En días pasados, el gobierno de la República  anunció un ambicioso programa de infraestructura al que está asociada una inversión multimillonaria. La noticia es buena por nuestro rezago histórico en este ámbito, pero también debe recibirse con cautela. La pregunta que es esencial hacernos es si contamos con las capacidades y las instituciones de control y rendición de cuentas adecuadas para asegurarnos que estos recursos se apliquen adecuadamente y generen los retornos que esperamos. Diversos  aspectos pueden analizarse respecto a dicho programa. Me centraré en un par que me parece son centrales.

El punto de arranque es la visión de país que subyace a un programa como el anunciado. Proyectos financiables pueden enumerarse al infinito, pero sólo unos cuantos pueden cambiar al país ¿Qué México se quiere promover con dichas obras? ¿Qué criterios se siguieron para su elección? ¿Se busca apuntalar regiones y sectores que ya son exitosos o se busca cerrar las brechas de desigualdad que existen entre distintas regiones en el país? ¿Todo a la vez? En uno de sus artículos dominicales, Luis Rubio se preguntaba si avanzamos en los temas que son importantes para el futuro o si apuntalamos aspectos de nuestra economía que eran relevantes en el siglo XIX pero no para el XXI. Estas mismas preguntas pueden hacerse respecto al programa recién anunciado.

Pero aun si estuviera resuelto el cuestionamiento anterior, existe evidencia abundante sobre los problemas, aún no resueltos, que pueden limitar el alcance del programa. El de esta administración no es el primer planteamiento ambicioso que se realiza en materia de infraestructura. El gobierno anterior tuvo el propio, con resultados muy limitados respecto a las metas planteadas. Sin considerar problemas de corrupción, que en este sector los hay de sobra, existen problema reales de planeación y ejecución que no pueden ser omitidos por la actual. La prensa los ha documentado en días recientes, con el escandaloso caso de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. La  Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo ha hecho con formalidad sin consecuencias observables al día de hoy.

Tomo como referencia un estudio publicado por la propia Auditoría en el 2012, que reporta observaciones y hallazgos del análisis aplicado a una muestra de 80 proyectos de inversión realizados entre 1999 y 2010. De esa muestra, la ASF encontró que 71% de los proyectos adolecía de problemas técnicos serios, como el no contar con planos adecuados o estudios previos suficientemente desarrollados. Quizá eso explique que sus costos se hayan disparado como lo documenta la propia Auditoría para 25 contratos de Pemex, que registraron un incremento de 44% en sus costos; o el 37% adicional para 19 contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por mencionar sólo un par de ejemplos, entre muchos otros que documenta. Los proyectos auditados también ampliaron su plazo de ejecución en más del doble del tiempo previsto.

En buena medida, todo esto sucede porque hay licencia para hacerlo. Nuestros mecanismos de rendición de cuentas no operan. En estos casos, los responsables no son identificados y tampoco hay consecuencias para ellos. Sea por incompetencia, falta de capacidades o corrupción, los mexicanos sufragamos el costo de obras públicas que cuestan mucho más de lo planeado, tardan el doble en concluirse y quizá no tengan ningún sentido económico o social, como lo muestran obras públicas abandonadas que no tienen uso y ni beneficio.

La transparencia es una vacuna, ciertamente no única ni definitiva, para estos males. Por eso me permito proponer que el programa sexenal de infraestructura se acompañe de una política explícita de transparencia y de rendición de cuentas y que ésta sea un capítulo adicional y central de dicho plan. Un mecanismo para hacerla efectiva consistiría en  montar una plataforma digital en la que se consoliden todos los proyectos del programa, haciendo pública su motivación y aspectos técnicos centrales para su ejecución. Un portal que ofrezca al ciudadano, que financia estas obras, información sobre su ubicación, costo, fuentes de financiamiento y, muy importante, los responsables. Que permita al ciudadano conocer el  proceso de licitación, los contratos y monitoree la ejecución de los mismos. Sería ideal que contaran con procesos de auditoría en tiempo real, ahora imposibles por los principios de posteridad y anualidad que rigen las labores de la ASF (urge una reforma que levante esa limitación).

La Secretaría de Hacienda lo comenzó a hacer ya, todavía no de manera completa, para los proyectos de inversión financiados a través del ramo 23. Un ramo que se distinguía precisamente por su opacidad.

Si ponemos un lente a estos proyectos, estoy segura que los espacios para el error y la corrupción se estrecharán. Lo necesitamos.