Régimen de excepción

Luis Rubio / Reforma

La seguridad pública es condición sine qua non para el desarrollo del país y el asunto que más preocupa a la ciudadanía. El problema no es nuevo, pero todos los intentos por enfrentarlo han resultado insuficientes, si no es que fallidos. Las tres administraciones más recientes -cada una en su soberbia- ha asumido el problema a su manera, pero los resultados han sido paupérrimos; lo único que es claro e indudable es que hay muchos mitos al respecto*, pero igualmente claro es que no existe una solución única -o mágica- al problema. Si el gobierno de López Obrador no reconoce este punto de entrada, su estrategia, centrada en la “guardia nacional,” va a acabar en el mismo lugar. 

La propuesta de crear una nueva estructura en la forma de una guardia nacional, anunciada con bombo y platillo pero poca información, no es muy distinta a la que acompañó el anuncio de la creación de la policía federal hace dos sexenios. En ambos casos, se tenía una gran idea pero no un plan para su desarrollo integral, ni mucho menos un consenso político al respecto. El resultado fue lo esperable: la inseguridad no cedió. Las causas pueden ser muchas, pero la receta ganadora resultó fallida.

La creación de una guardia nacional puede ser parte de la solución o puede ser otra oportunidad perdida: todo depende de como se constituye, cuáles son sus objetivos, qué estrategia se seguiría y, sobre todo, en qué consiste el proyecto en su conjunto. Un mal diagnóstico -que es lo que debe suponerse pues el plan presentado carece de toda coherencia lógica- conlleva un azaroso desenlace. Sin embargo, el peligro no radica exclusivamente en que el problema no aminore, sino en que, a diferencia de los intentos anteriores, éste viene preñado de un riesgo inconmensurable en la forma de la incorporación del ejército en las tareas de seguridad de una manera integral, permanente y encumbrada en el texto constitucional. Es decir, se trata de un paso extraordinariamente apurado, con consecuencias potenciales desconocidas y, seguramente, excesivas y onerosas.

Es fácil entender por qué una administración tras otra ha recurrido al ejército: se trata de la corporación más estructurada, respetada y eficaz con que se cuenta. Ante el vacío, debilidad -y corrupción- que caracteriza a la mayor parte de los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales (y a sus contrapartes por el lado de la procuración de justicia), la noción de recurrir al ejército es lógica, así haya implicado un cambio radical de posición por parte del presidente. Pero el hecho que exista un desafío tan fundamental y una institución tan competente no implica que una cosa sirva para resolver la otra. El ejército ha probado ser eficaz para mostrar la fuerza del Estado, pero no para crear condiciones para la seguridad pública más allá del momento o lugar en que tiene presencia temporal. El ejército no es una corporación policiaca y no debe ser concebido como una respuesta policiaca de largo plazo porque no sirve para eso ni va a servir nunca.

El ejército sin duda será parte central de la solución del problema de seguridad que se enfrenta, pero no puede ser el corazón de la estrategia. A menos que se transforme al ejército en corporación policiaca -y todo lo que eso implica en términos de concepción y formación-, algo que podría ser planteado como una estrategia pero a dos o tres décadas de distancia, los militares están formados para enfrentar enemigos formales, no para constituirse en el garante de la seguridad de la vida cotidiana de una comunidad. 

Más importante, la pregunta clave no es sobre el recurso al ejército para fines de proteger a la sociedad, sino sobre la creación de una nueva realidad política y legal en la forma en que se ha propuesto para la llamada guardia nacional. El recurso al ejército es necesario, pero no de una manera permanente, sin mandato claro ni protección legal. Sería infinitamente mejor crear condiciones formales para el funcionamiento del ejército en labores de seguridad civil, que encumbrarlo como el corazón de una estrategia inacabada de seguridad en la que no hay certezas para la ciudadanía, el gobierno o los propios soldados.

Me pregunto, por qué no plantear la presencia del ejército en la guardia nacional -o en la seguridad en general- como un caso excepcional y, por lo tanto, temporal. Es decir, que tal si, en lugar de encumbrar al ejército en la constitución para el combate a la inseguridad, se legisla con precisión la forma en que actuaría esa corporación ante una emergencia y sólo por el tiempo en que ésta dura. Si lo que existe es una situación de excepción, lo que procede es contemplar una respuesta igualmente excepcional en la forma de un régimen de excepción como el que se contempla en el artículo 29 constitucional. 

Lo que se ha propuesto es una respuesta desesperada, poco meditada e inadecuada para construir seguridad, proteger a la ciudadanía, darle certeza jurídica al ejército y resolver el problema que se ha planteado el gobierno. En lugar de una sola acción orientada a pretender resolver un problema complejo de tajo, mejor desarrollar una estrategia multifactorial en la cual la participación del ejército sea temporal, limitada y excepcional.

*ver un buen resumen de esto en: https://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=2475