Sometimiento, en vivo y en directo, del Poder Judicial

Por Laurence Pantin (@lpantin), Alejandra Quezada (@quezada_as), Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) y Sandra Escamilla (@sandritaeceron) | Animal Político

Hoy, la independencia del Poder Judicial de la Federación está en peligro. Como ya hemos denunciado en otros espacios, la llamada Reforma por y para el Poder Judicial no se ha realizado bajo las mejores prácticas de transparencia y participación ciudadana. Pero lo sucedido la tarde del jueves 15 de abril desbordó todos los límites: no satisfechos con aprobar al vapor y sin Parlamento abierto[1] las reformas a las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial constitucional votada en diciembre pasado, los senadores agregaron un transitorio “sorpresa” al dictamen, que ampliaría por dos años el mandato de los consejeros de la judicatura, incluyendo el del ministro Arturo Zaldívar, cabeza del Consejo, pero también de la Suprema Corte.

El transitorio a todas luces contraviene los artículos 97 y 100 de la Constitución federal, que establecen una duración de cuatro y cinco años respectivamente para los mandatos del presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Además, prohíben expresamente la reelección inmediata tanto de los consejeros como del presidente.

Pese a que los mismos legisladores reconocieron la contravención, votaron la extensión del mandato bajo el argumento de que la reforma judicial que estaban aprobando requería para su implementación del liderazgo de los consejeros y del presidente actuales.

¡Como si las leyes no fueran hechas, precisamente, para que las instituciones no tengan que depender de las personas!

Los riesgos del transitorio

¿Por qué es preocupante, en términos prácticos, ampliar el mandato de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y del presidente del Poder Judicial? ¿Cuál es el contexto?

Primero, porque por distintas circunstancias[2] en este sexenio fueron designados cinco de los seis los consejeros que actualmente integran el Consejo de la Judicatura, además del presidente, cuya elección, coincidió también con el inicio del mandato de López Obrador. Y también porque esto implicaría que el mandato de Zaldívar y el de cinco de los seis consejeros coincida con el tiempo en el cargo del presidente López Obrador, quien al parecer se siente muy a gusto con la composición del Consejo, pues celebró la decisión del Senado en la siguiente mañanera.

La pregunta que nos queda es cómo pagarían los consejeros y el presidente el regalo que se les pretender dar.

En un contexto en el que no solamente la Corte, sino también algunos tribunales tienen pendientes de resolución una gran cantidad de asuntos que buscan detener reformas o decisiones del Gobierno, quizás el Ejecutivo y su mayoría legislativa esperan que este regalo evite que el Judicial cumpla con su papel de contrapeso. Todavía más en este periodo electoral, en el que posiblemente la Corte tenga que resolver algún asunto en esta materia. Recordemos que el presidente del Consejo también encabeza la Suprema Corte, y que ampliar su mandato en un órgano amplía su periodo en el otro.

Como lo hemos detallado en otro momento, la reforma judicial prevé una gran concentración de poder en manos del presidente, que este transitorio no haría más que reforzar. No hay que subestimar el peso que puede llegar a tener Zaldívar en la definición del sentido de las resoluciones de la Suprema Corte; basta recordar la manera en que se desarrolló el proceso de aprobación de la consulta ciudadana propuesta por el Ejecutivo.

Ahora, es importante recordar también que, entre otras funciones, el Consejo es el órgano encargado de la selección, evaluación y sanción de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Podemos temer, y no seríamos paranoicos, que el Consejo tenga el incentivo de designar juzgadores a modo o de sancionar a aquellos que resultan incómodos a este gobierno. Es decir, aquéllos que emitan resoluciones contrarias a la visión o a los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Los límites de la reforma

No olvidemos que este transitorio se incluyó en una reforma judicial que saludó el presidente López Obrador durante su mañanera del 16 de abril, porque terminaría con viejos vicios en la selección del personal judicial, como el nepotismo y la corrupción.

En efecto, la reforma judicial tiene importantes virtudes. Sin embargo, es justo en los procesos de selección que señala López Obrador donde pueden identificarse algunas de sus debilidades.

