Teuchitlán: lo que no se puede desaparecer son las cifras

El Rancho Izaguirre dio cuenta de la colusión de las autoridades, del reclutamiento forzado, y de que hay espacios donde se destruyen cuerpos. Pero el oficialismo pretende minimizarlo.

Por Yair Mendoza (@yair_mendozacg) | Programa de Seguridad
Publicado en: Animal Político

12 de marzo: En el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, madres y familiares de personas desaparecidas mostraron al mundo una realidad que no puede esconderse más. A saber: 1) la colusión —forzada o no— de las autoridades locales con las organizaciones criminales, 2) la existencia de procedimientos sistematizados para el reclutamiento forzado en los cárteles, y 3) que hay espacios definidos para la destrucción de cuerpos. La cifra de homicidios dolosos, por sí misma, ya no es la mejor variable para medir la violencia homicida generada por los conflictos entre organizaciones y por la militarización de la seguridad pública. Existe un problema de personas desaparecidas. 

17 de marzo: Cinco días después, y ante la preocupación del gobierno federal por evitar que el caso del Rancho Izaguirre se convirtiera en el Ayotzinapa de la administración 2024-2030, la presidenta Sheinbaum enlistó seis acciones inmediatas contra el delito de desaparición: 1) decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; 2) impulsar a las instancias de identificación de personas al consolidar el Certificado Único de Registro de Población, crear la Base Nacional Única de Información Forense, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana; 3) incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país; 4) equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación; 5) establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República; 6) reforzar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.

Dichas acciones son insuficientes para enfrentar la crisis de la desaparición de personas en México; pero al menos hubo directrices de política pública. Éstas se orientaron a la creación de un entorno institucional que generará información, inteligencia, mecanismos de coordinación y capacidades de respuesta inmediata en las autoridades. Ese es el sello técnico y cerebral característico con el que el gobierno de la presidenta Sheinbaum suele responder.

De la política pública certera a la narrativa deslavada 

25 de marzo: Tan solo ocho días después de las propuestas de política pública, el tono técnico y serio de la comunicación oficial desapareció. En su lugar, se actualizó la pésima práctica del lopezobradorismo de envolver un problema en la narrativa de la Cuarta Transformación para bajar la intensidad. En esta ocasión, la estrategia fue dejar de referir al Rancho Izaguirre como un “campo de exterminio”, y señalarlo como un “campo de adiestramiento”. Para esto se utilizó la voz de Omar García Harfuch en “Las mañaneras del pueblo”. Las palabras importan. Por eso, el gobierno federal está peleando la semántica del fenómeno de las personas desaparecidas en la agenda pública. Pero también la definición de un problema público importa, pues quien define el problema, define la posible solución.

Así, cuando la administración 2024-2030 dice que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino uno de adiestramiento, está reenfocando el problema de la desaparición de personas hacia un problema donde las víctimas solo son las personas que ingresan a trabajar en las organizaciones criminales. Así, se evade el hecho de que hay personas inocentes que no regresaron a sus casas; que ante la falta de oportunidades, los jóvenes son reclutados con vacantes engañosas; que de manera sistemática las organizaciones se deshacen de los cuerpos de las personas asesinadas para no atraer la atención de la autoridad; y que la autoridad no tiene incentivos para encontrar las fosas clandestinas en donde terminan esos cuerpos, pues hallarlas incrementa las cifras de criminalidad.

8 de abril: La sombra del lopezobradorismo volvió a oscurecer el problema de las y los desaparecidos, mediante sus tentáculos en el legislativo. El Senado aprobó emitir un pronunciamiento para pedir la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que el organismo abrió un procedimiento para analizar la situación en México. Porque, obviamente, el problema es el CED de la ONU y su apoyo a las víctimas, no así la aquiescencia del Estado Mexicano con el fenómeno de la desaparición forzada, su inacción con las víctimas indirectas o la violencia institucional que se ejerció en el sexenio pasado contra las madres buscadoras. Por supuesto esto solamente es coherente en las mentes propagandistas de la narrativa oficial. 

Las cifras que no se pueden desaparecer

La crisis de personas desaparecidas no inició con la administración de Claudia Sheinbaum. Se agudizó desde fechas tan distantes como el inicio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No obstante, fue durante la gestión de López Obrador cuando se registró el mayor incremento en el fenómeno. Felipe Calderón dejó la presidencia con 17,498 personas desaparecidas y no localizadas, Enrique Peña Nieto lo hizo con 32,647, mientras López Obrador acumuló 58,138. Al parecer, la política de “Abrazos, no balazos” —lo que sea que haya significado— no fue eficiente para desincentivar a las organizaciones de desaparecer personas, al contrario.

Si esa política de seguridad basada en abrazos de la administración 2018-2024 ya se terminó, si ya se puso una pausa en la destrucción de instituciones en nombre de la austeridad republicana y, por el contrario, se está buscando construir instituciones civiles de seguridad, también valdría la pena hacer una pausa en la narrativa, la semántica y la minimización de la violencia homicida para en su lugar diseñar políticas públicas eficientes para reducirla.