Tendencias y tensiones en el presupuesto educativo 2026
Las cifras del presupuesto muestran un repunte en la proporción del gasto educativo respecto al total del erario. Sin embargo, detrás de ese avance se asoman contradicciones difíciles de soslayar.
Por Marco A. Fernández (@marco_fdezm) y Roberto de la Rosa (@robdelar)* | Publicado en: Nexos
¿México está invirtiendo más en educación en 2026 o sólo parece así en el papel?1
El Gobierno anunció con entusiasmo que habrá más dinero para las escuelas el próximo año. Pero cuando se revisa a detalle el presupuesto, las cifras cuentan una historia más compleja: habrá más becas, pero al mismo tiempo se proponen recortes para preparar mejor a los maestros, producir materiales educativos de calidad o evaluar qué tanto aprende el estudiantado en el salón.
Esto significa que un estudiante puede recibir un apoyo económico para seguir en la escuela, pero encontrar salones con libros de texto inadecuados para apoyar a sus docentes, con maestros sin capacitación actualizada y pertinente para las necesidades del siglo XXI y con programas que se modifican sin contar con las condiciones para su implementación. La pregunta es inevitable: ¿es suficiente entregar dinero a las familias sin fortalecer los cimientos del sistema educativo?
Las cifras del presupuesto muestran un repunte en la proporción del gasto educativo respecto al total del erario, lo cual aparenta corregir la tendencia negativa de años recientes. Sin embargo, detrás de ese avance se asoman contradicciones difíciles de soslayar. El incremento se concentra en las transferencias directas, mientras que rubros nodales como formación docente, la producción de materiales educativos y las evaluaciones quedan debilitados por los recortes, lo cual compromete la calidad de la enseñanza y la capacidad del sistema para responder a la diversidad de sus estudiantes.
Evolución del gasto educativo
El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 para el sector educativo en México revela un incremento real del 2.5 % respecto al de 2025 (modificado al segundo trimestre), alcanzando un total de 1,170,470.6 millones de pesos, lo que representa 28,477.6 millones de pesos adicionales. El secretario de educación pública —Mario Delgado— señaló que el incremento es de más de 79 mil millones de pesos entre los dos años. Sin embargo, esta cifra olvida convenientemente la inflación, por lo que en términos reales el incremento es menor al apuntado.
El Gobierno federal también informó que entre 2018 y 2026, los recursos destinados a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) han aumentado 10.2 % en términos reales. Si bien esta cifra es correcta, lo que se omite señalar es la pérdida de peso relativo del gasto educativo dentro del presupuesto total. En la Gráfica 1 se observa cómo durante la administración del expresidente López Obrador, los recursos para educación como porcentaje del PEF pasaron de 11.7 % a 9.7 %.
Las prioridades gubernamentales se observan más allá de la retórica en donde se decide asignar recursos. Por ejemplo, con datos de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 hasta 2023 —última cuenta pública auditada por completo— los recursos asignados a los tres proyectos prioritarios (Tren Maya, AIFA y Dos Bocas) ascendieron a 731,656 millones de pesos. En tanto, los recursos asignados a educación sólo crecieron 40,851 millones de pesos (5.6 %). Además, encontramos proyectos que presentan pérdidas operativas que se subsidian con recursos públicos. En 2024, la aerolínea federal Mexicana de Aviación y el Tren Maya tuvieron pérdidas por 3,831 millones de pesos que bien podrían haberse destinado a distintos rubros de los servicios educativos.
El presupuesto de 2025 y el propuesto para el próximo año buscan corregir la tendencia negativa del sexenio de López Obrador, por lo que dentro del PEF se incrementó la proporción que el rubro educativo representa del total del gasto al incrementarse de 9.7 % a 11.5 % (ver Gráfica 1). No obstante, este porcentaje sigue siendo menor a lo observado previo a los gobiernos de la autodenominada cuarta transformación (11.7 %). El porcentaje de gasto educativo dentro del presupuesto total sigue por debajo de lo recomendado por la UNESCO (15 %).
La recuperación del gasto educativo a partir del año en curso abre espacio a interrogantes básicos tales como qué rubros del presupuesto educativo se están fortaleciendo, qué conceptos presentan recortes, y aún más importante, si las asignaciones son consistentes con los anuncios gubernamentales en materia educativa.
