Reporte de responsabilidad social corporativa I
Hacia la transformación de las Empresas Productivas del Estado
Por Viviana Patiño Alcalá
El rol de las empresas en la sociedad y su papel en la construcción de un mejor entorno siguen sin estar claramente delineados. Es cierto que se ha avanzado hacia lo que de manera más o menos clara puede concebirse como un modelo de empresa responsable. Sin embargo, las carencias en torno a la delimitación conceptual, construcción de métricas, metodología de evaluación y comparabilidad y progresividad de los indicadores todavía entorpecen la obtención de conocimiento avanzado.
Así, conceptos como el de la responsabilidad social corporativa, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y el modelo de valor compartido fueron creados para enunciar mejor inquietudes como ¿es suficiente lo que exigimos de las empresas, dada la actual crisis climática y social, y la urgencia por avanzar en la transición energética?, ¿tendrían las empresas alguna obligación de cara a la sociedad, además de generar rentabilidad en sus actividades comerciales?, ¿es posible detonar valor para los accionistas y a la vez resolver problemas sociales o medioambientales?
Desde México Evalúa revisamos, a la luz de los criterios ESG, la responsabilidad corporativa de las empresas productivas del Estado (EPE): Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2021 y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2022. De esta experiencia aprendimos que las EPE son un factor clave para la consecución de una transición energética justa en México, pero su participación depende de que estas empresas diseñen e implementen una estrategia adecuada de responsabilidad corporativa, vinculada con la generación de valor en beneficio de sus principales accionistas, esto es, de todos los mexicanos.
El presente trabajo es la continuación de esa búsqueda de los mejores estándares y metodologías, con miras a contribuir a las estrategias de negocios de Pemex y CFE. En específico, la serie de ensayos que aquí comienza pretende señalar un camino para alinear las actividades comerciales y no comerciales de estas empresas con el principio de la sustentabilidad[1], en el contexto, insistimos, de una transición energética efectiva y justa. Lo que debería obtenerse en tal camino son mercados energéticos más eficientes, con tecnologías y soluciones más limpias, innovadoras y responsables con la sociedad y con el medioambiente.
Sirva esta entrega para abrir la conversación y para definir algunos conceptos, preguntas y críticas básicas.
La responsabilidad social corporativa
Si bien el papel moral de las empresas en la sociedad ha sido debatido durante siglos, la responsabilidad social corporativa (RSC) es una propuesta relativamente moderna, que puede ser rastreada hasta 1953, año en que Howard R. Bowen, considerado ‘el padre de la RSC’, publica Social Responsibilities of the Businessman. Es relevante retomar el concepto original, pues las preguntas que se hizo Bowen continúan vigentes:
- ¿Cómo pueden contribuir las empresas al bien común? ¿Qué responsabilidades tienen con la sociedad?
- ¿Qué beneficios podrían derivarse de una adopción más entusiasta de estas responsabilidades?
- ¿Qué pasos concretos podrían darse para alentar a las empresas a incorporar estas responsabilidades en su toma de decisiones?
Según la primera conceptualización de Bowen, la RSC “se refiere a la obligación de los empresarios de buscar aquellas políticas, tomar aquellas decisiones o seguir aquellas líneas de acción que son deseables en términos de los propósitos y valores de la sociedad”. Aunque, como señalan Abagail McWilliams, Donald S. Siegel y Patrick M. Wright (2006), no hay un fuerte consenso en torno a una definición de RSC, en un sentido amplio Deal la define (2014) como “la obligación moral y empírica de los participantes del mercado de considerar el efecto de sus acciones en los resultados colectivos o sistémicos y, a continuación, de regular su comportamiento para contribuir a que haya congruencia entre éstos y las expectativas sociales”.
Queda claro que no existe una sola manera de concebir la RSC, pero los mercados y sus características pueden ser un buen punto de partida para una definición. Por ejemplo, este tipo de responsabilidad puede verse como el alineamiento del interés individual y el colectivo para el adecuado funcionamiento del mercado, lo cual plantea un punto interesante. Por un lado, se podría entender que los participantes del mercado no tienen por qué considerar el impacto –o daño al medio ambiente y a la sociedad- de sus acciones, pues en un mercado bien diseñado –con intereses alineados per se–, tanto proveedores (oferentes, usualmente empresas) como consumidores (demandantes, usualmente individuos) pueden perseguir sus propios intereses sin repercusiones adversas y en condiciones de eficiencia, esto es, sin desperdiciar recursos. Bajo este punto de vista, la única responsabilidad de las empresas es la de crear valor para sus accionistas, en línea con lo que Adam Smith citaba como la mano invisible del mercado y la visión tradicional de un mercado capitalista, al modo de Milton Friedman (1970).
