Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

Lamento mucho que haya caído sobre el profesor Sergio Aguayo toda la mugre de nuestro sistema de justicia. No necesito relatar los hechos, que son del todo conocidos. Sólo subrayo que Sergio ejerció su derecho a opinar, como lo hacemos muchos mexicanos a través de distintas tribunas, y que ese derecho está protegido en nuestras leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra en este asunto, que nunca debió de haber llegado tan lejos.

Este caso enseña distintas cosas, todas preocupantes. En principio, la prevalencia de la impunidad, que fue precisamente el tema-eje de la columna periodística que le valió la demanda a su autor. En segundo lugar, que nuestros juzgadores no siempre actúan conforme a la ley y que los mecanismos de control y disciplina de las judicaturas no siempre son efectivos. Y tercero, la amenaza que se cierne sobre nosotros si se legisla en materia penal bajo la lógica de que la efectividad está reñida con la protección de derechos. Lo digo de nuevo: lamento que el caso de profesor Aguayo nos dé tantas lecciones a costa de su propia tranquilidad.

Comienzo con la impunidad. En este país es casi total. No hay sanción para el corrupto y el delincuente. Las instituciones son débiles o convenencieramente omisas ante los infractores. El artículo de opinión que provocó la demanda legal señala a Humberto Moreira como corrupto y omiso ante atrocidades que ocurrieron en Coahuila durante su periodo de gobierno. Entiendo los argumentos de Aguayo porque he leído lo que ha escrito y documentado sobre la violencia en el estado desde entonces a la fecha. Y lo que ahí sucedió es indecible. Pongo una pieza de evidencia sobre lo que él documentó: el penal de Piedras Negras como campo de exterminio particular del grupo criminal que lo tenía bajo su control, con la anuencia u omisión de las autoridades de distintos niveles. Si en algún momento se abriera en este país un genuino proceso de búsqueda de la verdad y la justicia, difícilmente Humberto Moreira saldría bien librado. Mucho nos falta para llegar ahí.

El punto es que, en nuestro contexto, el trabajo analítico y periodístico y los espacios que hay para la expresión de la opinión son los únicos reductos para dar a conocer realidades que las instituciones esconden o resguardan. Por eso es tan importante cuidar y proteger estos espacios de libertad. Sin ellos el país entraría en una profunda oscuridad.

El segundo tema es la justicia. Es un secreto a voces que nuestros juzgadores hacen de las suyas, sobre todo en el ámbito estatal. Hay muchos intereses filtrados entre ellos, que los hacen perder la imparcialidad. Y el gobierno judicial y los mecanismos disciplinarios son insuficientes o están capturados. Hay desconfianza en los jueces por parte de los usuarios de los servicios de justicia y también entre los ciudadanos, y esa desconfianza no es infundada. Casos como éste nos recuerda la necesidad de reformarlos. Pero también de mantenerlos alejados, blindados de los factores de poder a los que deben, eventualmente, juzgar y controlar. Por eso es tan importante que estos temas estén en la agenda del ministro presidente Zaldívar. Creo que pronto conoceremos su propuesta, a nivel de la justicia federal. Y sería muy importante observar si ésta desplaza a las propuestas que se le adjudican al fiscal general, que buscan crear un mecanismo para sancionar penalmente a jueces en un esquema que podría desvirtuarse y comprometer la independencia judicial. Lo que está en juego es algo bastante grande: el equilibrio de poderes, nada más.

Por último el caso del profesor Aguayo nos presenta los riesgos de debilitar nuestros derechos frente a la autoridad. He hablado ya en otras columnas sobre el riesgo del arraigo para todos los delitos; el de validar pruebas obtenidas de manera ilícita en un juicio, entre otros despropósitos. Me ha faltado mencionar el riesgo que implica para la libertad de expresión llevar al código penal, de nuevo, asuntos como la difamación. Lo reitero: el caso que hoy nos ocupa podría estar poniendo al profesor Aguayo al borde de la prisión, si aquella adición al código penal prosperara. Esa amenaza nos callaría a todos.

Me alegra que este caso haya ameritado múltiples muestras de apoyo a Sergio y un rotundo rechazo hacia cualquier iniciativa que pretenda ser una mordaza. Porque la indefensión del profesor Aguayo puede ser la de todos. Espero constatar que no estamos desprotegidos.