Una primera aproximación para dar respuesta a estas preguntas es analizar los datos por nivel educativo. En la Gráfica 2 se observa un aumento para la educación básica del 6.5 %, lo que representa 46,940.2 millones de pesos adicionales, alcanzando un total de 766,685.6 millones de pesos. En tanto, la educación media superior registra un incremento modesto, del 1.6 %, sumando 2,285.3 millones de pesos para un total de 148,928 millones. Sin embargo, la educación superior presenta un recorte del 4.3 %, es decir, 8.737.2 millones de pesos menos, situando su presupuesto en 195,789.7 millones de pesos. Por último, la educación para adultos recibe un incremento del 5.9 % (318.9 millones) y el rubro «otros servicios educativos» (recursos para incrementos en la nómina educativa, apoyos extraordinarios a instituciones educativas y para la ejecución de políticas educativas), tendría una reducción del -18.8 % (12,329.5 millones menos). En síntesis, la distribución de los ajustes presupuestales indica un reacomodo a favor de la educación básica, un aumento marginal en media superior y recortes a la educación superior.
Un margen de acción limitado
El presupuesto educativo retrata dos realidades: por un lado, el estrecho margen de acción por las inercias del sector y por el otro, la gran apuesta de la autoridad federal: distribuir becas y subsidios a las comunidades escolares como el instrumento principal de su política educativa. El pago de nómina requerido, el gasto de operación, la inversión en infraestructura y los subsidios a subsistemas estatales de media superior y superior concentrarán para 2026 el 81.6 % (954,778 millones de pesos) de los recursos. En tanto, los programas de transferencias (becas y subsidios a comunidades escolares) alcanzarían el 18.4% (215,692.63 millones de pesos) del gasto educativo en 2026.
Si estas cifras se comparan con las de 2018, puede dimensionarse cómo se ajustó el presupuesto hacia las transferencias y cómo se comprometieron los recursos para la prestación de servicios educativos. En 2018, el pago de nómina, el gasto de operación, la inversión en infraestructura y los subsidios a subsistemas estatales de media superior y superior concentraron un 93.8 % (940,896.3 millones de pesos constantes), mientras que las transferencias representaron sólo el 6.2 % (61,954.9 millones de pesos).
Programas ganadores
Dentro del esquema de prioridades en las transferencias, las becas son las grandes ganadoras. En el PPEF 2026, el total de recursos a becas asciende a 186,501.4 millones de pesos, un incremento del 36.6 % respecto al PEF 2025 (49,974.3 millones adicionales). Como se aprecia en la Gráfica 3, este crecimiento se concentra en la Beca universal de educación Básica Rita Cetina, que aumenta un 62.9 %, con una asignación adicional de 49,936.8 millones para un total de 129,386 millones Este incremento es consistente con el anuncio reciente del coordinador nacional de las becas del bienestar, quien puntualizó que el próximo año se beneficiará gradualmente al 100 % del estudiantado de las primarias públicas.
Las becas Benito Juárez de educación media superior registran un incremento marginal del 0.2 %. En la educación superior, el panorama es mixto: mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro crece un 0.2 %, el Programa de Becas Elisa Acuña disminuye un 1.3 %. Al consolidar las becas de educación superior, se observa un cambio absoluto negativo de 3.6 millones, una disminución marginal de 0.03 %.
Como hemos señalado, las becas en la media superior están siendo regresivas en la mayor parte de los estados, pues proporcionalmente han aumentado los apoyos que benefician a jóvenes que cursan el bachillerato público provenientes de las familias con mayores ingresos y además se concentran en el tercer grado, descuidando a quienes cursan el primer año –que es cuando se observan mayores niveles de abandono de estudios. A eso se suma la limitación para atender el abandono escolar, pues las y los jóvenes dejan sus estudios principalmente por sentir que la escuela no es para ellos ante carencias en su formación en la primaria y secundaria.
Otro rubro que presenta incremento es el de infraestructura. Al respecto, el Plan Sectorial de Educación (PSE) 2025-2030 plantea metas para mejorar el equipamiento (sanitarios, lavamanos, instalaciones adaptadas para estudiantes con discapacidad y computadoras) y el acceso a servicios (agua potable, electricidad e internet). Tomando como base las metas del programa sectorial, se estima que para educación básica deberán realizarse 61,500 acciones de infraestructura en 16,700 escuelas. Para media superior serán necesarias 7,500 acciones de infraestructura en 1,800 planteles. En total, deberán realizarse 69 mil acciones para beneficio de 18,500 escuelas.
