Esperaba que en esta ronda de negociación presupuestal, nuestros diputados se mostraran audaces impulsando algunas medidas para elevar la efectividad del gasto en seguridad. Porque tenemos años invirtiendo en el fortalecimiento de las capacidades en las instituciones de seguridad y justicia, y vea, estimado lector, lo que encontramos en Iguala como en otros mucho municipios del país. Los señores diputados perdieron la oportunidad de aportar un elemento para la solución de nuestra crisis, en momentos en que el Ejecutivo federal se esconde en lugar de actuar.

El presupuesto en materia de seguridad para 2015 será parecido al de 2014 y a los que se ejercieron durante la administración de Felipe Calderón. La continuidad en materia presupuestal es pasmosa. En los números del presupuesto constatamos que el cambio de estrategia fue un ardid discursivo. Porque los instrumentos, los énfasis, los programas, con la salvedad de la Gendarmería y el programa de prevención de esta administración, son los mismos. Y en los casi 24 meses de este gobierno no ha habido innovación mayor ni corrección a lo que no funciona.

Recuerdo que al ocupar sus puestos, algunos de los noveles funcionarios de instancias de seguridad criticaban a sus antecesores. Les escuché decir que el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) no funcionaba, que el Subsemun (el subsidio creado con el mismo propósito) no redituaba. A la fecha no conozco su propuesta para reformarlas. Tenemos más de lo mismo, con un agravante: a esta administración no le llama la evaluación.

De manera inexplicable los (incipientes) ejercicios de seguimiento de algunos acuerdos o proyectos suscritos por los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública dejaron de realizarse. Si ya de por sí las sesiones de consejo eran poco deliberativas, las que corresponden a esta administración se han convertido en un espacio para el halago mutuo.  Los prácticas de seguimiento y evaluación que se establecieron en el pasado en las sesiones de este consejo, ciertamente no eran idóneas ni formaban parte de un ejercicio estructurado y serio de evaluación, pero algo mostraban. Con la supresión de esos mecanismos, nos quedamos casi en blanco en materia de evaluación y rendición de cuentas respecto a los recursos y proyectos orientados a la seguridad.

Como lo hemos visto en estos primeros años, el presidente Peña coloca su apuesta en otros mecanismos: estos encuentros a puertas cerradas entre el secretario de Gobernación y los gobernadores de las cinco regiones en las que se ha dividido el país en materia de seguridad. Lo que ahí se plantea o discute es desconocido. Los diagnósticos y metas que se establecen, también. Y así, a simple vista, pareciera un esquema bastante sui generis de rendición de cuentas. Quien la recibe, no es el ciudadano a quien le corresponde conocer de los resultados de las decisiones de las personas en quienes ha depositado autoridad y recursos, sino el secretario de Gobernación. Una manera de proceder anclada en esquemas verticales, no democráticos, de ejercicios del poder.

Me intriga saber qué discutieron el secretario de Gobernación y el exgobernador Ángel Aguirre en estos encuentros. Qué diagnóstico plantearon y qué medidas acordaron para atenderlo. ¿Abordaron el asunto de Iguala? ¿Había conocimiento de que las policías del lugar trabajaban como sicarios del crimen organizado? ¿Qué resultados ofrecía el gobernador a los recursos que el estado recibe vía fondos y subsidios federales para la seguridad? Estas respuestas quizá nunca las tengamos. Lo cierto es que Guerrero ha recibido cuantiosos recursos y sus policías siguen tan corrompidas como siempre.

Por lo anterior creo que el Legislativo tenía un papel que cumplir en esta crisis y en la coyuntura de la discusión presupuestal. Si el Ejecutivo no cuenta con mecanismos para autocorregirse, el Legislativo, como contrapeso que es, como instancia de control de gasto, algo tenía que hacer. Por lo que se sabe a través de reportes periodísticos, la discusión de este presupuesto fue cerrada como pocas. El Ejecutivo propuso y dispuso. Perdimos una oportunidad para que en este presupuesto se incluyeran medidas audaces para evaluar las políticas y el gasto en seguridad. Para rendir cuentas sobre las mismas. Por eso, estimado lector, no esperemos algo distinto del ejercicio del gasto en 2015. Más de lo mismo, arrojará los resultados que conocemos.

Hoy, como nunca, necesitamos una política cabal, explícita, de rendición de cuentas en materia de seguridad. El presidente Peña la necesita para que este barco no se le hunda. Si la crisis de seguridad y credibilidad por la que atraviesa no le sirve de acicate para dirigir sus acciones en esta dirección, no comprendo qué lo hará. Es el momento para un golpe de timón. Es ahora. Después será demasiado tarde.