Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Cuando el presidente de México o el director de la CFE dicen que ya no mandan sobre el sector eléctrico del país, tienen toda la razón. El Ejecutivo conserva instrumentos bien poderosos –el presupuestal, por ejemplo– para plasmar una orientación o ejecutar un mandato popular en el sector. Pero ya no es el dueño. El director de la CFE, por su parte, es la cabeza de una empresa productiva del Estado de primera importancia por tamaño y repercusiones, pero no decide sobre el mercado eléctrico en su conjunto. Es un jugador más que debe seguir las reglas del juego.

Estos ‘nuevos’ roles (delineados, digamos, a partir de 2013, cuando la reforma energética) no resultan cómodos para el presidente y para el titular de la CFE. El primero quiere controlarlo todo. Su estilo es querer ser el dueño de cada decisión que se toma en el país. El segundo extraña las condiciones en que operaba la paraestatal en otros años, en los que decidía con amplio margen la política eléctrica del país. Tanto el presidente como el director argumentan que se ha perdido soberanía en el sector porque ellos ya no tienen el control. Equiparan soberanía con poder, su poder.

Lo cierto es que el Estado mexicano no está ausente, ni mucho menos, en el naciente mercado eléctrico. Se involucra de una manera distinta. Ya no solamente como propietario de la empresa estatal que genera, transmite y distribuye la electricidad, sino también como regulador: el que establece las reglas para que distintos actores concurran en el mercado con un piso de condiciones que haga atractiva, viable y rentable una inversión. Por supuesto que detrás de esto debe haber toda una visión de política pública en pos del desarrollo y el bienestar de los mexicanos. Puede ser la meta de la transición hacia energías limpias, la de asegurar el suministro a costos competitivos o la de llevar electricidad a lugares que han estado excluidos del servicio. No es que se suelten las riendas para que sea el libre albedrío de las partes el que determine el resultado. Hay reglas, y los entes regulatorios autónomos deben ser fuertes para poder imponerlas y lograr un objetivo ulterior. El Estado es tan importante o más cumpliendo está función que administrando una empresa pública. Hacer bien es reflejo de un Estado eficaz.

Pretenden en su propuesta de reforma regresar a la CFE a un esquema muy similar al que tenía antes de 2013 pero, ojo, todavía con más concentración de poder. Una entidad (empresa) autónoma que se manda sola, sin esquemas de gobierno corporativo y de vigilancia, sin manera de asegurar que sus objetivos se alinean con lo que requiere el país.

Dicho lo anterior, creo que es muy importante pasar a examen todo lo que ha ocurrido con la reforma energética desde su entrada en vigor hasta nuestros días, y llevar un monitoreo del desempeño de las entidades reguladoras en el sector. Tener indicadores bien identificables sobre si los objetivos de la reforma se están cumpliendo. Revisar, analizar y corregir. Esto sería una posición muy sensata por parte de un gobierno que genuinamente busque mayor bienestar para la población.

Pero este gobierno no llegó con ánimo de revisar, sino de restaurar. Ha tirado dardos bien dirigidos para debilitar a las entidades regulatorias en el sector, y ha movido sus piezas para poder controlarlas. No pudo con la incomodidad de tenerlas fuera de su ámbito de influencia.

Tanto el presidente como el director de la CFE, y la secretaria de Energía, están muy alineados con el objetivo de regresarle su preponderancia a la CFE. Dicen que buscan un montón de objetivos que sólo pueden lograrse si le regresan a la CFE la potestad de todo lo que sucede en el sector eléctrico. Pretenden en su propuesta de reforma regresar a la CFE a un esquema muy similar al que tenía antes de 2013 pero, ojo, todavía con más concentración de poder. Una entidad (empresa) autónoma que se manda sola, sin esquemas de gobierno corporativo y de vigilancia, sin manera de asegurar que sus objetivos se alinean con lo que requiere el país. Un pequeño imperio para un pequeño emperador que fantasea con la idea de que puede solo.

La empresa eléctrica estatal, sin embargo, está en condiciones muy endebles. Con plantas de generación viejitas y contaminantes y costos de producción altos. Una transformación radical de la empresa para que se convirtiera en palanca y no lastre del sector implicaría dotarla de instrumentos que la doten de mayor fortaleza corporativa. Eso requiere mucha apertura y talante de innovación, de un esquema de gobierno corporativo moderno. Y debe arreglar sus finanzas y diseñar un modelo de transición tecnológica complejo pero necesario. También necesita vigilancia en su operación interna y controles externos que aseguren que se cumplen sus objetivos de responsabilidad social y con una política anticorrupción avanzada. Así de complicado es construir el entramado para una empresa estatal exitosa. No está así en el plan de Bartlett.

En México Evalúa hemos trabajado mucho para promover herramientas de transparencia para estas empresas y esquemas de gobernanza adecuados para que su existencia se justifique y se traduzca en valor social. No las hemos denostado ni buscamos que desaparezcan. Queremos que generen valor para los mexicanos. Para eso deben estar constituidas. Y después de estudiarlo mucho podemos (puedo) concluir que lo que se propone para la empresa es inadecuado, por decirlo tenuemente.

En el juego del tú, ellos y nosotros, ellos se quieren quedar con todo. Porque están instalados en la lógica de todo el poder.