Además el PSE señala que deberá ampliarse la oferta en la media superior y superior mediante la reconversión de secundarias a planteles de media superior, la ampliación de algunos planteles de bachillerato y la construcción de otros. También, para la educación superior se señala que una estrategia nodal para incrementar los espacios será por medio de modalidades semipresenciales y no escolarizadas.
Para atender los retos en infraestructura, el PPEF 2026 contempla 23,470.9 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), monto que es superior en 5.3 % (1,172 millones de pesos) al de 2025. Sin embargo, desde Aprender Parejo hemos señalado que el 46.3 % de los recursos anuales del FAM están comprometidos hasta el año 2039 para pagar los bonos educativos, ejecutados en la administración 2012-2018, por lo que la bolsa del FAM para 2026 es de sólo de 12,603.9 millones. Debe recordarse que los recursos del FAM los ejercen gobiernos estatales en cerca de 220 mil escuelas públicas, no necesariamente para el cumplimiento de las metas del Gobierno federal en su PSE.
Para la infraestructura educativa se contemplan los recursos del programa La escuela es nuestra (LEEN). En el agregado, se propone un crecimiento marginal de 0.2 % (50 millones) para un total de 26 mil millones de pesos. Sin embargo, la distribución entre educación básica y media superior se modifica sustantivamente. En 2025, 81.4 % del total de LEEN se ha destinado a preescolares, primarias y secundarias. Para 2026, disminuirá a 63.4 % para incrementar los recursos destinados a la media superior a la que se asignarán un total de 9,513 millones a través de este programa.
Dadas las restricciones del FAM, los recursos del programa LEEN son imprescindibles para dar cumplimiento a las metas del PSE. Para ello, debe reconfigurarse su normativa a efecto de que —respetando la autonomía de las comunidades escolares— la autoridad educativa federal desempeñe un papel coordinador (sincronizando prioridades institucionales y locales). En este sentido, en el PSE se identifican potenciales mejoras del programa (desarrollar mecanismos para identificar necesidades de infraestructura en los planteles educativos, proporcionar asesorías técnicas a la comunidad escolar y emitir normas técnicas). Sin embargo, también continúan debilidades en su operación, tales como omitir la documentación y registro detallado de las acciones de infraestructura realizadas en cada plantel, además de limitaciones serias en la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos. Pese a los montos sustantivos de LEEN no se cuenta con una evaluación global que permita hacer ajustes para su mejor implementación.
Programas estancados
El dominio del inglés es clave para aprovechar la relocalización de empresas. Esta habilidad permite la comunicación con empresas de otras regiones, facilita la comprensión de manuales, software, operación de la maquinaria, instrucciones técnicas y normas internacionales de calidad y seguridad asociadas a las oportunidades que promete el Plan México. También acelera la adopción de nuevas tecnologías y ayuda a las empresas a integrarse a cadenas globales de suministro. El dominio de este idioma abre oportunidades laborales y ayuda a que las inversiones que llegan al país crezcan y permanezcan. Por tanto, el Programa nacional de inglés debería ser prioritario en el marco de la política para el desarrollo impulsada por el Gobierno federal. Sin embargo, el PPEF 2026 contempla un presupuesto de 781.5 millones, un aumento de apenas 1.7 millones de pesos (0.2 % de crecimiento) respecto a 2025. Las limitaciones serias en la enseñanza de este idioma en las secundarias y bachilleratos no podrán superarse con un presupuesto tan precario.
De manera similar, el presupuesto destinado a la expansión de la educación inicial asciende a 901.4 millones de pesos para 2026, es decir, presenta un crecimiento ínfimo de sólo 2.0 millones de pesos (un 0.2 % de crecimiento). Es importante subrayar que, como se ha documentado en Aprender Parejo, una mayor inversión en este nivel educativo es fundamental debido al efecto que la primera infancia tiene en el desarrollo cognitivo, emocional y social. El estancamiento de este gasto limita ampliar la cobertura de servicios de educación inicial. Un aumento de recursos facilitaría la creación de infraestructura, la contratación y formación continua de personal de cuidados y docente especializado que reduzcan las desigualdades educativas desde el origen, sentando bases sólidas para trayectorias escolares exitosas y una mayor equidad a lo largo de toda la vida.
