Desde 2008, el país ha tenido una tasa superior a los 11 homicidios por cada 100,000 habitantes. Desde ese mismo año, el 35% de las víctimas han sido jóvenes de 15 a 29 años. Los homicidios por arma de fuego han incrementado en un 50% desde 2009 y en 2017 el repunte superó el 65%. De igual forma, a pesar de que la violencia se ha dispersado y tenemos a entidades anteriormente pacíficas con graves problemas de seguridad (Puebla y Guanajuato), también es cierto que la geografía de la violencia en el país no ha cambiado su principal rasgo: la concentración de las tasas de homicidio en poco más de 5% de los municipios del país. De este grupo, la gran mayoría son zonas donde la inseguridad ha sido un problema recurrente durante muchos años (Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Tecomán, Colima; Chilapa de Álvarez, Guerrero; entre otros).

Vivir en estos contextos tiene costos elevados, pero no estamos hablando de los costos económicos, estamos pensando en la factura que la violencia le pasa a nuestra vida individual y social. En los últimos años se han acumulado estudios académicos que han encontrado y verificado la existencia de estos fenómenos (Universidad de Nueva York, Universidad de Sussex, el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica y la Universidad Anáhuac). Vivir en zonas de violencia e inseguridad aumenta los índices de reprobación de estudiantes a nivel básico. La exposición a la violencia también ha disminuido la esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres. Cuando es prenatal, la exposición a la violencia tiene efectos negativos en el peso de los recién nacidos, y posteriormente en la estructura familiar de los infantes, en donde a raíz de la violencia hay más niños viviendo en hogares sin alguno de sus progenitores.

¿Cómo es esto posible? A nivel individual la explicación pasa por los efectos de la victimización, con afectaciones físicas y mentales, modificaciones de la conducta e incremento de la inequidad social y económica. Pero también hay efectos a nivel comunidad, como los desplazamientos obligados (casi 330 mil personas, de 2006 a 2017, según la CMDPDH) y las tensiones relacionadas con la alta criminalidad que derivan en: maltrato infantil, violencia interparental, violencia de pareja y victimización comunitaria.

Esta es la realidad de un número importante de comunidades y de sus pobladores. Sin embargo, hasta la fecha ninguna instancia de gobierno lo ha identificado como un problema que tiene que ser atendido desde la política pública. Es urgente que la futura administración -encabezada por Andrés Manuel López Obrador y por su propuesta para dirigir la política de seguridad, Alfonso Durazo- incluya acciones concretas para mitigar los costos generados por la violencia. No habrá una verdadera pacificación si no se habla sobre ello y si el Estado mexicano sigue menospreciando los daños que esta violencia le infringe a las comunidades en el largo plazo.