Transición energética en tiempos del carbón con “justicia social”
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Viviana Patiño (@viviana_paal)
Esta semana, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Loretta Ortiz dio a conocer un proyecto que pretende avalar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en los términos en que fue votada por el Congreso en marzo de 2021, pero cuya entrada en vigor quedó detenida en tribunales, a causa de una lluvia de impugnaciones. Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se firmaron varios acuerdos entre comisiones para dar inicio a las discusiones legislativas sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia energética del presidente López Obrador.
Desde un enfoque político, parece que ante el empantanamiento en las negociaciones después del Parlamento Abierto la estrategia del Gobierno federal sería una jugada de enroque para dar jaque a la reforma de 2013 y promulgar la propia. Así, desde el Poder Judicial se marcarían los linderos de las negociaciones, estrechando el margen de maniobra de la oposición respecto a temas muy delicados, como el pretendido mandato constitucional a la CFE de comandar exclusivamente en toda la sociedad y economía mexicanas el proceso de transición energética, y el cambio al orden de despacho eléctrico en el sistema para privilegiar a las plantas térmicas. Ésta fue una de las razones que detuvieron a la LIE en tribunales y frenaron el apoyo de la oposición a las reformas, la legal y la constitucional.
Hay que remarcar que las consecuencias de la entrada en vigor de estas reformas serían muy serias para el planeta, para la salud de la población y para la economía. Veamos, con un ejemplo –el caso del uso de carbón para generación eléctrica–, el tamaño de esta contradicción.
México, productor de carbón con “justicia social”
Actualmente, la matriz energética de México contiene 3% de electricidad generada con carbón, uno de los porcentajes más bajos del mundo. A nivel mundial la agencia EMBER incluso reconoció que en 2020 México marcó una tendencia a la baja en el uso de este combustible, frente a otros países. Sin embargo, parece que dicho declive obedeció más a factores circunstanciales –como la disminución de la demanda durante la pandemia– que a una convicción por parte del Gobierno federal de implementar una política de transición energética cabal.
Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha difundido que la electricidad generada con carbón sería despachada en último lugar en su propuesta de cambio de orden (como muestra en la lámina que presentamos abajo), existen indicios de que esto podría ser de otra manera.
Fuente: SENER (2021) Presentación de la secretaria Nahle el 13 de octubre de 2021 en conferencia de prensa. Palacio Nacional.
Veamos. En México, la generación de energía a partir de carbón la realiza únicamente la CFE a través de tres centrales carboeléctricas, e históricamente ha estado vinculada a intereses políticos, tanto locales como federales. Además, aun cuando su lugar en la matriz energética es muy pequeño, los datos oficiales del Sistema Eléctrico Nacional de febrero 2021 a febrero 2022 apuntan a importantes aumentos en promedio equivalentes a 52.4% de las emisiones de contaminantes de las carboeléctricas, como dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y las partículas suspendidas.
Por otro lado, fue revelador (incluso inesperado) cuando, durante el Parlamento Abierto, funcionarios de la CFE hicieron públicos sus propios pronósticos de generación. Según sus propias cifras (ver la lámina de abajo), de aprobarse el cambio en el despacho para favorecer a las plantas de la CFE el país enfrentaría aumentos equivalentes al 45.11% en la generación con carbón para los siguientes tres años. El dato es contundente: de aprobarse la reforma eléctrica bajo los términos en que está planteada, las carboeléctricas que en 2021 generaron 8,691 GWh, para el 2024 generarían 12,612 GWh.
Fuente: CFE (2022) Presentación del ingeniero Morales Vielmas en el Foro 15 del Parlamento Abierto. Cámara de Diputados.
Lo anterior ilustra que la política energética de México no sólo no pretende reducir el uso de carbón para generar electricidad, sino que muy probablemente persiga lo contrario; es decir, incentivar su uso, a costa de la salud de la población aledaña a las plantas carboeléctricas. ¿Y con qué motivos? Posiblemente por la persecución de objetivos de desarrollo económico de las comunidades mineras a las que les compra carbón, con criterios que la CFE llama de “justicia social”. De hecho, de acuerdo con el Global Energy Monitor, México ha reportado a agencias internacionales que el retiro de activos de sus carboeléctricas se hará en su totalidad hasta el año 2033.
Desde México Evalúa hemos seguido de cerca los procesos de adjudicaciones directas de carbón. Allí está el estudio que realizamos en 2021, cuando a raíz de una ‘orden’ presidencial, la CFE compró 1.58 millones de toneladas a través de 60 adjudicaciones directas a productores de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila, para “apoyarlos”. Todo indica que dicha política persiste: el pasado 10 de febrero la CFE dio a conocer –mediante una sesión transmitida en vivo y un boletín de prensa– la formalización hasta 2024 de contratos plurianuales de adjudicación directa de carbón con “justicia social”… y a las mismas comunidades que en 2020.