Si bien se propone evitar que los nombramientos del personal judicial dependan de la decisión de jueces y magistrados, como ocurre ahora, resultaba deseable que se estableciera que el ingreso y promoción para todos los cargos de carrera judicial se realizara a través de concursos de oposición. Sin embargo, la Ley de Carrera Judicial expedida por el Senado todavía prevé que algunos puestos sean de libre designación[3].

Por otro lado, la Ley no define con precisión lo que se entiende por concurso de oposición, sino que deja que la Escuela Judicial defina cuántas y qué etapas tendrá cada concurso, las cuales podrán ser “exámenes orales, resolución de casos prácticos, audiencias simuladas o cualquier otro que permita evaluar la idoneidad de los candidatos”. Esta redacción deja un gran margen de discrecionalidad a la Escuela y al Consejo, lo cual permite la generación de concursos con dedicatoria y, por lo tanto, el desarrollo de actos de nepotismo y corrupción. Justo lo que nos prometieron que se evitaría con esta reforma judicial.

La puesta en escena del Senado

Si el escandaloso transitorio en sí mismo es cuestionable, también lo son las circunstancias en las que fue aprobado.

El 15 de abril, después de más de cuatro horas de sesión, los senadores nos ofrecieron una verdadera puesta en escena de tres actos:

Acto I: el senador Raúl Bolaños ingresa una reserva, que no fue publicada ni distribuida de manera oportuna, como lo señala el Reglamento del Senado de la República. El legislador tampoco toma la palabra para explicar su propuesta, que no se discute (lo que resulta lógico, ya que los demás legisladores no la conocían), por lo que, con la única base de la lectura del transitorio que los acaba de sorprender, se realiza una votación intempestiva. El primer acto alcanza su momento cúspide cuando en la última votación del régimen transitorio, se empiezan a escuchar gritos en el recinto legislativo, lanzados por un par de senadores de Movimiento Ciudadano, quienes intentan detener la votación, pero son ignorados.

El resultado: la aprobación del paquete de transitorios, incluido el frijolito en el arroz, por un total de 80 votos a favor, contra 25 y cuatro abstenciones.

Acto II: enseguida se arma la rebambaramba, pues varios legisladores denuncian lo que acaba de suceder. Algunos dicen que votaron algo sin conocer el contenido del transitorio, y otros acusan a Morena de orquestar una maniobra para aprobar algo en lo oscurito. Hasta una pancarta aparece en la grabación, refiriendo al ‘agandalle’queacaba de ocurrir.

Acto III: después de múltiples reclamos expresados por varios legisladores, Ricardo Monreal no duda en pedir la palabra y subir a la tribuna para defender el transitorio aprobado. Maniobra curiosa, considerando que minutos después, en la misma intervención, sostiene que Morena no presentó la propuesta y que él, de hecho, no la aprobó, porque ni siquiera estaba durante la votación. Eso no fue impedimento para que defendiera el transitorio como si fuera propio.

Fin de la ópera bufa.

Monreal cuestionó el profesionalismo de los legisladores que votaron sin conocer el contenido de lo que finalmente habían aprobado. También expresó que, cuando el PRI y el PAN tenían el poder, se repartían a manera de cuotas los cargos de magistrados federales en materia electoral y administrativa (¿nos da a entender que ahora les toca a ellos?). Incluso recordó que hace años se extendió el periodo en el cargo de los magistrados electorales (¿por qué tan mala práctica sería parte de una justificación?).

Como lo vimos en otras circunstancias, tal como la designación de la presidencia de la CDNH, el desaseo legislativo es patente y, en lugar de que los senadores busquen un proceso transparente y legítimo, consideran que el fin justifica los medios.

Pero, no sin cinismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó a sus compañeros legisladores que no dieran las cosas por perdidas, porque siempre tendrán oportunidad de revertir el voto en la Cámara de Diputados.

