Edna Jaime (@EdnaJaime)| El Financiero

Al momento de escribir estas líneas, es todavía incierto si se logrará aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en la sede alterna instalada con ese propósito. La verdad, nos habíamos desacostumbrado a los forcejeos propios de una discusión legislativa de esta naturaleza. En el pasado se encontraron caminos para apaciguar la disidencia. En esta ocasión, el presidente no quiere ceder. Busca la aprobación del presupuesto en los términos en que lo presentó ante los diputados.

Los legisladores, sin embargo –incluso los de su bancada–, no se hacen a la idea de dejar ir un pedacito de pastel para poder granjearse al electorado en una próxima elección. Y en otra trinchera toman posiciones los intermediarios políticos, herencia del viejo corporativismo mexicano, que tampoco quieren que se les acabe el negocio y ejercen resistencia por la vía del bloqueo a la actividad legislativa.

Para cambiar las inercias del gasto público se necesita un presidente muy fuerte. Y lo tenemos. Cuenta, además, con los números para aprobar su propuesta de egresos sin el voto de la oposición. Más adelante habrá oportunidad de analizar lo aprobado, pero lo que quisiera resaltar ahora es la enorme oportunidad que tiene el presidente de liberar segmentos importantes del gasto público que han permanecido capturados durante décadas por ciertos grupos con peso político.

Me refiero particularmente a aquéllos, como las organizaciones campesinas que hoy se manifiestan, que toman dinero del erario para repartirlo a conveniencia. Los sobrevivientes del corporativismo mexicano que, usando el chantaje, han transitado con cabal salud entre las distintos cambios de gobierno. Con lo que queda de ello, el presidente López Obrador no está dispuesto a transigir. Por eso, la Cámara está tomada y la discusión y aprobación del paquete presupuestal se realiza en sede alterna en medio de una alta incertidumbre.

Tiene razón el presidente López Obrador cuando descalifica a estos grupos y los acusa de quedarse el dinero que debería destinarse a la gente. Son organizaciones que han recibido cuantiosos recursos a lo largo de los años –décadas– sin generar valor para la actividades del campo ni mejorar la vida de los que lo trabajan. Esto es, no han tenido impacto en la productividad ni en el abatimiento de la pobreza rural. Esto es un pedazo de evidencia que explica por qué tenemos una distribución del ingreso tan desigual en este país y por qué el gasto público no ha hecho una diferencia sustantiva en esa brecha. Los recursos han generado valor político, pero no valor social o económico.

Por eso, me gusta que el presidente López Obrador se ponga al tú por tú con estos grupos, aunque también hay que reconocer que escoge con cuidado sus peleas. No tiene la misma actitud con los sindicatos magisteriales, por ejemplo, a los que también se les podría señalar por desviar, para su actividad política, los recursos que deberían estar en el aula.

Y éste es el punto al que quería llegar. Los instrumentos redistributivos con los que el Estado mexicano ha querido paliar la desigualdad han sido muy malos, en buena medida por su captura.

Hace ya algunos años México Evalúa publicó un trabajo de evaluación de los principales programas de los que se compone el portafolio de lo que podría considerarse la política social del Gobierno federal. Programas y subsidios cuyo objetivo era paliar la pobreza y cerrar brechas de desigualdad. Los hallazgos de dicho estudio fueron devastadores. Tales instrumentos no paliaban la desigualdad: la intensificaban. Las transferencias y subsidios, se probó, acababan beneficiando más a las personas y hogares con más recursos. Vaya, para decirlo en corto: la política redistributiva ampliaba la desigualdad.

Dicho lo anterior, hay que aceptar que el presidente tiene razón cuando afirma que lo que teníamos no sirvió para mitigar la pobreza y desigualdad. Ojalá repare en el hecho de que la inefectividad tiene su origen en la captura de estos recursos por parte de grupos que nacieron en los años del priísmo que tanto alaba, hecho que no fue corregido por los gobiernos que le sucedieron. Eso también hay que señalarlo.

El presidente tiene que resistir la presión de estos grupos, pero también calibrar los instrumentos redistributivos que ha elegido para cumplir con su promesa de “primero los pobres”. Porque si quiere tener resultados, el Estado mexicano tiene que ser refinado. Escoger los instrumentos y mecanismos correctos para lograr su fin. El nuevo portafolio de programas redistributivos de la administración ofrece una esperanza, pero son rudimentarios en su diseño y quizá también muy cortos en su alcance. Ya lo veremos.

¡Vaya decepción si el presidente no logra influir en estas variables! Se percatará entonces que la voluntad no alcanza para transformar realidades.