Por otro lado, es cierto que los mercados no siempre funcionan de manera adecuada. En este escenario, contrapuesto al pensamiento de Adam Smith, donde no hay garantía de que los intereses individuales se alineen con los colectivos, la RSC reflejaría la necesidad ante la que las empresas deben estar atentas a las problemáticas de la población para regularse de manera voluntaria y cumplir con ellas.
Procurando, entonces, dar con una definición realista y concisa, la RSC consiste en un mayor compromiso de las empresas con la sociedad y con el medioambiente, al tiempo que persiguen sus intereses particulares. Lo anterior es generalmente aceptado, aunque al ir más allá de esta idea se pierde el consenso: los diferentes entendimientos sobre cómo una sociedad político-económica debe estructurarse, relacionarse y comportarse generan diferentes visiones sobre la idoneidad en la materialización de la RSC. Por tanto, conviene concebirla en un nivel general, como un paraguas: un espacio común que resguarda diferentes intereses.
Esta concepción de responsabilidad implica que las empresas vayan más allá de lo estrictamente exigido por la ley aplicable (o por su necesidad de ser rentables). En este sentido, Carroll (1991)[2] estructura una suerte de ‘pirámide de la RSC’, que mostramos en la siguiente figura. Según esta autora, la RSC puede dividirse en cuatro niveles o componentes de las responsabilidades de una empresa: filantrópico, ético, legal y económico.
Lo cierto es que la RSC tiene una presencia cada vez más relevante en los mercados. La demanda de información no financiera ha aumentado considerablemente en las últimas tres o cuatro décadas. La siguiente figura refleja cómo, según un estudio de Morgan Stanley, el 79% del total de los inversionistas, en general, están interesados en inversiones sustentables[3] (un valor 8% superior al registrado en 2015), y es llamativo que los inversionistas jóvenes sean los que muestran un mayor entusiasmo: el 99% de los millennials dijo estar interesado.
Ahora bien, existe una correlación entre la percepción por parte de los inversionistas de la situación económica y su interés por la RSC, como mostramos en la siguiente figura. A mayor optimismo en la visión económica –presente o futura–, mayor es el interés de los inversionistas en la sustentabilidad.
El interés medido por las encuestas es en general muy alto, pero ¿qué tanto se materializa? En la siguiente figura se observa el crecimiento progresivo de inversiones sustentables, aunque no se ha superado todavía la barrera del 60% de los portafolios de los inversionistas en estos activos. Efectivamente, la generación millenial es la que más invierte en activos comprometidos con el cambio social y ambiental[4].
Los criterios ESG
Los ESG son esencialmente una amplia taxonomía que especifica los imperativos no financieros de una organización. Es tan amplia, que en su universo existen diferentes métricas, metodologías, interpretaciones conceptuales e indicadores.
Recientemente, la comunidad internacional ha reconocido el valor financiero del estándar ESG, y también sus riesgos asociados para las empresas y sectores económicos. Por ello, se ha incrementado la exigencia de reportar adecuadamente estos datos. El término ESG apareció por primera vez en el entorno de la ONU, en el reporte Global Compact Leaders Summit de 2004, en el que se instaba a los mercados financieros a desarrollar directrices y manuales que permitieran integrar estos criterios en las fórmulas y convenciones que miden el valor corporativo. Así, tomó forma una iniciativa para incorporar los criterios ESG en la toma de decisiones de 20 grandes compañías financieras, que representaban 6 billones de dólares en activos.
Aunque no sólo las compañías financieras tienen un papel en estos criterios. International Finance Corporation (IFC), del World Bank Group, ya visualizaba desde 2004 que el esfuerzo debía realizarse desde diferentes frentes. Así, en su reporte Who Cares Wins ubicó al menos 10 roles diferentes a través de los cuales, y de mejores inversiones en los mercados, se logren sociedades más sustentables. Los mostramos en la siguiente figura.