Aunque en campaña la presidenta Claudia Sheinbaum prometió hacer esfuerzos para fortalecer los servicios educativos para menores de 3 años, en el PSE no hay compromisos específicos de alcanzar una cobertura determinada pese a que sólo 4 de cada 100 niñas y niños asisten a un centro de primera infancia con una perspectiva educativa. Incluso, es oportuno recordar que en campaña se planteó un cambio de paradigma para convertir la “guardería” en una “escuela de educación inicial”. Actualmente, el IMSS implementa la estrategia “Centros de Educación y Cuidado Infantil”, pero este esfuerzo se realiza al margen del sistema educativo, lo cual contradice la obligatoriedad de la educación inicial como parte de la educación básica, establecida desde 2019.
Para 2026, el PPEF no incluye datos detallados sobre el preescolar; sin embargo, en el PSE, el preescolar presenta metas de cobertura modestas, haciendo que el descenso en el número de niñas y niños en edad de cursar en este nivel permita cumplir la meta planteada de 73 % para 2030. En este caso, será necesario un seguimiento puntual de los recursos y específicamente concentrar la escolarización de niñas y niños de 3 años al tratarse del grupo etario con la cobertura más baja (46.4 %).
Programas perdedores
Días antes de su propuesta, el Gobierno federal presentó su Programa sectorial de educación (PSE 2025-2030) donde se plasman las grandes directrices de lo que espera realizar en materia educativa durante el sexenio. Destacan, por ejemplo, distintas metas para incrementar la cobertura educativa en especial de la media superior y superior.
Para la media superior se plantea disminuir la tasa de abandono de 11.2 % a 9.7 % para 2030 y a su vez incrementar una tasa neta de cobertura de 62.3 % a 66 %. Esto ocurre en un contexto donde también se observa una disminución de la población en la edad de 15 a 17 años (de 6.8 a 6.7 millones). Por ende, los esfuerzos deberían centrarse en lograr que un mayor número de jóvenes transiten de la secundaria a la media superior y una vez en este nivel educativo, terminen con éxito sus estudios de bachillerato. En el caso de la educación superior se busca incrementar una tasa neta de cobertura de un 29.3 % a un 33 % entre los jóvenes de 18 a 22 años, por lo que es necesario sumar a 379 000 jóvenes a este nivel educativo. Las asignaciones presupuestales contempladas para incrementar los servicios educativos en ambos niveles no son consistentes con estas aspiraciones.
En contradicción con el anuncio de la reestructura del nuevo bachillerato en México, se plantea una reducción de los recursos destinados a las principales instituciones federales y a las transferencias para financiar los servicios educativos de media superior brindados por los estados. La prestación y operación de servicios educativos (incluidos los subsidios a subsistemas estatales de media superior y universidades públicas estatales) pasaría de 275 790.8 millones de pesos en 2025 a 256 518.7 millones en 2026, una disminución de 7 %. El ajuste refleja una reasignación de recursos, tanto en rubros (de operación hacia transferencias) como entre niveles (de media superior y superior a la educación básica). El movimiento es significativo porque exhibe cómo las prioridades presupuestales se apartan de los desafíos estructurales del sistema educativo y contradicen las promesas del discurso presidencial.
En el caso de la educación básica, sobresale la reducción a los servicios comunitarios coordinados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Su recorte es de 13.7 %, es decir, 787.1 millones menos. Esta disminución es preocupante desde la perspectiva de la equidad, ya que son estas modalidades las que atienden a la población con mayores vulnerabilidades sociales y económicas. Aunque estas comunidades pueden beneficiarse del incremento en las becas Rita Cetina, el recorte simultáneo debilita aún más la calidad de la enseñanza que reciben. El resultado es una contradicción que amplía la cobertura de apoyos, pero debilita la oferta formativa que resulta esencial para la permanencia y los aprendizajes.
Pese a que en campaña la entonces candidata Sheinbaum, dentro de los 100 pasos para la Transformación, prometió extender el horario de las escuelas primarias de manera gradual (compromiso 29) y que el PND lo contempla como parte del diagnóstico para mejorar la educación, ni el PSE ni el PPEF 2026 definen estrategias ni contemplan recursos para su implementación.
En educación media superior, las cifras parecen mostrar una mejora, pero es un efecto engañoso. En el agregado se presenta un incremento de 1.6 % (2 285 millones de pesos) para 2026 (ver Gráfica 2). Sin embargo, al aislar el gasto en servicios educativos y subsidios para diversos subsistemas (ver Tabla 1), lo que se observa es una reducción de 2.9 %, equivalente a 2 478.4 millones de pesos, al pasar de 86 655.0 a 84 176.6 millones. El supuesto crecimiento se sostiene en las transferencias, en particular del programa LEEN, mientras que la prestación de servicios educativos se deteriora.
