Tecnología para una justicia más humana
Por Laurence Pantin y Sandra Escamilla | Animal Político
Recientemente, funcionarios del Poder Judicial de la Federación y litigantes reportaron en redes sociales diversas fallas en el funcionamiento del sitio de los servicios en línea del Consejo de la Judicatura, así como del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Entre memes y capturas de pantalla los funcionarios evidenciaban la imposibilidad de entrar al sistema o la lentitud para poder subir acuerdos o consultarlos, entre otros problemas. Aunque posteriormente el Consejo de la Judicatura Federal anunció una nueva funcionalidad de sus plataformas, que incluía una interfaz interactiva de los expedientes electrónicos –lo cual explicaba en parte todas estas fallas, pues se puede asumir que se encontraba en periodo de prueba y ajuste–, este suceso evidencia una realidad: las herramientas digitales se han vuelto indispensables en el día a día de funcionarios y postulantes. Por esta razón, la exigencia sobre su funcionamiento es máxima.
Este cambio de paradigma no sólo ha ocurrido a nivel federal, sino también a nivel local. Es decir, la utilización de herramientas tecnológicas ha crecido de manera acelerada en los poderes judiciales locales en los últimos 18 meses, a raíz de la pandemia. Desde la creación de sistemas de citas para interponer demandas y promociones, hasta tribunales electrónicos y juzgados en línea, algunos poderes judiciales han implementado soluciones digitales con el objetivo de reanudar sus servicios ante las restricciones sanitarias.
A pesar de este renovado interés por la digitalización de la justicia, el camino no ha sido nada fácil para los poderes judiciales, ya que existen diversos retos que les impiden ir más allá de la simple trasvase digital de archivos, por ejemplo. Y es que una cosa es ‘instalar’ herramientas y otra muy diferente es emprender transformaciones tecnológicas que permitan revolucionar la manera en la que se imparte justicia. O un paso más acá: que esas herramientas sean en verdad funcionales y que los usuarios estén dispuestos a usarlas. Entender esta diferencia es vital si los poderes judiciales quieren ser más pertinentes para la ciudadanía en un escenario cada vez más complejo y cambiante.
Como respuesta a este enorme desafío, en México Evalúa creamos unos Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia, que conjuntan experiencias exitosas por parte de poderes judiciales y otras instituciones de justicia que se han lanzado a procesos de transformación tecnológica; es decir, que han conseguido ir más allá de sólo trasladar al plano digital lo que ya se hace presencialmente o en papel, y han optimizado sus procesos con ayuda de la tecnología, utilizando un enfoque centrado en las y los usuarios.
Cabe destacar que la metodología centrada en las personas usuarias no es nueva, ya que es usada usualmente en áreas como el diseño, la arquitectura y otras disciplinas con estrecho contacto con el usuario final. A diferencia de otras metodologías, donde las soluciones se construyen a partir del punto de vista de las personas expertas, este enfoque las construye tomando en cuenta la perspectiva de las personas que van a usar las herramientas, poniendo el énfasis no sólo en quien provee justicia, sino en quien accede a ella. Esto permite que todas las personas estén en posibilidad de usar estas herramientas, sin importar si se trata de alguien con alguna discapacidad, de edad avanzada o con pocas habilidades en el uso de una computadora.
Para lograr este nivel de accesibilidad, se requiere un ejercicio que permita conocer y tomar en cuenta las características, necesidades, limitaciones y puntos de vista de las y los usuarios. Para ello, la metodología propone identificar la perspectiva de las y los usuarios, idear soluciones, crear prototipos a partir de las ideas más prometedoras y refinarlas hasta que puedan escalarse y, por último, evaluar su impacto. Creemos que este enfoque innovador tiene el potencial para transformar los sistemas de justicia, ya que se centra en crear herramientas e intervenciones útiles que tengan un impacto positivo para las comunidades a las que pretenden servir.
Punto de partida y llegada: las personas
Así, nuestro estudio es producto de un proceso de sistematización del aprendizaje colectivo que sirve como una hoja de ruta a los poderes judiciales, y ayuda a reducir la curva de aprendizaje al emprender un proceso de esta magnitud. En el camino reconocemos los retos particulares de los poderes judiciales y proporcionamos recomendaciones para poder afrontarlos. Por ejemplo, uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los poderes judiciales es la falta de presupuesto, que muchas veces impide que puedan pensar en un plan de desarrollo tecnológico a largo plazo.
Una manera de superar este reto consiste en desarrollar un plan en varias etapas que permita invertir de manera gradual. En el estudio hacemos un recuento de estrategias innovadoras que han llevado a cabo los poderes judiciales para hacer frente a este obstáculo, como la cocreación de herramientas tecnológicas de código abierto –es decir, sin costos de licenciamiento–, hasta la búsqueda de puntos de coincidencia con los programas sociales de los poderes ejecutivos, para obtener recursos extraordinarios.
Sin duda, los poderes judiciales se encuentran en un proceso clave, en el cual es necesario aprovechar el contexto para impulsar el desarrollo tecnológico desde y para las personas. Este último punto no es anecdótico, porque lo peor que le puede pasar a un poder judicial, aparte de quedarse atrás en el desarrollo tecnológico, es invertir en herramientas digitales que no sirvan a las personas a las que fueron destinadas.
