T-MEC y energía: la disputa
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Reforma
- El hecho de que Estados Unidos solicite una consulta por violaciones a los términos pactados en el T-MEC ya sienta precedentes negativos para la economía mexicana, al incrementar la incertidumbre jurídica para las inversiones provenientes de ese país y de otros con quienes México tiene celebrados tratados comerciales, como Canadá o España.
- De no resolverse las disputas por la vía pacífica, y acreditarse en el futuro el daño en un laudo arbitral, la economía mexicana sufriría un duro impacto en sus niveles de crecimiento, con difíciles perspectivas para el empleo y el desarrollo.
- Recordemos que entre 2018 y 2021 la inversión en el sector eléctrico se redujo en 88%, mientras que las exportaciones a ese país representaron 79% del total, según datos de la Secretaría de Economía.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció oficialmente que el gobierno que representa ha solicitado consultas de resolución de disputas con México en virtud del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Dichas consultas se relacionan con ciertas medidas de la política energética mexicana que, en palabras de Tai, socavan a las empresas estadounidenses y dan una ventaja indebida a las Empresas Productivas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este procedimiento las partes iniciarán consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de los Estados Unidos, a menos que resuelvan sus diferencias. De lo contrario, dentro de los 75 días posteriores a la presentación de la solicitud, las partes pueden solicitar el establecimiento de un panel. Específicamente, las autoridades estadounidenses argumentan que:
1. Los cambios legales en materia de electricidad, que priorizan el despacho de energía generada por CFE, han dado lugar a cambios en los esquemas de inversión en el sector. Asimismo, las autoridades mexicanas han ocasionado por sus recientes regulaciones retrasos, rechazos y revocaciones de permisos para sus empresas privadas.
2. La política energética de México en esta administración inhibe la inversión en infraestructura de energía limpia, por lo que no alcanzará los objetivos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, asumidos como compromisos en el Acuerdo de París.
3. En materia de hidrocarburos, el gobierno de Estados Unidos buscará aclarar si los términos de ciertas regulaciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía para el otorgamiento a Pemex de una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre en el diésel han transgredido los acuerdos del T-MEC. A esto añade una reciente acción que da a Pemex y a CFE el monopolio en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
Uno de los conceptos más socializados en las últimas semanas es el de nearshoring como una de las salidas que podrían dar a la economía de México, y a la región de Norteamérica, el impulso de inversión que se requiere de cara a los desafíos que plantea la nueva conformación geopolítica derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, desacuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, e incremento en los costos de transacción por disrupciones en las cadenas de suministro por la pandemia de covid-19. De pronto, parecería que México podría ser una opción para los inversionistas por la infraestructura de sus parques industriales, la cercanía geográfica con sus socios comerciales principales y las ventajas competitivas de su mano de obra; sin embargo, la política energética impulsada desde el gobierno federal de México no garantiza a la industria pleno acceso a energía barata, limpia y de calidad, y socava las expectativas de rendimiento de las inversiones. Las regulaciones recientes que privilegian a los jugadores de propiedad estatal generan incertidumbre jurídica que afecta el clima de inversión.
Lo anterior dificulta la planeación rumbo a una integración regional energética en Norteamérica que pudiera impulsar el alcance de los objetivos no solo climáticos, sino también económicos. Por ello, las autoridades estadounidenses se encuentran motivadas a indagar si la política energética mexicana, que afecta su operación, viola los acuerdos previamente establecidos en el T-MEC, mismos que establecen principios de buena gobernanza, seguridad jurídica para las inversiones, respeto a la competencia económica, fomento a la mejora regulatoria y cuidado al medio ambiente, entre otros.
El gobierno federal de México se encuentra en su última oportunidad antes de que se conforme una controversia internacional (que puede detonar muchas otras más) para reflexionar sobre la pertinencia de modificar su política energética, respetar el orden jurídico y aprovechar el andamiaje institucional que ya existe para impulsar mecanismos de costo-eficiencia (licitaciones, subastas, mercado eléctrico mayorista) que garanticen una mayor eficiencia y seguridad energética para México y para la región. Desde México Evalúa exhortamos a nuestras autoridades a actuar con el mayor rigor y objetividad en el proceso de consulta a fin de prevenir que el país enfrente disputas comerciales demasiado graves y costosas en términos de empleos, crecimiento y finanzas públicas sanas. Y, si todo lo anterior no les convence, como dice el dicho, es mejor siempre elegir un mal arreglo que un buen pleito.