ESG: entre la complejidad y la homologación
La IFC sostuvo en el mencionado reporte que algunos de los problemas más evidentes para la integración de los ESG eran, en ese entonces (2004), la definición misma de los criterios (homologación) y su medición, la cantidad y la calidad de la información y la falta de habilidades y competencias para desarrollar el estándar dentro de las empresa.
Como se ve, a inicios del siglo XXI ya se hablaba del desarrollo de una integración homologada de los ESG, que es la principal complejidad de su ecosistema. Hoy de lo que se habla, como nos extenderemos más tarde, es de un marco dinámico en el que las empresas van descubriendo y redescubriendo sus propias metas de responsabilidad.
Tiene sentido apostar por una concepción dinámica, en la que cada actor vaya explorando sus posibilidades de materialización y la planeación de esfuerzos hacia metas comunes. Al respecto, resulta esclarecedor un estudio de Eccles, Lee y Stroehle (2019), quienes aseguran que los orígenes sociales –el espacio y las condiciones en las que se desarrollaron– de los comercializadores de datos[5] juegan un papel decisivo en la construcción de los ESG, su interpretación y su uso. Pero entonces, ¿cómo lograr una evaluación común y transparente que permita comparaciones en el desempeño de la RSC, según los criterios ESG?
Mirada crítica a los ESG
Podemos darnos cuenta de la necesidad de que esa evaluación común sea transparente si detallamos las diferentes críticas a las que los criterios ESG, además de la cuestión de la compleja homologación:
1. No hay claridad sobre sus impactos positivos financieros
Aunque la incorporación de los ESG ha mostrado ya resultados alentadores, no parecen satisfacer el deseo de un alto impacto financiero. Por ejemplo, estudios como los de Belghitar, Clark y Deshmukh (2014) o Halbritter y Dorfleitner (2015) encuentran que no hay una gran diferencia en los retornos de empresas que incorporaron estos criterios y las que no. Aunque esto bien podría tener relación con el tiempo de medición, ya que estudios como los de Edmans (2011) o Dorfleitner et al. (2014) indican que los beneficios financieros y no financieros de un desempeño social corporativo fuerte sólo pueden hacerse visibles si se cumplen algunas características, como mantener la propiedad de las acciones respectivas durante un largo tiempo.
Hay que mencionar que existen análisis con conclusiones en sentido opuesto. El metaanálisis de Orlitzky, Schmidt y Rynes (2003) concluye que el desempeño corporativo financiero está positivamente correlacionado con el desempeño corporativo social, en una dependencia bidireccional y simultánea. Wallis y Klein (2015) también sugieren que existen ciertas pruebas de que las inversiones socialmente responsables obtienen mejores resultados que las inversiones convencionales. Incluso existen análisis como el de Carney (2021) que muestran cómo las empresas con iniciativas ESG sobrellevaron mejor la pandemia de covid-19.
Por encima de estos análisis, recordemos que la RSC se refiere a hacer más allá de lo estrictamente necesario, por lo que muchos inversionistas consideran que la responsabilidad social merece la pena en sí misma, incluso sin producir un rendimiento adicional.
2. Falta de rigor y greenwashing
Es posible, desde luego, la mera mención superficial del compromiso de incorporar los ESG en las políticas corporativas, sin que eso implique la realización de cambios de fondo. Así, lo sustentable se usa como etiqueta, como un comodín para maquillar de verde o rosa las acciones de las empresas. El problema podría ser de preconcepción de los mismos criterios, pues se argumenta que las inversiones ESG no fueron diseñadas para salvar al mundo, por lo que no se les debería atribuir ese poder; sólo miden el impacto negativo de las actividades corporativas, para tratar de mitigarlo. Nada de eso es ‘especial’, según Fabrizio Ferrese y Alex Edmans (2023), es decir, no se debería elogiar a las empresas por mejorar su rendimiento ESG. Tan es así, que empresas dependientes de fuentes fósiles como petróleo, gas y carbón, acusadas históricamente de transgredir derechos humanos, han podido fácilmente catalogarse dentro de los portafolios de ESG como altamente sustentables. Por tanto, que los inversionistas estén ayudando a salvar al mundo mediante inversiones en activos ESG podría ser falso o al menos exagerado según las críticas.
