Edna Jaime

El Presidente electo busca gobernar con dos brazos fuertes: una Secretaría de Gobernación súper poderosa y una Secretaría de Hacienda a la que se le pretende dotar de más atribuciones a las inmensas que ya posee. Dos supersecretarías para gobernar un México que en años recientes adoleció de una gobernabilidad muy complicada por la creciente fragmentación del poder, luego del desmantelamiento de los mecanismos de control del viejo sistema político.

La esencia de las propuestas de reforma a la administración pública federal que propone Enrique Peña Nieto tienen este espíritu: reconfigurar el poder en el país. Intentar recoger los cachitos sueltos para darle coherencia a la política y a las políticas públicas que se desplieguen en temas diversos empezando por el más grave e importante de todos: la seguridad. Luego de varios años de estrategias que se quedaron cortas en sus resultados y de recurrir siempre al argumento de “la culpa la tiene el de al lado”, a muchos mexicanos les debe sonar atractivo que llegue alguien a hacerse cargo. Que dos factótums en el mapa de la administración pública federal tomen las riendas y pongan orden.

La centralización del poder y las decisiones en pocas manos, sin embargo, entrañan riesgos. Nadie mejor que nosotros mismos para palparlo. Nuestro pasado, los años en que el PRI fue gobierno, están plagados de historias, de abusos que justamente fueron resultado de un poder que no encontró contrapesos ni controles efectivos. Podemos añorar la eficacia de gobiernos de ese entonces, pero no sus excesos. Por eso los sacamos del poder. El problema es que hoy, que retornan la Presidencia de la República, México es muy distinto, pero sus formas de gobierno no necesariamente funcionales. En 12 años de gobiernos panistas no se pudo construir un sistema de gobierno que pudiera dar un marco de interacción eficiente a una realidad de poder fragmentado.

En el tema particular de seguridad, esta realidad es patente y costosa. La evidencia apunta a que esta crisis de violencia y crimen hubiera sido menos severa, si las estructuras de gobierno encargadas de atenderlo hubieran tenido mecanismos de comunicación y coordinación efectivas. En aquellos lugares en que la violencia se ha contenido se cumple la condición: los gobiernos de los distintos ámbitos se comunicaron y pudieron dar una cara común al crimen. La cara del Estado mexicano y no sólo la de una de sus partes.

Esta lógica lleva al Presidente electo a proponer que la Secretaría de Gobernación reasuma las funciones de seguridad interior. El instrumento vigente para facilitar la cooperación entre instancia y ámbitos de gobierno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, está rebasado. Un mecanismo de coordinación como el que supone no puede subsanar, es imposible que lo haga un federalismo que no funciona y un pacto fiscal que genera incentivos perversos e irresponsabilidad de actores locales. Por eso, cuando el equipo del Presidente electo argumenta que el tema de seguridad es también (e incluso consecuencia de) un problema de gobernabilidad, tiene razón. Lo que preocupa es la manera en que busca darle remedio.

La decisión del entonces presidente Fox de separar la seguridad pública del ámbito de atribuciones de la Secretaría de Gobernación debió tener una motivación. Pienso que había un interés genuino por profesionalizar a las policías y extraerlas de la lógica de control político a la que habían estado subsumidas (sería interesante conocer la opinión del ex presidente en torno a lo que hoy se propone). Lo que parece que no hubo fue un entendimiento de lo que la derrota del PRI implicaba y cómo eso dislocaba los mecanismos que habían hecho a México gobernable por tanto años. El cambio en la Secretaría de Gobernación no estuvo inscrito en un planteamiento mayor, en el diseño de una nueva arquitectura institucional para el país que sustituyera las reglas y los mecanismos de control político del régimen anterior. Sin uno y sin lo otro, nos quedamos en una especie de desamparo institucional.

México hoy tiene instituciones —sería necio no reconocer los avances—, pero son insuficientes. Seguimos con un desfase entre la realidad política que es de una gran fragmentación del poder e instituciones, que no enmarcan en un todo coherente esa fragmentación.

La fórmula del Presidente electo para lidiar con esta realidad se revela en las iniciativas propuestas en estos últimos días. Busca mecanismos para restaurar una gobernabilidad efectiva a través de la concentración de atribuciones y poder en dos de sus secretarías. Dotarlas de atribuciones e instrumentos que recuperen para el Ejecutivo parte del terreno perdido. No sería descabellado que en los próximos días se anuncien cambios en otros ámbitos, como en la política social, que sigan esa misma dirección. Quizá muchos mexicanos votaron teniendo esta expectativa. Dejar el Montessori, para regresar al mando vertical. Yo sólo espero que el próximo Presidente tenga el talante y la visión para tomar los hilos de poder necesarios, para acabar de conducir la transformación por la que el país necesita transitar. Sólo el tiempo lo dirá.