda anticorrupción que se impulsa a nivel nacional. Nunca antes se había hecho un planeamiento integral para fortalecer los mecanismos de control y contrapesos al ejercicio del poder, como el que esta reforma plantea. La reforma anticorrupción es, en este sentido, una arista de reforma del estado que hemos buscado desde hace tiempo sin concretar nada específico.

Entiendo que esta reforma nos agarre cansados. Que el solo hecho de enumerar las reformas legales necesarias para darle sustento desaliente a quienes buscan soluciones expeditas. Pero no hay atajos cuando de lo que se trata es de fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado mexicano que tienen por misión el control del ejercicio presupuestal, la vigilancia en el desempeño de los servidores públicos, la profesionalización de los cuadros que integran a estas instituciones, la detección de zonas de riesgo y la investigación y sanción de actos ilegales cuando la situación lo amerite. Se trata de construir Estado. Y esto es una labor enorme.

Sin estos mecanismos de contrapeso y vigilancia sería ingenuo esperar resultados distintos de los gobiernos que arrancarán funciones en los próximos meses. El reto es convencer a la clase política de estas entidades  de algo que parece contra natura: que fortalezcan mecanismos que les restará poder discrecional y posibilidades de abusos. El sistema anticorrupción es una invitación a que políticos se aten las manos. Implica abandonar un equilibrio de impunidad en el que todos están involucrados por acción u omisión. De ahí que sea una reforma que necesitará de actores externos al propio sistema que le den impulso. De manera endógena éste no se repara.

Una mirada al avance de la agenda anticorrupción en los estados muestra el poco entusiasmo con el que se recibe. IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex, idearon un mecanismo de seguimiento de las reformas constitucionales y de las leyes de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) cuyo plazo para estar aprobadas vence el 18 de julio próximo. Y hay malas noticias. Estas reformas van rezagadas. En donde hubo elecciones, hay variaciones interesantes. Veracruz ya realizó su reforma constitucional pero la hizo mal, con claro afán de darle la vuelta a temas sustantivos del diseño original. El Estado de México tiene su reforma constitucional  y es satisfactoria. No ha avanzado en la Ley del SLA. Coahuila no se ha tomado la molestia de comenzar. El retraso, supongo, es premeditado. Si los Moreira dejan a uno de su linaje, buscarán atenuar los puntos filosos de la reforma. Si gana la oposición, no dudarán en dejar una reforma que les haga el menos daño posible si se inician procesos en su contra.  Nayarit va bien, hay que decirlo: su reforma Constitucional y la Ley Estatal del Sistema se hicieron satisfactoriamente.

Seis años será tiempo suficiente para saber si esta reforma pudo cambiar conductas por efecto de la transformación institucional que implica. Me encantaría afirmar que el ciclo político que inicia con los nuevos gobiernos no repetirán más el patrón de impunidad que se ha hecho costumbre. El resultado dependerá de la disposición, nuestra, la de los ciudadanos, a no dejar que esta reforma se caiga. Ojalá logremos romper con la maldición sexenal.