Más allá de las metas de cobertura o de abandono escolar, preocupa que las universidades y subsistemas con funciones estratégicas para multiplicar espacios en la media superior no reciban incrementos. Por ejemplo, se busca que la UNAM participe en la certificación de las competencias laborales del Sistema Nacional de Bachillerato y, por otra parte, que el Conalep sea clave en el Plan México para la formación de perfiles técnicos que demandan las nuevas industrias. El hecho de que estas instituciones permanezcan sin asignaciones crecientes revela la distancia entre las prioridades declaradas y las reales del Gobierno federal.
El sector de la educación superior registra una reducción general del 4.3 % (8 737 millones), lo cual confirma la tendencia a recortar recursos en instituciones consolidadas. En la Tabla 2 se observa cómo la disminución es ligeramente mayor si se analizan por separado los recursos a instituciones nacionales o los subsidios entregados a universidades públicas estatales. Observando este conjunto de instituciones, el recorte es de 4.5 % (9 007.3 millones) al pasar de 200 908.7 a 191 901.4 millones. De manera particular, instituciones como la UNAM sufren un recorte del 3.4 %, el TecNM un 4.1 %, la UAM un 2.6 % y el IPN un 2 %. También preocupa el ajuste de 8. % a la Universidad Abierta y a Distancia de México, justo en un momento en que el PSE plantea fortalecer las modalidades semipresenciales y no escolarizadas.
En contraste, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García recibirán un incremento del 19.5 %, sumando 504.8 millones adicionales para un total de 3 090.0 millones. Otro caso llamativo es el de la Universidad Nacional Rosario Castellanos que duplica su presupuesto con un incremento del 102.3 %, recibiendo 531.0 millones adicionales para un total de 1 050.0 millones. Estas asignaciones privilegian a instituciones nuevas a costa de las ya consolidadas. Frente a los retos de cobertura, equidad de oportunidades y calidad de aprendizajes, las decisiones presupuestales deberían orientarse a sumar esfuerzos concurrentes y no a sustituir capacidades previamente construidas.
Un caso que amerita especial atención es el de los recursos asignados a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (escuelas normales) con la creación, en 2026, del programa La Normal es nuestra. Más que un nuevo esquema, se trata del cambio de nombre del programa vigente hasta 2025: Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.
En términos presupuestales, La Normal es nuestra concentraría 97 % de los recursos de la Dirección General, con 856.6 millones de un total de 883.2 millones. Aunque la unidad presenta un recorte de 0.8 % (6.9 millones de los 890 millones para 2025), lo relevante es que el cambio de nombre sugiere también un cambio en el propósito del programa. Mientras Fortalecimiento a la Excelencia Educativa opera como un fondo concursable en el que las escuelas normales y las autoridades educativas locales podían presentar y ganar proyectos de infraestructura o formación, todo apunta a que el nuevo programa podría replicar la lógica de LEEN, privilegiando transferencias directas a las comunidades educativas.
La excelencia educativa en entredicho
Uno de los recortes más severos recae en el Programa para el desarrollo profesional docente. El presupuesto total asignado a este rubro en sus distintas modalidades (básica, media superior y superior) se reduce en 53.4 %, al pasar de 609.9 millones en 2025 (modificado al segundo trimestre) a 284.1 millones en 2026. Esto implica una reducción de 325.8 millones. El gasto por docente se desploma de 365.5 pesos en 2025 a 166.4 pesos en 2026, una caída de un 54.5 %. El golpe más fuerte se concentra en la educación básica, donde el gasto por docente baja de 404.6 a apenas 91.5 pesos, una reducción del 77.4 %. En media superior, los recursos se mantienen prácticamente igual (75.8 pesos), mientras que en educación superior se registra una ligera disminución de 0.8 % (de 550.9 a 546.6 pesos). La magnitud de este ajuste compromete directamente la actualización y capacitación del magisterio, y debilita el principal mecanismo para asegurar que la enseñanza evolucione al ritmo de las necesidades del sistema educativo.
Preocupa también el recorte en la producción y distribución de libros y materiales educativos, cuya asignación cae en un 51.6 %. Esto significa perder 3 204.7 millones de pesos y dejar disponible un presupuesto de apenas 3 011.6 millones. Esta disminución contradice la necesidad de acompañar al profesorado con insumos adecuados para la implementación de la Nueva escuela mexicana (NEM), al tiempo que limita la posibilidad de dotar a los planteles de recursos pedagógicos básicos para mejorar los aprendizajes.