Y es que incluso se puede poner en duda la famosa vocación carbonera. Durante nuestra investigación, dialogamos con defensores de derechos humanos de la zona carbonera de Coahuila, para conocer su opinión sobre las posibilidades de implementar políticas de transición energética. A partir de dichas conversaciones pudimos entender la urgencia de diseñar desde lo local y lo federal políticas públicas que construyan puentes para incentivar de forma gradual, sustentable y benéfica que las comunidades migren hacia la realización de nuevas actividades económicas. De acuerdo con Cristina Auberbach, activista en la zona de Sabinas, Coahuila, se suele romantizar la vocación minera, pero en la realidad, a lo que los trabajadores aspiran es a lo mismo que en cualquier lugar y gremio: trabajos formales y seguros que ayuden a mejorar sus niveles de vida. Según nuestros entrevistados, las condiciones de trabajo en las minas de carbón no han cambiado mucho en los últimos 50 años, e implican importantes riesgos para las familias de esa zona.
Las alternativas amigables con el medio ambiente
En el mundo se han trazado varias rutas hacia una transición energética inclusiva y justa. La descarbonización[1] de la economía incluye también, e inevitablemente, el cierre de minas de carbón. El Banco Mundial y el Data-Driven EnviroLab, en conjunción con el NewClimate Institute, cuantifican que a diciembre de 2020 127 países, 823 ciudades, 101 regiones y 1,541 empresas se habían comprometido a descarbonizar sus actividades para mediados de este siglo (net zero[2]). Hay que tomar en cuenta que la extracción de carbón deja contaminados durante décadas los suelos de los alrededores de las minas, y la inhalación del polvo producido por esta industria extractiva puede bloquear las vías respiratorias y provocar enfermedades crónicas pulmonares obstructivas (EPOC), bronquitis crónica y diversas variantes de enfisema pulmonar, enfermedades causantes de muerte y cuyos tratamientos son impagables para la mayoría de las familias mexicanas.
Y sí: existen otros caminos, aquí y ahora: en Estados Unidos, por ejemplo, se han contabilizado 2.5 millones de hectáreas de minas de carbón abandonadas, pero la innovación y la creatividad están logrando convertir esa tierra tóxica en campos de cultivo de lavanda, que incluso reducen los metales pesados y toxinas del suelo. Los múltiples usos de la lavanda en la industria de la construcción, gastronómica y cosmética han permitido a los habitantes de poblados otrora carboneros atraer inversiones, capacitarse y modificar sus actividades productivas para transitar hacia nuevas actividades para generar riqueza. Otro caso es el de Bryden Wood, una empresa que trabaja con TerraPraxis, una organización sin ánimo de lucro centrada en la acción por el clima y la energía, en una iniciativa de “repotenciación del carbón” para ayudar a los países a cumplir los objetivos de emisiones netas cero, sustituyendo las calderas de carbón de las centrales eléctricas existentes por reactores nucleares modulares avanzados (AMR), de cuarta generación.
En México, la propia autoridad local en Coahuila ha buscado alternativas. Así lo constata el Programa Especial del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2023, que exponía la importancia de alcanzar las condiciones necesarias para el desarrollo de los proyectos de energía renovables y prestar atención a los aspectos socioambientales. Dicho programa planteaba estrategias en formación de capacidades, como el Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia de Energías Limpias, y para construir una plataforma de promoción de proyectos de inversión energías limpias, a partir de la identificación de las áreas con potencial de desarrollo de generación eólica y solar y la posibilidad de involucrar a la población en actividades de capacitación, con el fin de migrar de la industria del carbón a otras industrias. No obstante, en 2020, ya con la actual administración federal, dichas iniciativas perdieron terreno ante decisiones de orden federal que apuntaron a consolidar las compras de carbón a las comunidades. De acuerdo con la autoridad de Coahuila, “los 26 proyectos de renovables que había a inicios de ese año, con una inversión de 3 millones de dólares, fueron suspendidos”.
¿Qué reforma necesitamos?
Más allá de reformas constitucionales o legales, México necesita implementar políticas claras, congruentes, que promuevan condiciones para que el sector eléctrico sea competitivo y sustentable a fin de que toda la población tenga acceso a energía limpia, continua, segura y barata. Atribuir a la CFE la responsabilidad exclusiva de llevar a cabo una política de transición energética, y al mismo tiempo favorecer un cambio en el despacho eléctrico para favorecer el uso de combustibles fósiles al amparo del poder monopólico de la propia Comisión, no sólo es incongruente e ilógico, también es destructivo.
En vísperas de un proceso de doble debate, en el Poder Legislativo y en el Judicial, el futuro de nuestro medio ambiente, de nuestra salud, de nuestros empleos y de nuestras empresas debe tomarse muy en serio. Una transición energética bien planeada se puede lograr con la participación de todos los actores de la sociedad. Debemos construir y trabajar en una misma dirección y por los mismos objetivos, que permitan el crecimiento económico y la profesionalización del sector eléctrico, en beneficio de todos los mexicanos.
Deseamos con toda sinceridad que nuestros legisladores y jueces deliberen
a la altura de las circunstancias.
[1] El proceso por el cual una economía intensiva en el uso de combustibles fósiles se convierte en otra de bajo consumo fósil, hasta alcanzar una huella de carbono cero.
[2] O sea, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en toda actividad económica hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas desde la atmósfera mediante, por ejemplo, el océano y los bosques.
