No tengo en la memoria cuestionamientos al desempeño de un gobierno mexicano como los que hoy despliegan medios internacionales. Quizá sea una reacción ante el desencanto. Una manifestación de despecho al comprobar que entre expectativas y realidades hay una enorme brecha.

En su última entrega el semanario británico The Economist lanza una provocación al retomar el dicho de un funcionario mexicano del que guardan la identidad. “El Presidente no entiende que no entiende” cita el semanario haciendo una crítica feroz a un gobierno que prometió el nirvana para el país. Frente a esto, considero que el presidente Peña tiene que responder de una manera más franca, articulada y sustantiva de lo que ha hecho en las últimas semanas. No son los perdedores del proceso de cambio que el Presidente impulsa el origen de la incomodidad como se argumenta. No es la rebelión de los vencidos, como él afirma. Es la percepción de abuso de poder lo que nos incomoda a muchos, incluidos los observadores externos que, contando con otros referentes, nos siguen catalogando como república bananera.

De una manera directa el autor del artículo que comento señala que las prácticas de algunos miembros de nuestra clase gobernante no son naturales en una democracia bien asentada. Lo que acaso aquí provoca indignación en otros lugares tiene consecuencias políticas, administrativas e incluso penales. Supongo que por eso el reproche. Por la incongruencia que encuentran en el discurso gubernamental que habla del gran vuelco de México hacia adelante, cuando el ímpetu por transformarlo llega hasta donde intereses particulares lo permiten.

La transformación que México necesita no puede ser parcial. Debe ser completa. No podemos pretender ser una potencia en lo económico cuando los cimientos institucionales son débiles, cuando las autoridades no pueden ser llamadas a rendir cuentas y no existen verdaderos límites al uso arbitrario del poder. Ya nos sucedió en el pasado con la ola reformadora de principios de los 90. Quedó frustrada a mitad del camino, porque lo que seguía en la corriente de ese cambio era la institucionalización del poder, como lo ha planteado con lucidez Luis Rubio en varias de sus publicaciones. Institucionalizar el poder implica ponerle límites y eso es lo que se ha evadido.

El Presidente tiene que responder. No puedo imaginarlo sólo esquivando las críticas que lo debilitan y lo dejan sin recursos políticos y morales para conducir un país que se complica con el transcurrir de los días. Es cuestión de observar cómo se comportan los miembros de la CETEG para prever hasta dónde puede escalar la conflictividad social y el encono frente a la imagen y realidad de un gobierno débil. Ni qué decir de la criminalidad.

El presidente Peña tiene que responder con propuestas que aborden los temas en los que su gobierno es vulnerable. No puede usar más el recurso retórico de las reformas estructurales porque estamos observando que éstas se desfondan si no se atienden, paralelamente, asuntos que tienen que ver con la integridad con la que se conduce el gobierno y con el fortalecimiento de las instituciones que ejercen control sobre el ejercicio del poder y permiten una rendición de cuentas completa y no sólo simulada.

Por ello, yo recomendaría al Presidente asumir un compromiso explícito, convencido, con al menos tres reformas que se encuentran en trámite legislativo o en proceso de implementación y abordan dimensiones críticas del Estado de derecho del que somos tan deficitarios. La reforma en materia de anticorrupción, la de transparencia y la reforma penal. Imagino al Sr. Presidente replicando a quien lo impugne con reformas contundentes, potentes, en estos tres ámbitos.

La reforma anticorrupción está en un punto efervescente. Por el contexto y por el consenso que se construye sobre sus contenidos sustantivos. Nunca antes había participado yo en la construcción de un consenso social tan amplio sobre una reforma institucional compleja pero tan estrictamente necesaria.

Esta dimensión del Estado de derecho se vería muy fortalecida si logramos la mancuerna: reforma anticorrupción y una buena legislación secundaria en material de transparencia. En esta última se discuten los detalles que habrán de definir si tenemos un régimen en material de transparencia que promueva la rendición de cuentas o si nos quedamos a medio camino, como ya lo hemos hecho en el pasado.

Tan importante como lo anterior es rescatar la reforma penal del 2008, la reforma conocida como de juicios orales. Esta reforma necesita ser liberada de un proceso de implementación al que le falta tracción y no permitir ningún retroceso en los principios que la animan. La tentación está presente.

Sr. Presidente, por favor responda. Su silencio lo perjudica a usted y a su gobierno, pero también a todos los mexicanos.