Tesla, nearshoring y la salida del laberinto

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | El Sol de México

La reciente pandemia aleccionó a las empresas sobre la necesidad de localizar sus centros de producción y distribución más cerca del consumidor final, con el fin de optimizar costos y controlar mejor los riesgos. Entre 2019 y 2022, el gasto logístico para trasladar productos de Asia a Estados Unidos se incrementó 5.5 veces, según los análisis de GBM y CBRE. Por ello, la reubicación de plantas y centros de distribución en México –nearshoring– despuntó en el primer trimestre de 2022, pero comienza a desacelerarse, ¿por qué?

La proyectada inversión de Tesla en Nuevo León se encuentra en el foco de la conversación pública: en principio estaba apalabrada con el gobernador de la entidad, pero en recientes semanas cayó en la incertidumbre después de que el presidente López Obrador objetara su ubicación, y expresara su deseo de que se localizara, más bien, en el centro o en el sureste del país. Fuimos testigos en vivo del enrarecimiento del ambiente de negocios, pues a Tesla se le condicionó, en el discurso de la mañanera, el otorgamiento de permisos, la que a su vez reviró: si no es en Nuevo León, la inversión se hará en otro país. A esta hora, fuentes oficiales anuncian que ya hay un acuerdo, pero permanece en secreto entre el presidente y el inversionista.

Abramos el foco. A la fecha no tenemos números oficiales, pero la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) ya registra una entrada de 19 billones de dólares para 2022 en inversiones directas, principalmente en el sector automotriz (78%) y en el sector electrónico (13%). El 99% de la atracción de inversiones se ha dado, hasta ahora, en 13 estados. Nuevo León ha tomado la mitad.

Ésa es sólo una pequeña parte del potencial del nearshoring. Que México lo pueda aprovechar al máximo depende de que las políticas públicas sean efectivas. Actualmente existe un enfoque, promovido por la administración federal, llamado ‘regionalización funcional’, que es básicamente una política industrial dirigida a identificar asimetrías y ventajas competitivas para el ordenamiento de las distintas regiones del país. En ese marco, el Gobierno federal circunscribe obras como el Corredor Transístmico. Sin embargo, la AMPIP, que hace un esfuerzo muy importante para proveer información a los inversionistas que están llegando al país, destaca en un documento llamado Mapa de Ruta 2030, la falta de integración de los parques industriales privados a los planes y programas de infraestructura relacionados con ese enfoque. O sea, de poco sirve que el Gobierno federal se esfuerce si la política pública está basada en diagnósticos o información fragmentada e incompleta.

De acuerdo con Michael Porter, el renombrado profesor de Harvard, el principal papel de los Estados en la atracción de inversión debe ser de catalizadores del mercado y de la industria. Por ello, es indispensable reducir los márgenes de discrecionalidad a través de diagnósticos completos y objetivos, más un esfuerzo de gobernanza de cuádruple hélice –Gobierno, sector privado, académico y sociedad civil– que permita armar una estrategia nacional. Asimismo, es muy importante abrir la información y establecer espacios de diálogo para que ciudadanos y partes interesadas puedan comprender cómo se toman las decisiones, cómo se toman en cuenta sus intereses y cómo se utilizan los recursos públicos respecto de las nuevas inversiones. Los mecanismos de participación exitosos en el mundo, como las auditorías ciudadanas, podrían implementarse también para optimizar recursos, prevenir la corrupción y evitar el favoritismo en la asignación de inversiones. México debería dejar de socavar la confianza pública y de desalentar la inversión privada.