Y efectivamente, pronto los diputados decidirán si son cómplices en este embate a la independencia judicial o si deciden protegerla. Ellos no podrán decir que no sabían lo que estaban votando. Los exhortamos a que actúen con responsabilidad y sean congruentes con lo que exige el Estado de derecho y la división de poderes. 

El silencio incómodo de Zaldívar

Finalmente, frente a la sorpresiva aprobación del escandaloso transitorio, el silencio de Zaldívar es ensordecedor y dice más de lo que parece.

Quien dio la cara esta vez fue el Consejo de la Judicatura Federal, que hizo un pronunciamiento institucional a través de un comunicado que se publicó esa misma noche en Twitter, en el que aclara que, si bien los proyectos de leyes fueron elaborados por el Poder Judicial de la Federación     , éstos no contemplaban el artículo transitorio.

Por otro lado, el CJF enfatiza que su objetivo es que “sean aprobadas leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que consoliden su autonomía e independencia”, y aplaza su pronunciamiento “toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso”.

Esto, sin embargo, no corresponde con el ‘talante’ reciente del mismo Poder Judicial, que el pasado 30 de noviembre de 2020 publicó un comunicado para agradecer al Senado la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, y declaró confiar en que los diputados “se sumarán a este esfuerzo”.

Esa mesura en las redes sociales que pide respeto a la división de poderes tampoco está precisamente en línea con la actitud del presidente Zaldívar, quien publicó el 27 de noviembre un mensaje en el mismo sentido…

Si bien no se espera que Arturo Zaldívar realice un posicionamiento en su papel de juzgador y se pronuncie sobre la constitucionalidad del tema, bien pudo recordar que su encomienda como presidente de la Corte fue resultado del voto de sus pares (y no del Senado), y que éstos le eligieron por cuatro años.

Además, no es que no conozcamos la postura que fijó en distintas ocasiones sobre temas similares que conoció como ministro, y que esperamos que no cambie ahora que él es el destinatario del regalo.

El primer asunto corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 20/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la cual impugnó los artículos transitorios de una reforma constitucional, que alargaba el periodo de los magistrados en funciones. En ese caso, la Suprema Corte resolvió por unanimidad (incluyendo el voto de Zaldívar) que tal ampliación al cargo era inconstitucional por contravenir el plazo previsto en la Constitución de Morelos, y por vulnerar los derechos de seguridad jurídica y de acceso al cargo de las personas que cumplían los requisitos para ser candidatos.

Otro ejemplo es la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016, promovidas por Morena en contra del decreto que prorrogaba la duración en el cargo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque la Suprema Corte finalmente reconoció la validez de dicho decreto, Zaldívar votó en contra, argumentando que al artículo transitorio era inconstitucional ya que se pasaba por alto el procedimiento legal de nombramiento de los magistrados y se vulneraban los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley. Por otra parte, no se olvida que en una de sus intervenciones mencionó que dicho artículo constituía una intromisión externa que se prestaba a suspicacias, y que en tal sentido generaba “una apariencia de falta de independencia”.

El tiempo nos dirá si Zaldívar pasará a la historia por su estatura democrática y por ser el presidente de la Corte que rechazó el burdo intento de los senadores por comprarlo, o si será recordado como el presidente que sucumbió al canto de las sirenas.

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[1] En días pasados, el presidente de la Junta de coordinación política afirmó que se iban a realizar sesiones de análisis de las que nunca se supo nada. El Senador Emilio Álvarez Icaza en la sesión plenaria del 15 de abril de 2021 denunció que no se escucharon a organizaciones civiles y académicos.

[2] Como ya lo señalamos, cuando fue concebido el Consejo de la Judicatura Federal, sus integrantes debían renovarse de manera escalonada, pero por deceso o el retraso del Senado en designar los sustitutos de consejeros que habían terminado su encargo, en 2019, se renovó casi completamente el Consejo. Uno fue designado por el titular del Ejecutivo, dos por la mayoría legislativa en el Senado y otros dos por el Pleno de la Suprema Corte.

[3] Los secretarios proyectistas de juzgados y tribunales y, en general, los funcionarios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.