Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

Las armas de fuego representan un grave problema para la seguridad del país. Cada día más mexicanos mueren y se lesionan con ellas.  En 2018, siete de cada 10 homicidios se cometieron con un arma de fuego. A finales de 2012, eran un poco más de 5 por cada 10 y en 1997, tan sólo 1.5 por cada 10. El número de personas asesinadas con este tipo de armas pasó de 10,464 en 2015 a 23,873 en 2018, lo que implica un crecimiento de 128% en apenas 36 meses (todas son cifras del SESNSP).
Las lesiones también crecieron a un ritmo alto. De 2015 a 2018, 32 mil 263 mexicanos fueron lesionados con un arma de fuego.
La disponibilidad de estos artefactos está haciendo que nuestras violencias sean cada vez más letales.
La portación de armas de fuego en el país está prohibida para algunas clasificaciones o regulada para otras.  Y la prohibición y regulación nos la pasamos por el arco del triunfo.
De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –la institución encargada de otorgar licencias y permisos de armas de fuego–, en 2017 se contabilizaron 3 millones 118 mil 592 armas de fuego debidamente registradas en el país.  Se estima, sin embargo, que el número ilegal de armas de fuego en circulación es cercano a los 13.6 millones (https://www.gunpolicy.org/firearms/region/mexico)..
Existe un abismo entre lo que la Secretaría controla y lo que realmente ocurre en el país. Quien busca un arma la consigue, la porta y la usa casi sin consecuencias. Esta es una dimensión más en la que el Estado mexicano es incapaz de hacer valer las leyes o regulaciones que emite.  Y en lugar de encontrar los mecanismos para hacer posible su aplicación cabal, encuentra la manera de darle rodeos al problema sin resolverlo.
Argumentando la necesidad de atender la creciente violencia con armas de fuego, Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Tras una larga discusión en comisiones, fue aprobada en febrero de este año. Hoy se puede ordenar prisión automática, sin necesidad de que un juez dicte sentencia, a todo aquel que porte o esté en posesión de un arma de esta clase. Y aunque la intención de reducir la violencia es correcta, el instrumento que elige se poco efectivo.
Porque aun sin estar en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, a la portación de armas regularmente se le aplicaba una medida cautelar privativa de la libertad. Y no tuvimos mejor control de armas por ello, tampoco una reducción en la violencia. En cambio sometimos a gran presión al sistema penal y vulneramos la presunción de inocencia.
El problema central de la violencia con armas de fuego es la falta de capacidades institucionales para tener un control efectivo sobre su portación y circulación en el país. Y la solución no puede ser otra que la construcción de esas capacidades.
Para abonar en esta discusión, México Evalúa publicó esta semana un documento en el que analiza la problemática y propone cinco medidas para el control de armas.
La primera propuesta consiste en crear una agencia mexicana de control de armas de fuego. Que en realidad implica darle atribuciones, funcionalidad y estructura a una unidad que ya existe en la Fiscalía General de la República. Esta agencia buscaría integrar los distintos componentes  de una política pública en la materia.
La segunda propuesta tiene que ver con actualizar la legislación para cumplir con el Tratado sobre el Comercio de Armas. A pesar de que México ratificó este tratado de la ONU, no se ha traducido en cambios a la  Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFyE).
Otra medida que consideramos necesaria son mecanismos de control, rastreo e investigación. La cantidad de armas perdidas es alarmante. Por ello, recomendamos detallar claramente en la ley qué institución es la responsable de investigar y de realizar operativos que ayuden a detener el tráfico ilegal de armas, así como de recuperar las armas perdidas por las corporaciones policiales.
Cuando se trata de armas de fuego y sus municiones, la actuación de las autoridades es meramente reactiva.  Creemos que necesario un sistema de detección temprana.
Y por último, y muy importante, es el control de las fronteras. Las armas ingresan al país por la frontera norte del país sin nada que las detenga. Por ello, recomendamos fortalecer el control aduanal y reclutar y capacitar a un amplio número de policías para desplegarlos a lo largo de la frontera norte del país .
Se pueden hacer cosas para detener la violencia en el país y la portación de armas con las que ésta se perpetra. Hagamos algo más que  lamentarnos.