En vísperas de la presentación de una propuesta de reforma fiscal, en el Senado se sigue discutiendo el alcance de la Ley de Transparencia que desde principio de la administración transita su proceso legislativo. La iniciativa de ley contempla avances indiscutibles en materia de acceso a la información y transparencia de las labores del gobierno, un componente central en los procesos de rendición de cuentas a los que la autoridad está obligada con el ciudadano. Las múltiples resistencias que la iniciativa ha enfrentado se explican con facilidad: la transparencia es un mecanismo que acota la discrecionalidad y la corrupción. Implica un control ciudadano al poder. Por eso, algunos, quienes deben votarla lo piensan dos veces y buscan la manera de debilitarla.

Hace unas semanas, el lector recordará, en la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios del PRI, el Partido Verde y un sector de la izquierda intentaron modificar la minuta que recibieron del Senado en un sentido que debilitaba al IFAI, el órgano encargado por velar y hacer efectivo nuestro derecho de acceso a la información. Después de una fuerte presión de organizaciones civiles, rectificaron. Ahora que está de nuevo en la cancha del Senado, se reeditan intentos por frenarla.

La discusión sobre la transparencia y la manera de fortalecerla cobra particular relevancia en nuestro contexto. En cuestión de horas, el Ejecutivo federal presentará su propuesta en materia de reforma fiscal que, independientemente de la fórmula tributaria que proponga, implicará el pago de más impuestos por parte de los mexicanos. La contraparte de esta reforma es un ambicioso proyecto de gasto que busca establecer las bases de un esquema de seguridad social universal que redefine los alcances de la intervención del Estado en materia redistributiva. Desde mi perspectiva, lo que se nos propone es redefinir el contrato social: estamos ampliando los alcances de la intervención gubernamental y deberíamos estar dispuestos a contribuir para hacerlo posible. La pregunta es si estamos dispuestos a entrarle, luego de que el gasto y las intervenciones públicas en materia de equidad han tenido resultados tan pobres.

Por eso, creo que para darle viabilidad al intercambio que se nos propone, debería existir en la propuesta un compromiso con la apertura de información y la rendición de cuentas. Un compromiso no de palabra sino de acciones y decisiones para fortalecer y profundizar los mecanismos con que contamos para hacerla efectiva. En este marco, me parece insensato, por decir lo menos, que se nos regatee una ley que es una contraparte indispensable al pago de impuestos. Un elemento que debería estar en el centro y no en el margen de lo que hoy se discute.

La transparencia es un elemento que hace posible la rendición de cuentas. Para que cumpla efectivamente con esta función, necesita profundizarse todavía más. Las entidades públicas (sujetos obligados en la jerga técnica) deberían ofrecer al ciudadano mucho más información de lo que ahora presentan en formatos y lenguajes que tengan significado para los usuarios. Lo que hoy ponen a disposición del público es insuficiente y el trámite de solicitud de acceso a la información sigue siendo un recurso para unos pocos privilegiados que cuentan con los medios para formularlas. De hecho, cada programa o actividad que implique el uso de recursos públicos debería de reportar objetivos, actividades y los resultados que se obtienen del uso de los recursos. En la actualidad, si hiciéramos un barrido de los principales programas de gasto en los distintos ámbitos de gobierno, encontraríamos que muchos de ellos, si no es que la mayoría, no reportan lo más básico. Invito a los lectores a consultar la página de internet o los informes del programa público de su elección y a que respondan si ofrece información que los deje satisfechos sobre el destino y resultado del uso de nuestros recursos.

Por lo dicho anteriormente considero que la reforma fiscal que se proponga aterrizará en un contexto institucional que todavía no garantiza la transparencia y la rendición de cuentas y por tanto, que el riesgo de desvíos y despilfarro sigue siendo grande. Basta con mirar el desempeño del gasto en los últimos años para constatar que su ejercicio no ha estado sujeto a un proceso de rendición de cuentas. De haberlo estado, sus resultados no serían tan pobres como, de hecho, lo son.

Mañana sabremos lo que contiene el enigmático paquete en materia fiscal. Si en éste no se incluyen los componentes de apertura de información y de transparencia o por lo menos un llamado a los legisladores renuentes a aprobar lo que tienen pendiente en esta materia, habría que pensarlo dos veces si nos conviene aceptar la invitación para reformular nuestro pacto social.