Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontraron mucho dinero en las cuentas del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recursos que exceden por bastantes millones el sueldo recibido en el periodo que abarca la indagación de la UIF. Ya tendrá el magistrado José Luis Vargas oportunidad de una defensa, y la UIF y las instituciones de justicia de sentar un cargo o de retirar los dichos. Lo llamativo es que no hubo instancia anterior en el propio tribunal que detectara esos movimientos atípicos en el patrimonio del magistrado. Resulta evidente que los mecanismos de control y disciplina dentro del TEPJF no son idóneos.

Éste es un retrato habitual de los mecanismos anticorrupción con los que contamos: nunca acaban de ser plenamente efectivos. En su diseño y operación persisten fallas (algunos dirían que deliberadas) y protocolos que dan la ‘facha’ de que el sistema funciona, cuando en realidad no es así. En términos coloquiales se puede decir que están diseñados para sancionar a quien mete la pata, no a quien mete la mano.

La presentación en medios del caso del magistrado Vargas, al que se eligió como presidente hace un mes escaso, resultó anticlimática. Apenas unos días antes el Senado de la República había aprobado la más reciente reforma al Poder Judicial, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de sus artífices y propulsores, daba entrevistas en medios para explicar las bondades de sus planteamientos. Hasta que se le metió un Vargas en el zapato y la reforma que parecía lucidora dejó ver sus limitaciones.

Me parece acertado que se plantee un padrón de relaciones familiares en el que los funcionarios judiciales puedan registrar líneas de parentesco para identificar casos que confirmen el supuesto. Lo que me parece un despropósito es que en este padrón no esté incluida la SCJN ni el TEPJF.

La “Reforma con y para el Poder Judicial”, como se le llamó para poner el claro que esta reforma era la buena y distinguirla de las que no tenían ni ton ni son, tiene muchos aspectos valiosos. El más importante es el fortalecimiento de la SCJN como tribunal constitucional. Me parecen también de mucha trascendencia las innovaciones que se proponen para la defensoría pública federal, mismas que ameritan ser abordadas en un espacio aparte. Lo que no cuadra bien es que la SCJN no quiera delegar algunas funciones administrativas y disciplinarias al Consejo de la Judicatura Federal. Si plantea fortalecerse como tribunal constitucional, sería congruente que se deshiciera de todo aquello que no resulta sustantivo para este propósito. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ya lo hizo así.

Además, un esquema balanceado de contrapesos siempre es más recomendable que un esquema centralizado de poder. Lo digo porque asignar al Consejo de la Judicatura algunas funciones de vigilancia permitiría un esquema más robusto de control. Vendría entonces la discusión sobre la conveniencia de que la presidencia de la SCJN lo sea también del Consejo de la Judicatura, y esto permitiría una reflexión más profunda sobre el diseño institucional, que creo que ya deberíamos tener, aunque también entiendo que pueda ser temerario abrir cajas de Pandora en momentos poco propicios.

Pero pensemos en el caso Vargas para ilustrar el punto. Si el Consejo de la Judicatura hubiera tenido tareas de control y disciplinarias sobre el Tribunal Electoral, quizá la fortuna que se dice que tiene el magistrado no existiría, o se hubiera identificado oportunamente. Entre los ‘hubiera’ y los ‘quizás’, hay un hecho real: nuestras instituciones de vigilancia y control están fallando. En esas fallas se abren los espacios para la corrupción.

Otro tema llamativo es el manejo que se da al tema del nepotismo. Me parece acertado que se plantee un padrón de relaciones familiares en el que los funcionarios judiciales puedan registrar líneas de parentesco para identificar casos que confirmen el supuesto. Lo que me parece un despropósito es que en este padrón no esté incluida la SCJN ni el TEPJF. Ninguna de estas instituciones está vacunada contra nepotismo, ni sus integrantes son santos.

Expuesto lo anterior, no me queda más que concluir que en esta dimensión la reforma es floja. Y el caso del magistrado Vargas lo expone. Siempre una reforma transformadora molesta. Es posible que el ministro presidente de la Corte y los corredactores de esta reforma no hayan querido incomodar de más. Pegarle al avispero, pues. 

Viene la ratificación de esta reforma en la Cámara de Diputados. Sería deseable que se abriera una discusión pública sobre éste y otros temas. Me encantaría entender la lógica de estos planteamientos, porque mi primera impresión puede estar equivocada. También me gustaría que los que conocen profundamente de este tema esgrimieran sus argumentos. Este proceso deliberativo se hizo de manera muy limitada en el Senado. Le llamaron “parlamento abierto” a algo que no convocó a sectores diversos. ¿Cuál fue la razón para cerrar tanto los canales de discusión?

El defecto de uno —mío— es querer siempre la enchilada completa. Abierta la oportunidad para esta reforma, esperaba mucho más, por lo menos en la dimensión que he descrito. Quién sabe cuánto tiempo más debamos esperar para que se abra otra ventana de oportunidad. Así que nadie se sorprenda cuando los ciudadanos expresan desconfianza hacia sus instituciones. Se la han ganado.