El desmantelamiento de los mecanismos de evaluación educativa se confirma como una de las decisiones más cuestionables de los gobiernos de la 4T. En principio, la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo de la SEP asumiría parte de las funciones de la extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El artículo 42 del Reglamento Interior de la SEP prevé atribuciones para el análisis y diagnóstico de la política educativa. De manera paradójica, lo que se observa es un recorte del 64.7 % para esta dirección. A la par, la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, que engloba esta dirección, experimenta un recorte total del un 73.7 %, lo que representa una disminución de $457.5 millones de pesos. Con estos ajustes, la evaluación pierde aún más peso en la agenda educativa, justo en un momento en el que se necesita información confiable para medir si los aprendizajes prometidos en la NEM se están alcanzando. Diagnosticar necesidades y generar instrumentos para la retroalimentación para la toma de decisiones informadas por las autoridades se vuelve prácticamente imposible sin recursos para evaluar la política educativa.
El proyecto educativo 2024-2030
El proyecto educativo iniciado por López Obrador en 2018 continúa y se profundiza con la presidenta Claudia Sheinbaum. El arreglo presupuestal para 2026 consolida una reasignación que favorece el gasto en transferencias a individuos y estrecha el margen para sostener y operar servicios educativos.
Además de someter la prestación de servicios educativos a restricciones presupuestales, los recortes golpean funciones educativas esenciales como la formación docente y la producción y distribución de libros y materiales, debilitando aspectos fundamentales para mejorar las oportunidades y aprendizajes que brinda el sistema educativo nacional. Amplificar transferencias universales sin apuntalar lo esencial para una mejor educación (docentes, planes y programas, materiales educativos, infraestructura y evaluación) vulnera el derecho a la educación.
En suma, el proyecto de presupuesto educativo para 2026 consolida un modelo que, bajo la retórica de la igualdad, erosiona la capacidad del Estado para garantizar acceso, permanencia, calidad y pertinencia de lo que brinda el sistema educativo a niñas, niños y jóvenes. La aparente ampliación de oportunidades por medio de apoyos monetarios inmediatos se produce a costa de un sistema aún más débil en sus cimientos y, por lo tanto, menos capaz de sostener la aspiración histórica de la educación como palanca de movilidad social y catalizadora del desarrollo nacional.
El presupuesto educativo de 2026 confirma una apuesta clara: más apoyos directos a las familias, pero menos inversión en aquello que sostiene la calidad de la enseñanza. Es un modelo que privilegia lo inmediato —el reparto de becas— y deja de lado lo que asegura el futuro: maestros mejor preparados, materiales actualizados, escuelas con la tecnología adecuada para potenciar los aprendizajes y la ausencia de evaluaciones que sirvan para guiar los esfuerzos de las comunidades educativas.
Cada vez se ve más distante la posibilidad de que la educación en nuestro país permita el desarrollo de una ciudadanía crítica, participativa, de personas socialmente responsables, con las competencias necesarias para la creatividad, la innovación y la capacidad para la resolución de problemas complejos. La decisión que enfrentamos como país es clara: ¿queremos un sistema educativo que reparta apoyos de corto plazo, o uno que prepare a las nuevas generaciones para construir un México más justo, próspero y con oportunidades para todas y todos? En las propuestas para la asignación presupuestal se delinea la dolorosa respuesta.
*Los autores agradecen las sugerencias de Karla Contreras y Daniel Hernández para la realización de este análisis.
- Los datos utilizados para el análisis consideran para el año 2025 el reporte de avance al segundo trimestre de 2025, utilizando el presupuesto modificado, publicado en Transparencia Presupuestaria. Para el año 2026, ante la falta de datos abiertos, se han utilizado los tabulados del análisis funcional programático económico de los Ramos 11, 25, 33 y 38, publicados en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026. El análisis del presupuesto educativo contempla las funciones “Educación” y “Ciencia, Tecnología e Innovación”, por lo que prescinde de los recursos a otras funciones “Coordinación de la Política de Gobierno” y “Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales”. Los recursos de las funciones no consideradas en el análisis representan el 0.7 % del total de los Ramos 11, 25 y 33. Todas las comparaciones se realizan en términos reales. ↩︎