También se argumenta que la falta de acierto para transparentar los rankings y principales evaluaciones de ESG genera sospechas en torno a la rigurosidad de los procesos. Sin estándares claros y métricas universales que permitan una comparabilidad transparente, es difícil encontrar bases fuertes sobre las cuales fundamentar un financiamiento responsable. Por esto, hay una urgencia por encontrar un marco común de métricas que puedan ser útiles para todos.
3. Agenda política
Esta discusión esta arraigada, preponderantemente, en partidos y posiciones políticas en Estados Unidos. Si bien los demócratas han impulsado una agenda de ESG y de responsabilidad corporativa, en los últimos años los republicanos han hecho notar públicamente su desencanto, y añaden un elemento a la crítica: la pertenencia a una agenda política.
Los republicanos sostienen que las acciones de grandes poderes económicos en nombre de los ESG son una afrenta al capitalismo mismo. Sostienen que los demócratas están politizando la colocación de capital para discriminar artificialmente a las energías fósiles, a la minería y a industrias relacionadas con la construcción de infraestructura. Esto, como parte de una falsa agenda progresista que prioriza temas como el combate al cambio climático o la desigualdad. Por lo pronto, ya hay propuestas que pretenden establecer límites a las inversiones en ESG y diferentes discursos que argumentan su necesaria erradicación.
Con todo y disputa política, hay evidencia de que la tendencia ESG es irreversible.
La sustentabilidad corporativa: un camino sin vuelta atrás
Es difícil imaginar que la agenda ESG vaya a ser erradicada; en particular en un país, como Estados Unidos, donde el 90% de las compañías ya incorporan estos criterios en sus decisiones. Sin embargo, la adopción obligatoria de estos criterios, al menos, sí está ya en tela de juicio. Por lo que respecta al argumento de competencia económica, habrá que ver cómo se desarrollan los casos en Estados Unidos, ya que en el pasado autoridades de la Unión Europea han utilizado la regla de razón para evaluar con más detenimiento las prácticas anticompetitivas.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue concentrando el porcentaje más alto de inversiones en activos sustentables. En 2020, ocupaba en 48% del total de inversiones sustentables (la mayoría, integradas en criterios ESG), mientras que Europa abarcaba un 34%, Japón 8% y Canadá un 7%. La inversión es significativa, aun con las críticas. Los activos reportados por la Sustainable Institutional Investors 2022 (SIF), que ya incorporaron ESG en 2022, llegaron a 6,646 millones de dólares, lo que representó un incremento de 346% en comparación con los activos que los incorporaban en 2005. Esto puede apreciarse en la siguiente figura.
Soluciones que miran al futuro
Ante este escenario, tanto la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) como el Foro Económico Mundial (WEF) han realizado y apoyado numerosos esfuerzos para establecer un sistema mundialmente aceptado de divulgación de información empresarial, que incluya información clave sobre sostenibilidad e información financiera tradicional. En particular, se han emitido metodologías de divulgación de información con los enfoques de medioambiente, social y gobernanza desde el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)[6], y más recientemente desde el Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad (SASB)[7].
El IASB, cuyas normas de contabilidad financiera son generalmente aceptadas en más de 140 países, incluso propuso la creación de un Consejo de Normas de Sostenibilidad, con la misión de mejorar la coherencia y comparabilidad global de la divulgación de la sostenibilidad. La Fundación IFRS considera que un instrumento así es necesario si se trata de trabajar en nuevos instrumentos, aunque es muy importante “basarse en las iniciativas existentes”, aprovechando los muchos años de trabajo que otros han realizado, para lograr una coherencia global y una menor complejidad.
Y en este sentido, existen dos esfuerzos recientes que parecen encaminarnos hacia un marco común. El primero está relacionado con el hecho de que en enero de 2020 el WEF publicó su reporte Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation. Se trata de un conjunto de recomendaciones de parámetros y datos que los miembros del International Business Council (IBC) podrían utilizar para armonizar sus principales informes y, de este modo, reducir la fragmentación y fomentar un avance hacia una solución sistémica, que podría incluir una norma internacional de contabilidad.
