Un antídoto contra la corrupción
Si le pidiera al lector que respondiera espontáneamente sobre escándalos de corrupción que le vinieran a la mente, es muy posible que ellos estén relacionados con obra pública. A mí me vienen a la mente varios. No los mencionó precisamente por eso. Se quedaron en escándalos que nunca fueron clarificados.
Lo cierto es que si hablamos de corrupción, no es difícil identificar las zonas de mayor riesgo: una de ellas es la contratación de obra pública. Lo es en México y en todo el mundo. Si nos proponemos combatir la corrupción, tenemos que concentrar los esfuerzos en estos ámbitos. Acompañar la gran transformación en marcha de las instituciones del Estado mexicano para combatir la corrupción, con medidas puntuales que reduzcan los riesgos en estos espacios de particular vulnerabilidad.
La obra pública en México tiene problemas. No somos buenos ejecutores de estos proyectos. La Auditoría Superior de la Federación tiene un documento que plantea la problemática: en los proyectos de obra pública que analiza se presentan sobrecostos que pueden llegar a duplicar o más lo planteado originalmente. Lo mismo sucede con los tiempos de ejecución. El problema se puede rastrear desde sus orígenes: mala planeación, malos diagnósticos, estudios previos de rentabilidad y factibilidad malhechos y la cadena que le sigue después. El problema es tan grave que la inversión en infraestructura física puede llegar a destruir en lugar de generar valor.
Esta afirmación abstracta tiene implicaciones concretas en el bienestar de una comunidad y de sus integrantes. Pienso en las mujeres que mueren al parir por falta de acceso a servicios de salud, al tiempo en que crece el inventario de hospitales abandonados. Proyectos que respondieron a una ocurrencia, que generaron el moche necesario para financiar una campaña política y dieron el marco para el corte de listón de un político o funcionario ávido de reflectores. El problema es grande y amerita una revisión profunda en la manera en que estos proyectos se conciben y ejecutan. Una arista por donde esto se puede comenzar a corregir es la transparencia. Ésta tiene implicaciones. No por nada es una característica de democracias y gobiernos funcionales que rinden cuentas a sus ciudadanos. Y la rendición de cuentas obliga a entregar mejores resultados.
Partiendo de esta idea, el equipo de gasto y rendición de cuentas de México Evalúa desarrolló una herramienta a la que se bautizó como MeTrOp, Métrica de Transparencia de la Obra Pública. Se identificaron 64 documentos clave en las distintas fases del ciclo de vida de la obra pública. Se tomó una muestra de proyectos con valor mayor a los 100 millones de pesos en un periodo determinado y se evaluó si estos documentos estaban disponibles, si fueron generados con estándares de buenas prácticas y si estos eran de fácil acceso. Se evaluaron dos dimensiones: el marco normativo y su implementación. La calificación global de la Métrica para este momento en el país es de 3.7 sobre 10. Estamos reprobados. Esta es la medida del compromiso del Estado mexicano con la transparencia en este sector. Hay que decir que esta calificación no captura plenamente la repercusión de la entrada en vigor de la ley general de transparencia que promete mejorar esta calificación en una próxima medición.
En otra oportunidad abordaré resultados puntuales. Por el momento quiero convencer al lector de que mejorar la calificación de esta Métrica tendría enormes repercusiones sobre la eficiencia del sector. Transparentar de manera completa diagnósticos, estudios de factibilidad, fallos, contratos, modificaciones a los mismos así como evaluaciones y auditorías de los proyectos, cerraría las oportunidades de corrupción o los espacio para malas decisiones, de ocurrencias que surgen de la irresponsabilidad. No sobra decir que esta métrica se puede aplicar a proyectos particulares y queremos ejercitarla en aquellos de gran envergadura para el país.
Nuestro éxito en combate a la corrupción estará cimentado en reformas macro como la que implica el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero también en las micro. Cerrando a través de instrumentos de transparencia espacios que hoy son explotados para el interés particular.
A PROPÓSITO DEL SNA
Los legisladores no debieran regatearnos un periodo extraordinario de sesiones para trabajar el paquete completo de reformas secundarias en materia anticorrupción. Se ha avanzado en cinco de las leyes fundamentales para dar eficacia al Sistema pero están pendientes otras dos: la definición de los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y el de las competencias de la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Sin éstas el Sistema nacería incompleto. Mal augurio para una reforma en la que hemos cifrado tantas esperanzas.
