Edna Jaime / El Financiero
Hace unos días, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en un discurso en Ciudad Juárez que “la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.

Y en esto tiene toda la razón.

Esta frase que tiene tanta potencia debería ser el eje rector en sus esfuerzos por pacificar al país. No hay paz sin justicia, cierto. Pero tampoco hay justicia sin un sistema penal que funcione. Y este es el quid del asunto.

Precisamente esta semana presentamos el documento “Hallazgos 2017” sobre el desarrollo del sistema de justicia penal en el país.

Ese sistema, al que hasta hace poco llamábamos “nuevo”, tiene ya diez años en formación y consolidación.

Es una historia que comenzó en 2008 con la reforma más importante que se haya dado en la materia y que hoy no termina de concretarse.

La aspiración de todos los mexicanos hoy es la misma que en 2008: un sistema que le dé a cada persona la posibilidad de acceder a la justicia.

Desde hace varios años, en CIDAC, y ahora en México Evalúa, nos hemos dado a la tarea de analizar los pasos que México ha dado en la construcción de ese sistema.

Quisiera destacar algunos aspectos dentro de los muchos que presenta el estudio.

Primero, la consolidación del nuevo sistema está lejos de haber concluido y en algunos aspectos ha sido dejado a sus suerte. En el 2016 desapareció el órgano implementador que dio cierta coherencia al proceso de implementación. Después de esto, nada ha sustituido esta figura.

Es fundamental recuperar a las instancias técnicas coordinadoras, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Tener una instancia específica que dé coherencia a los esfuerzos de las instituciones del sistema de justicia es una necesidad apremiante para mejorar tanto la planeación como la implementación a nivel local y federal.

Segundo, hace falta personal suficiente y capacitado.

Hoy que se debate mucho sobre el número y salario de los servidores públicos federales, hay que decir que en el caso del sistema de justicia simplemente no hay gente suficiente ni con toda la capacitación que se requiere, ni con una remuneración adecuada.

Para darnos una idea de lo que este déficit de personal implica, en Nuevo León un defensor público lleva 854 asuntos en promedio.

¿Se pueden imaginar lo que significa que tu libertad esté en manos de un abogado que tiene otros 853 casos?

Por si fuera poco, sólo en 36 por ciento de las instituciones estatales de justicia existe un servicio profesional de carrera operando.

 Tercer hallazgo que me gustaría destacar: faltan recursos económicos.

Los fondos públicos para seguridad y justicia terminan yéndose más hacia la primera palabra, hacia la seguridad, y dejan la justicia a un lado.

Por ejemplo, de cada 100 pesos gastados en 2017 en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), sólo 6.4 pesos fueron para el desarrollo del Sistema de Justicia Penal.

Y de cada 100 pesos de la partida Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), 4.6 pesos se invirtieron para el sistema de justicia.

Un cuarto hallazgo es el bajo desempeño de muchas fiscalías en el país.

 El documento encuentra que hay un mayor número de carpetas de investigación en trámite, pero una muy baja efectividad institucional para darles solución. No existen capacidades de investigación efectivas. Mejor dicho, no hay capacidades de investigación a secas.

Esto es un factor que explica que en la mayoría de las entidades federativas analizadas haya una impunidad generalizada.

Lo que es un hecho es que tenemos que enfocarnos en la operación diaria del sistema de justicia penal, realizar cambios a las instituciones y fortalecer a los operadores con el fin de desarrollar capacidades y competencias.

Esto me parece muy importante, sobre todo en el contexto de la discusión de la Reforma al artículo 102 constitucional y de la Fiscalía General autónoma.

Este debate nos debe hacernos plantear una pregunta fundamental: ¿queremos darle autonomía a una institución que no funciona?

Por alguna razón han sido más fuertes los intereses que promueven el estatus quo que la creación de una fiscalía y de un sistema de justicia que sirva.

Mientras no rompamos esa inercia, la sociedad seguirá viendo cómo, en los casos grandes y pequeños, el aparato de justicia sigue sin funcionar en nuestro país.

Y tiene razón López Obrador, sin justicia no hay paz ni reconciliación. El gran problema es que está generando una expectativa a la que no tiene con qué responder.