El segundo es que en septiembre del 2020 se publicó el esfuerzo realizado por el WEF y SASB: Measuring Stakeholder Capitalism, con el que se va más allá de lo que comúnmente habían cubierto las metodologías de ESG. La nueva metodología propone una serie de indicadores agrupados que podrían ser una alternativa para los reportes y la construcción de metas de una empresa con responsabilidad. Según el WEF, esta metodología podría ser complementada por los métodos particulares para cada industria, publicados por SASB.
Ambos esfuerzos coinciden en un punto: la sociedad, las empresas y los individuos debemos ir más allá de los ESG. Resulta evidente que medir y reportar los impactos de las empresas, con la esperanza de que éstos mejoren progresivamente, es un esfuerzo incompleto. Lo máximo que podemos alcanzar sólo compensando impactos negativos (como sugieren los ESG) es un balance cero, lo cual, frente a los retos que enfrenta la humanidad, es insuficiente.
Con todo, las inversiones ESG siguen alargando su momentum. De acuerdo con un estudio de Mubadala y Bloomberg (2022), para el que fueron encuestados 789 tomadores de decisión de cinco diferentes regiones del mundo, 71% cree que llegará el momento en que no se hará ninguna inversión que no considere los ESG. Aunque hay matices: países como Francia y Emiratos Árabes Unidos consideran que el factor social pesará más; otros como Reino Unido, China y Estados Unidos consideran que será el factor medioambiental el de más peso. ¿Y la ‘G’, la gobernanza? La calificadora Standard & Poor’s ya ha advertido que ese elemento a menudo se olvida en medio de las consideraciones sobre el cambio climático y diversas implicaciones sociales. Sin embargo, es fundamental comprender sus riesgos y oportunidades, ya que las malas prácticas de gobernanza corporativa han sido el núcleo de algunos de los mayores escándalos corporativos. Ahí está, por ejemplo, la empresa Volkswagen, que fue demandada por fraude en relación con la información sobre las emisiones contaminantes de sus motores diésel. O Facebook, cuando usó de forma indebida los datos personales de sus usuarios con fines electorales.
En cualquier caso, es posible que las inversiones con un enfoque de responsabilidad social y ambiental no necesariamente se atengan al paquete que hoy conocemos como ESG.
Una nueva opción: el valor compartido
El valor compartido (VC) es un término acuñado por Michael E. Porter y Mark R. Kramer, quienes lo definen como “las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde opera. La creación de VC se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social”.
Los ESG y el VC tienen sus diferencias. Kramer, Porter y George Serafeim (2019) explican que la inversión en términos de VC se rige por la creación de valor social vista como una ventaja competitiva, mientras que la inversión socialmente responsable responde a los criterios ESG solamente. En otros términos, el valor compartido va más allá de los ESG al considerar no sólo la mitigación de daños y posibles riesgos, sino también la creación de un valor positivo para la sociedad y el medio ambiente, alineado a los intereses de la empresa (aunque quizá, más que diferencias, habría que resaltar la complementariedad del valor y los ESG, dentro del paraguas de la RSC). La mutua dependencia de las compañías y la sociedad es lo que inspira este concepto que de manera valiosa, ofrece revirar los intereses de ambos y alinearlos, de manera que se pueda aspirar a beneficios mutuos; ese es el VC. Este concepto, debe entenderse como un elemento adicional a los ESG, más que como un sustituto, en el sentido de que efectivamente se encuentran interrelacionados dentro del paragüas de la RSC pero su enfoque es diferente, ya que además de mitigar impactos también se buscará la creación de valor para un futuro sostenible.
Ahora bien, los esfuerzos para entender las conexiones entre el desempeño corporativo y la creación de valor compartido apenas están comenzando. Y es que para crear VC se debe partir de una estrategia a priori. Porter et al. (2012) explican que, para desarrollar una estrategia de este tipo, las empresas deben identificar cuestiones sociales o medio ambientales clave en las que puedan centrarse, planificar las actividades pertinentes y modelar los beneficios sociales previstos, en relación con los costos proyectados. La medición del VC, a su vez, evalúa los progresos y resultados, generando datos procesables y perspectivas para perfeccionar las estrategias de creación.
