Resistir la campaña del castigo

Karen Silva y Monserrat López / Animal Político

Como en cada periodo electoral, hay una gran expectativa sobre las propuestas que los candidatos plantearán para abordar los principales problemas en la agenda pública. Sin duda, un común denominador en el discurso político será la promesa de más severidad en el castigo -entendido como prisión- a aquellas conductas que son consideradas indeseables o que representan una preocupación social importante.

En México 61% de la población considera que la inseguridad y la delincuencia son el problema más importante que aqueja a su entidad, mientras que el 30% cree que es la corrupción^[i]. En este contexto, no sorprende que -sin haber iniciado oficialmente las campañas- se escuchen voces de pre-candidatos aclamando la pena máxima como “la mejor propuesta” para combatir la inseguridad, bajo una lógica de “sanciones ejemplares”^[ii], o que ofrezcan crear “una cárcel especial para corruptos y criminales”^[iii], o que grupos políticos promuevan la cadena perpetua[iv] e incluso la pena de muerte (a pesar de estar prohibida por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales firmados por México).

Esta tendencia, conocida como populismo punitivo o populismo penal, parte del falso supuesto de que implementar mayores penas o endurecer más el sistema penal permite reducir los delitos. Bajo esa concepción, el aumento en las penas se utiliza como instrumento político, ya sea para ganar electores o para generar la sensación de que “algo se está haciendo”.

Como resultado de la politización y uso electoral del sistema penal, el ordenamiento jurídico en México presenta una tendencia cada vez mayor al uso del castigo para prevenir el delito. Esta expansión de lo penal se ha manifestado en dos dimensiones:

• Un aumento de las conductas consideradas delictivas. Por ejemplo, en el Código Penal Federal se prevén actualmente alrededor de 600 conductas delictivas, cuando en 1931, fecha en que se publicó el texto original, existían aproximadamente 290. Es decir, desde la creación del Código Penal, el número de conductas que son consideradas delitos prácticamente se ha duplicado -sin contar los códigos estatales y las leyes especiales-.
• Mayor severidad de las penas de prisión, lo que ha resultado en que hoy existan delitos que pueden alcanzar penas de hasta 140 años de prisión.

A primera vista, lo anterior puede parecer una respuesta fácil y poco costosa para resolver problemas sociales como la inseguridad, pues no se requiere del estudio ni la comprensión de las causas estructurales que generan la delincuencia. Sin embargo, diversas investigaciones han demostrado que este tipo de políticas se han convertido en un aparato selectivo y de marginación social, afectando desproporcionadamente a un grupo específico: hombres jóvenes provenientes de sectores económicamente marginados.^[v]

No existe evidencia que demuestre que el aumento en las penas disminuye la incidencia delictiva o contribuye siquiera a mejorar la percepción de inseguridad. De hecho, los números apuntan hacia otra dirección. Desde que inició el levantamiento de la ENVIPE, la percepción de inseguridad ha ido en aumento, llegando a su punto máximo en 2017 (74%). Por otro lado, en los últimos 17 años, la incidencia delictiva nacional ha presentado un aumento de un 22.4%, destacando el caso de los homicidios dolosos. Para 2017 el Secretariado Ejecutivo reportó la tasa de homicidios dolosos más alta desde que se tiene registro, con 20.51 homicidios por cada cien mil habitantes.

Por otro lado, dentro de la población privada de la libertad en 2016^[vi], el robo fue el tipo de delito más frecuente y con mayor incidencia respecto a los demás delitos del fuero común. En 2015 el robo común representó el 36% de los delitos, 35% en 2016 y 36.7% en 2017^[vii]. Entonces, ¿la prisión está contribuyendo a disminuir los delitos? Los datos indican que no es así.

Además de sus incentivos perversos, el enfoque punitivo es también problemático puesto que parte del supuesto de que el sistema de justicia penal funcionará de manera óptima, es decir, que logrará una aplicación eficaz y eficiente de los castigos. En realidad, sucede lo contrario.

En México Evalúa-CIDAC hemos evidenciado que, a pesar de que la reforma de justicia penal del 2008 se encuentra ya en operación, el sistema cuenta aún con deficiencias institucionales que le impiden generar resultados eficaces. Del total de delitos ocurridos, el 93.6% no son denunciados^[viii]. Las procuradurías están acumulando grandes cantidades de casos rezagados (alrededor del 50%), los poderes judiciales tienen importantes cuellos de botella y las policías se encuentran en un estado crítico de capacidad institucional.

Si queremos candidatos que se tomen en serio el futuro del país, como votantes, nos corresponde resistir la tentación de “comprar” el castigo como la panacea para los problemas que más pesan a los mexicanos; como el sanalotodo social. Acudir a lo penal sin valerse de otros mecanismos solo evidencia la incapacidad para diseñar soluciones integrales. Hacer leyes que nunca se van a cumplir es sólo simulación y demagogia.

Antes de incentivar y cultivar el temor de una sociedad que se asume como una potencial víctima, busquemos propuestas que ofrezcan educación para una mayor comprensión del sistema de justicia penal. Antes de valerse de la dureza de las penas en el papel, impulsemos el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, justicia y las políticas de reinserción social. Antes de acudir a la represión, exijamos el fomento de mecanismos alternativos que procuren restaurar las relaciones entre los miembros de la comunidad. Antes de prometer encerrar a nuestros jóvenes en prisión, demandemos el desarrollo de condiciones para superar su situación de desventaja y marginación.

* Investigadoras del Programa de Justicia de México Evalúa

^[i] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2017)

^[ii] En pre-candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, afirmó que la pena máxima de prisión y el retiro de bienes, propuesta por José Antonio Meade, precadidato de su partido a la Presidencia, es la mejor para combatir la corrupción.

^[iii] Margarita Zavala declaró en sus redes sociales que si Meade y AMLO piensan perdonar a los criminales, en “su gobierno” ella no lo hará y creará una cárcel especial para ellos.

[iv] Una de las principales banderas políticas del Partido Verde Ecologista de México es la aprobación de la “cadena perpetua” a secuestradores, además de defenser la pena de muerte.

^[v] Para explorar más el tema, leer a Catalina Pérez Correa aquí.

^[vi] Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (2017)

^[vii] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Incidencia del Fuero común.

^[viii] Cifra negra para los delitos ocurridos en 2016 (ENVIPE 2017)