Tras las elecciones más violentas, ¿qué podemos esperar en materia de seguridad?

Pasada la elección 2024 y ante la violencia ejercida en ella por el crimen organizado, analizamos sus repercusiones, así como los retos y expectativas que enfrentan las nuevas autoridades electas.

Céline González (@celinefa) y Sandra Ley (@sjleyg) | Programa de Seguridad

Ya sea que se cuenten personas candidatas asesinadas o militantes de partidos, personas funcionarias y sus familiares atacadas de formas diversas, la campaña 2023-2024 quedó marcada por la violencia del crimen organizado. Fue más violenta que la de 2020-2021 y que la de 2018, como se señala en el boletín del periodo electoral 2023-2024 del proyecto Votar entre Balas¹. Al corte del 25 de mayo, se contabilizó un total de 329 personas de la esfera política atacadas de manera directa por parte de grupos criminales, a lo largo del proceso electoral. 

A estos hechos violentos, se deben sumar las muy diversas afectaciones del crimen en la organización electoral, las agresiones que continuaron incluso hasta el día de la elección y al día siguiente de la misma, además de una cifra aún incierta de renuncias de personas candidatas por razones de seguridad². Es preciso añadir que la evidencia muestra que la violencia político-criminal no cederá tras el 2 de junio. Debemos prestar atención al mapa electoral final, una vez concluidos los cómputos electorales, así como a las decisiones de política pública en la materia por parte de las nuevas autoridades electas.

Los saldos de la violencia en periodo electoral

Si comparamos los procesos electorales 2018 y 2024 (en ambos hubo elecciones presidenciales concurrentes con las locales), encontramos que en 11 de los 15 municipios con mayor número de víctimas de violencia político-criminal se observan disminuciones en la participación electoral. Esto es patente incluso en casos de alta competencia electoral como Taxco y Chilpancingo, los municipios con mayores ataques (Tabla 1). Esto reitera los hallazgos que hemos hecho desde México Evalúa sobre el efecto negativo de la violencia criminal en el ejercicio del derecho ciudadano al voto: se vulnera la democracia y afianza la relación entre el crimen organizado y el Estado.

Dentro de ese grupo de 15 municipios más violentos —medido por el número de ataques del crimen organizado contra actores políticos locales— encontramos que, tras la elección de 2024, cinco están bajo control de autoridades de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en los tres niveles de gobierno. En el resto de los casos, Morena gobierna ya sea a nivel estatal o municipal: en nueve de ellos no tiene el gobierno municipal, pero sí el estatal; y uno no lo gobierna a nivel estatal, pero sí a nivel municipal (Celaya). Es decir, tras el reciente proceso electoral, la fragmentación del poder en estos 15 municipios es mínima, con Morena controlando al menos dos niveles de gobierno. En este grupo, así como en los 23 estados que gobernará este partido en 2024-2030, no podrá resonar el argumento sobre una falta de coordinación entre los niveles de gobierno para la atención de la inseguridad.

Por otra parte, la creciente alineación partidista en la mayor parte del territorio nacional abre el espacio de coordinación para diseñar e implementar políticas públicas, y genera altas expectativas para reducir la violencia. Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum está forzado a dar resultados contundentes en materia de seguridad.

Como lo mostramos en el reporte Democracia Vulnerada, tras los procesos electorales de 2021 y 2022 en los que conjuntamente se renovaron los ayuntamientos de 1,923 municipios y los gobiernos en 21 estados, los ataques del crimen organizado contra autoridades y partidos no cedieron sino que se mantuvieron a niveles persistentemente altos a lo largo de 2023.

Distintos trabajos indican que la alternancia de partidos en los gobiernos estatales y municipales suele desatar nuevas olas de violencia. Esto ocurre conforme las nuevas autoridades electas designan puestos clave de seguridad y justicia, mientras que los grupos criminales buscan renovar sus redes de protección. 

El caso de Yucatán y las expectativas del nuevo gobierno

Faltan algunos días para saber cómo se define el conjunto de resultados electorales para los 1,802 municipios que renovaron sus ayuntamientos. Por ahora, lo que es un hecho es que el estado de Yucatán cambió de partido —del Partido Acción Nacional (PAN) a Morena— y que en el resto de los estados que renovaron su gubernatura no hubo alternancia.

Yucatán es un caso interesante. Si bien ha experimentado alternancia en el pasado, con alta capacidad para contener la violencia y tasas de homicidio muy bajas, —pese a estar rodeado de estados con considerable inseguridad—, esta es la primera vez que Morena llega al poder. Una pieza clave a observar tras este cambio de partido está en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que por 17 años ha tenido a la misma cabeza. Queda abierta la pregunta de si el virtual gobernador electo, Joaquín Jesús Díaz Mena, mantendrá al Secretario Luis Saidén en la SSP y le dará así cierta continuidad y estabilidad al panorama de seguridad de Yucatán. 

Debemos estar pendientes del mapa de alternancia partidista municipal en el país y lo que ello pueda significar para las dinámicas de violencia local. Sin duda, el proceso electoral 2023-24 reveló la capacidad del crimen organizado para incidir en la oferta de personas candidatas y en sus perfiles, en la organización de elecciones y en la (des)movilización electoral, entre otros efectos. 

La plataforma de propuestas de campaña de la presidente electa Claudia Sheinbaum no atendió de manera frontal la violencia del crimen organizado y sus consecuencias. Sin embargo el gobierno que ella encabece ya no podrá ignorar esta realidad y estará obligado a crear medidas que efectivamente reviertan la creciente influencia del crimen organizado en la vida política, económica y social de cientos de municipios mexicanos, independientemente de quién los gobierna.

1. Ya que no contamos con datos de 2017 y, por lo tanto, no podemos comparar los tres periodos de campaña completos, medimos para 2018 a partir del primer día de enero de ese año y para los procesos de 2020-2021 y de 2023-2024, desde que inició el periodo electoral. ↩︎
2. No tenemos un buen registro aún porque los Organismos Públicos Locales Electorales deben transparentar este dato y porque las personas candidatas suelen alegar “motivos personales” como una forma de protegerse en un contexto de inseguridad. ↩︎