Una adecuada medición del VC permitiría a las empresas amplificar sus esfuerzos y crear aún más valor. Si se esclarece la relación directa entre la resolución de los problemas sociales -o medio ambientales- y la creación de valor económico, la medición del VC reducirá el escepticismo de los inversionistas y, en última instancia, transformará la forma en que la comunidad de inversionistas recompensa a las empresas que ya crean VC. En otras palabras, la medición hace que las estrategias de valor compartido sean tangibles para los inversionistas.
Si bien prometedora, la medición de VC tiene sus propios retos. Algunos se derivan del hecho de que el espectro de problemáticas sociales y poblaciones a atender (y a medir) puede ser excesivamente amplio. Además, hay que apuntar que el valor empresarial se genera en un plazo distinto al del valor social, lo que se suma a la dificultad de determinar las atribuciones de una empresa cuyas estrategias y actividades dependen del esfuerzo de muchos socios.
Es por esto que -como en el caso de los ESG- surgen diferentes estrategias para medir el VC. Aunque en este caso ya hay pasos en común que van guiando la medición y favoreciendo una homologación del proceso para medir los resultados sociales y corporativos de las estrategias de VC. En el sector energético, por ejemplo, casos como la polìtica de sustentabilidad de algunas empresas ya incorporan -no solo mediciones ESG- sino creación de valor y/o índices propios que dan un paso más allá hacía la RSC. Tal es el caso de empresas como Acciona, Endesa, Enel, Engie, First Solar, y Siemens; entre otras. Un alto nivel de compromiso con la RSC de empresas transnacionales es vital para avanzar en la transición energética justa.
Energía y las Empresas Productivas del Estado
Resulta muy relevante que dentro de las expectativas por parte de administradores de fondos –ESG y no ESG– para un futuro sustentable, la energía limpia y renovable ocupa un lugar prioritario. El 39% de los inversionistas y tomadores de decisión encuestados por Mubadala y Bloomberg (2022) citaron a este rubro como su área número 1 en trascendencia. El segundo lugar lo obtuvo la reducción de residuos (13%,) y el tercero los servicios financieros (10%), como mostramos en la siguiente figura.
Esto se traduce en asignaciones de portafolios de inversión. Ahí están los Emiratos Árabes Unidos (20%), Reino Unido (11%), Estados Unidos (11%) y China (11%), que asignan la mayor parte de sus activos a esta área. De los países encuestados, únicamente Francia (5%) no reportó al área de energía limpia y renovable dentro de su top 3 de prioridades.
Las Empresas Productivas del Estado mexicanas en materia de energía, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, han sido catalogadas como parte de las 10 empresas más riesgosas en su ramo por Sustainalytics, según criterios ESG. Por esta razón, y dada la urgencia por acelerar y consolidar la transición energética, desde México Evalúa aplicamos la metodología de SASB para conocer los resultados de estas empresas, a partir información pública disponible en sus reportes, documentos administrativos y en sus portales de Internet. Los resultados no son satisfactorios: el acceso a la información es el primer problema con el que nos encontramos, pues sólo fue posible encontrar datos para el 54% de los indicadores de la CFE, y aunque en Pemex hay más información pública disponible, identificamos un vasto espacio de mejora en criterios de calidad de la información.
Aunque queda mucho por saber de la sustentabilidad y responsabilidad corporativa de estas empresas, existen indicios de que en su seno hay un interés por avanzar con la agenda de RSC. Pemex ya emitió su primer reporte de ESG (2022), ha presentado sus resultados según estos criterios en conferencias internacionales y ha abierto un espacio en su sitio web donde va nutriendo su visión inspirada en el estándar ESG. CFE no ha emitido aún un reporte, aunque sí tiene un plan encaminado hacia ESG (2022), e igualmente ha abierto un espacio en su sitio web, aunque con menos contenido, por el momento. Otra acción notable de parte de la Comisión es la emisión en 2022 del primer bono sustentable de la empresa, para financiar proyectos de energías renovables.
Conclusiones
Aunque la responsabilidad social corporativa no ha dejado de evolucionar y ya se ha llegado al consenso de que las empresas deben contribuir de manera positiva con la sociedad, quedan grandes tareas pendientes: la conformación de estrategias corporativas que incorporen en sus planes comerciales objetivos de sustentabilidad, la transparencia de los impactos y la rendición de cuentas. La adopción entusiasta de más responsabilidades no lo es todo; se deben elaborar de manera estructurada y homologada estándares que permitan ponderar el desempeño de las empresas en cuanto a sus contribuciones con la sociedad y el medioambiente.
