Quizá el lector ya no recuerde que antes de tomar posesión, el presidente Peña anunció un paquete de iniciativas entre la que se encontraba la constitución de un nuevo órgano anticorrupción. El planteamiento recogía un sentimiento de agravio compartido por los mexicanos al constatar que el uso indebido de atribuciones y recursos en la administración pública sigue siendo extendido y mayoritariamente impune. A la iniciativa original del Presidente, le siguieron propuestas de otras fuerzas políticas sin que a la fecha exista un dictamen al respecto.

La realidad es que la propuesta original no partía de un diagnóstico completo del problema de la corrupción y de la falta de eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas con que contamos. Sin ese debido fundamento, la propuesta original y las que se han sumado no atinan en hacer un planteamiento coherente, incisivo, que realmente fortalezca el sistema de rendición de cuentas en el país. El problema es que al estar buscando la cuadratura a este círculo hemos perdido el enfoque y la oportunidad de fortalecer nuestros mecanismos de rendición de cuentas en aspectos menos grandilocuentes, pero efectivos para nuestra coyuntura. Ofrezco algunas ideas sobre las que nuestros legisladores podrían elaborar, para que en lugar de incitarnos a tomar las calles por una propuesta fiscal que nos resulta ofensiva, cumplan con su papel de contrapeso en el control del gasto.

La primera está relacionada con la enorme discrecionalidad con que la Secretaría de Hacienda realiza las adecuaciones al presupuesto aprobado por el Legislativo. Las modificaciones son tales, que el proceso de presupuestación y aprobación parecerían irrelevantes al momento de asignar el gasto. La Secretaría de Hacienda está legalmente facultada para hacerlo. Cuenta (y es entendible) con los márgenes para hacer ajustes si las condiciones del entorno cambian. Sin embargo, las adecuaciones son tan amplias que ameritan ser explicadas y monitoreadas a través de esquemas que hoy son inexistentes. Si los diputados asumieran su papel de contrapeso a cabalidad, habrían ya planteado mecanismos de rendición de cuentas sobre estas adecuaciones que quedan a  completa discreción de la autoridad hacendaria.

La segunda recomendación apunta a la necesidad de conocer el Informe de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con más oportunidad. El informe contiene análisis sobre el ejercicio del gasto, pero también sobre el desempeño y resultado de programas, como lo es Oportunidades, Procampo y los cientos que existen en el catálogo gubernamental. Esta información debería servir de insumo para la toma de decisiones en materia de asignación de gasto, si el Ejecutivo y el Legislativo se tomarán en serio la idea de presupuestar basándose en evidencia de desempeño. Lamentablemente en la actualidad esta información llega a manos del Congreso con un rezago de 14 meses, cuando la práctica internacional recomienda seis. En los próximos días, cuando se discuta el Presupuesto de Egresos 2014, los diputados contarán con el informe 2011. Casi irrelevante para nutrir su discusión. Legislar para acotar tiempos y ceñirnos a las mejores prácticas internacionales en esta materia, me parece un imperativo y una medida factible y operable en el corto plazo.

El tercer punto se relaciona con la transparencia y la evaluación de los programas públicos. Porque, aunque el lector no lo crea, existe un número importante de ellos que no cumplen con requisitos básicos de transparencia sobre objetivos, reglas de operación y selección de población beneficiaria. Mucho menos cuentan con evaluaciones o indicadores de desempeño a los que están obligados por ley. Por información de la ASF sabemos que 30% de los programas presupuestarios no cuentan con indicadores para rendir cuentas sobre su desempeño, ¿no deberíamos comenzar por aquí?

Por último, los legisladores deberían dejarse ayudar por organizaciones de la sociedad civil en un ejercicio que se conoce como contraloría ciudadana o rendición de cuentas social. Lo que instituciones civiles de distinta naturaleza realizan cuando  evalúan, analizan, monitorean actividades y resultados de la actividad gubernamental. Mucho ayudarían los legisladores si detienen la iniciativa que reduce las deducciones de donativos que particulares realizan a organizaciones civiles que desempeñan esta labor. De lo contrario, estarían  matando una modalidad de control ciudadano de la actividad gubernamental que promete robustecerse y convertirse en un contrapeso real.

Queda muy poco tiempo para hacer algo importante para mejorar los controles al gasto, la rendición de cuentas y el control de la corrupción, antes de que se consume la aprobación de un proyecto que implica un incremento sustancial de gasto. Olvidémonos en las siguientes semanas de proyectos faraónicos como la comisión anticorrupción y trabajemos en aquellos aspectos susceptibles de cambio que podrían impactar el control del gasto y la rendición de cuentas en el corto plazo. No queremos que los legisladores se solidaricen de palabra. Queremos que actúen en el desempeño de su función.