Tres preguntas sobre el incremento de la violencia en 2020

Apuntes de seguridad #3

Analizamos los más recientes datos de incidencia delictiva que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Observamos que, como mencionó el secretario Alfonso Durazo, la violencia letal “no está en una línea de contención”: durante el primer semestre de 2020 asesinaron diariamente a 99 personas en promedio. Esto representa un incremento de 1.9% respecto al primer semestre de 2019, cuando se registraron 97 víctimas.

Desafortunadamente, también constatamos que la aseveración “(…) nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora”, realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de julio, no es fiel a la realidad, ni mucho menos. Este año ha sido uno de los más violentos para las mujeres: cada día asesinaron en promedio a 11 mujeres y violaron a 87. 

Ésta es nuestra lectura de los datos.

¿A qué municipios del país aún no ha llegado “la línea de contención” del homicidio?

Durante el primer semestre de 2020, los municipios con más de 100 mil habitantes que registraron las tasas más altas de homicidios —incluye feminicidios— son: Zamora, Michoacán, con una tasa de 98.4; Manzanillo, Colima (90.4); Playas de Rosarito, Baja California (68.7); Salamanca, Guanajuato (64.4); Acámbaro, Guanajuato (52.4); Juárez, Chihuahua (51.3); Salvatierra, Guanajuato (50.5); Tijuana, Baja California (49.7); Guaymas, Sonora (48.2) y Celaya, Guanajuato (46.6). Todos estos municipios se encuentran muy por encima de la tasa promedio nacional de 11.8 homicidios por cada 100 mil habitantes y nos muestran la gravedad del problema que atraviesa el estado de Guanajuato.

Una parte importante de estos municipios vive en crisis desde 2017. Como se puede ver en la siguiente tabla, cinco de ellos se han mantenido entre los más violentos del país y, además, presentan una tendencia al alza desde 2017. Tal es el caso de Manzanillo, Playas de Rosarito, Juárez, Salvatierra y Tijuana.

Sin embargo, otros municipios que por varios años no superaron los cinco homicidios por 100 mil habitantes, durante el primer semestre de 2020 han registrado incrementos desorbitantes, respecto al mismo periodo del año anterior: Tulancingo, Hidalgo (262.5%); Cholula, Puebla (246.3%); Tizayuca, Hidalgo (227.9%); Río Bravo, Tamaulipas (177.1%) y Othón P. Blanco, Quintana Roo (153.9%). Por otro lado, hay municipios que ya tenían altos niveles de homicidios y que registraron un incremento considerable: Zamora (264.7%), Guaymas (219.4%) y Celaya (195.6%).

¿Cuál es la tendencia de los feminicidios?

En lo que toca a los feminicidios, el periodo enero-junio de 2020 ha sido el segundo semestre más letal del que se tenga registro, con un total de 489, sólo superado por el segundo semestre de 2019. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, hubo un incremento de 9%, ya que en 2019 se contabilizaron 448.

En cuatro estados observamos un crecimiento de feminicidios superior al 100%, si lo comparamos con el semestre del año anterior: Campeche, al pasar de uno a tres; Colima y Michoacán, de tres a ocho y Nayarit, al pasar de tres a siete feminicidios. Todos estos estados, excepto Campeche, cuentan con una declaratoria de alerta de violencia de género.

Si a los feminicidios en el primer semestre del año les sumamos los homicidios dolosos de mujeres, y los comparamos con el mismo periodo del año anterior, encontramos un incremento de 4.9%: de 1,842 víctimas en 2019 a 1,932.

¿Cómo se han comportado los delitos sexuales?

Las carpetas de investigación por delitos sexuales —abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y violación—, que afectan principalmente a las mujeres, muestran un ligero descenso en el primer semestre de 2020 (-4.2%), comparado con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, si desagregamos cada delito, vemos que existen diferencias entre ellos. Mientras que el acoso y el hostigamiento sexuales muestran un incremento de 36.1% y 1.6% respectivamente, los delitos de abuso sexual y violación registraron reducciones de 8.2% y 8.5%.

Hay que tomar con mucha cautela estas cifras. Durante la pandemia es probable que las mujeres no hayan denunciado una parte importante de las agresiones sexuales de las cuales fueron víctimas, debido a que se encontraban —o aún lo están— confinadas en sus hogares y, en la mayoría de los casos, conviviendo con sus agresores. El incremento de las llamadas de auxilio a Línea Mujeres en la CDMX y al 911 en todo el país dan cuenta de este problema. Además, estos delitos tienen una alta cifra negra. De acuerdo con nuestro análisis de la ENSU, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados en el segundo semestre de 2019.

Como se puede ver, el trabajo de las autoridades para “contener” la violencia letal todavía no rinde frutos patentes. Algo debe cambiar con urgencia. A continuación, algunas ideas.

Nuestras recomendaciones

1. Es prioritario diseñar una política focalizada de reducción y prevención de los homicidios que atienda de manera diferenciada los factores y las dinámicas asociados a la violencia letal. Una estrategia hecha a la medida debe tomar en cuenta las características de cada municipio, y dilucidar si la violencia letal se ha mantenido durante años o si los niveles de violencia se deben a un crecimiento reciente. Si sabemos dónde se concentra la violencia, ¿por qué el Estado no ha concentrado sus recursos (no militares) para contenerla? 

Las policías deben trabajar en conjunto con otras dependencias locales —por ejemplo, los encargados del mantenimiento de la infraestructura urbana o desarrollo económico local— cuando los factores de riesgo estén vinculados con aspectos socioeconómicos, urbanos o comunitarios. Paralelamente, la estrategia policial debe priorizar la atención de las zonas con mayor concentración de homicidios (hot spots), mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, empresarios, académicos y sociedad civil.

2. Articular y fortalecer las acciones dirigidas a reducir y prevenir los feminicidios. El Estado mexicano tiene una gran deuda con las mujeres y el gobierno actual no está haciendo lo suficiente para pagarla —se puede argumentar que ni siquiera reconoce la crisis de violencia contra ellas—. Es necesario diseñar diagnósticos puntuales sobre las causas y los factores de riesgo vinculados con los asesinatos de mujeres, principalmente, en los municipios y las regiones más letales del país. Además, es urgente garantizar el cumplimiento de las medidas y órdenes de protección para las mujeres que han sido víctimas de agresiones físicas o sexuales, así como fortalecer los albergues y refugios, con el objetivo de evitar que las mujeres sean revictimizadas y que el nivel de violencia escale hasta el punto del feminicidio. Para brindar un mayor seguimiento de estos instrumentos y fortalecer las investigaciones, sugerimos diseñar fiscalías especializadas en la atención de feminicidios.

Además, es importante diseñar campañas y acciones de prevención de la violencia de género, sobre todo en los municipios con alerta de género. Por ello, en vez de recortar el presupuesto de los programas que atienden la violencia contra las mujeres, el gobierno federal debe reforzar y articular las acciones dirigidas a reducir y prevenir este tipo de violencia, incluyendo mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

3. Identificar los factores de riesgo y conductas vinculadas con la violencia sexual a través de los mecanismos de justicia cívica. La información que se genera sobre los perpetradores —su parentesco con la víctima o las dinámicas de convivencia en los hogares— pueden servir para diseñar programas preventivos y focalizados que eviten la comisión de delitos sexuales. Ya hay esfuerzos promisorios a nivel local; por ejemplo, el programa denominado Pulso de Vida, que opera en diversos municipios de Jalisco. Consiste en colocar una pulsera electrónica, monitoreada por la policía, a mujeres que poseen órdenes de protección y que ya han sido víctimas de violencia sexual y familiar.