Los criterios de ESG constituyen un esfuerzo trascendente y relevante para avanzar en este sentido, y han logrado que la información no financiera ocupe un lugar en la toma de decisiones que habría sido impensable antes de su existencia. Sin embargo, presentan retos importantes, que tienen que ver con la falta de conciencia y aceptación generalizadas por parte de consejos de administración y de hacedores de políticas públicas de la emergencia climática y de la atención urgente de temas de gobernanza y derechos humanos; la falta de homologación; la falta de claridad en el sistema de incentivos por impactos financieros positivos y negativos; la ausencia de rigor en la adopción de la sustentabilidad como principio en los planes de negocio y en las agendas políticas, y el greenwashing.
A pesar de ello, es claro que la expectativa sobre el desarrollo de las inversiones seguirá tomando en cuenta estos criterios, rumbo a un futuro sostenible. En este camino, además, el área de energías limpias y renovables tiene un rol prioritario en la agenda mundial, lo que marca una tendencia irreversible para la certificación de las cadenas de suministro para el uso de dichas energías en sus procesos de manufactura y distribución de bienes y servicios, y la ruta hacia la descarbonización de todos los sectores económicos, que incluyen, claro, el sector transporte, el agroalimentario y el manejo de residuos.
En este contexto, el espacio está abierto para debatir, analizar,
repensar los métodos y conceptos más adecuados para encauzar los sistemas
económicos hacia la solución más efectiva de los problemas sociales y
medioambientales. Así, en México Evalúa avanzaremos en la profundización del
concepto de valor compartido y en el
estudio de casos concretos en Pemex y en CFE que sirvan como elemento de
análisis para contribuir con el diagnóstico y el esfuerzo de incorporar la
sustentabilidad y la estrategia de transición energética en los modelos de
negocios. A la vez, continuaremos monitoreando los avances en materia de diseño
y adopción de los estándares ESG, con un foco particular en dichas EPE. Y más
allá, iremos explorando casos específicos en donde se pueda observar la
creación de VC en actividades ya existentes en Pemex y CFE, para que
contribuyan a la consecución de una transición energética justa rumbo a un
futuro sostenible, en un nuevo marco de responsabilidad corporativa.
[1] “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, según la define la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo (1978). Y abunda el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Oxford (2011): “La sustentabilidad social deriva de acciones en áreas temáticas clave, abarcando el ámbito social para individuos y sociedades, desde la creación de capacidades y desarrollo de habilidades hasta desigualdades ambientales y espaciales. En este sentido, la sustentabilidad social combina áreas y principios de las políticas sociales tradicionales, como la equidad y la salud con temas emergentes relativos a la participación, las necesidades, el capital social, la economía, el medio ambiente más recientemente con las nociones de felicidad, bienestar y calidad de vida”.
[2] Recomendamos consultar también una historia más profunda de la RSC en Carroll Archie B. (1999), Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct.
[3] “La inversión sustentable consiste en invertir en el futuro y en reconocer que las empresas que resuelven los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad podrían estar mejor posicionadas para crecer. Se trata de promover nuevas formas de hacer negocios y de crear una tendencia que motive a más personas a invertir en el futuro que estamos creando juntos. A través de la combinación de enfoques de inversión tradicionales con perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), los inversionistas, que incluyen desde instituciones globales hasta personas individuales, están adoptando un enfoque sustentable para alcanzar sus metas de inversión. Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos en el futuro.” BlackRock
[4] Para consultar más datos sobre la percepción de los inversionistas, visitar: Morgan Stanley (2021), Individual Investors and the COVID-19 Pandemic.
[5] Como Sustaynalytics, Bloomberg o ESG Analytics.
[6] El IASB es un cuerpo independiente dentro de la Fundación IFRS que es precisamente quien revisa y expide las normas IFRS.
[7] SASB realiza metodologías especializadas en 77 industrias diferentes, enfocadas en riesgos y oportunidades que afectan el valor de las empresas. Desde agosto de 2022, la Fundación IFRS asumió la responsabilidad de los estándares de SASB tras la fusión con Value Reporting Foundation que las mantenía anteriormente.
