Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

Hace tres años el Gobierno federal cometió uno de los errores de política pública más evidentes y costosos: la desaparición de un mecanismo de ahorro ideado para asegurar un ‘buen’ monto de recursos a la hora de atender los daños que ocasionan ciertos fenómenos naturales, sin tener que recortar presupuesto a otros rubros igualmente importantes. Este mecanismo se conocía como Fonden, pues a través de él se programaba un presupuesto para acumular ahorro en un fideicomiso llamado Fondo de Desastres Naturales.

Recordarán que el Gobierno decidió gastar el dinero que se había acumulado en el Fonden hasta mediados de 2021; sometió al fideicomiso a un proceso de extinción e hizo una reforma para dejar de ahorrar recursos orientados a este tipo de desastres, con un compromiso que se limita a presupuestar (o definir) un monto de recursos año por año. Este ‘nuevo’ esquema que, por cierto, no está enfocado principalmente en reconstrucción, en la práctica es muy limitado, porque no hay garantía de contar con el presupuesto programado para atender un desastre en un año en particular: dependerá de la suficiencia presupuestaria, de cómo vayan los ingresos del  gobierno en ese año.

El presidente anunció que los recursos para Acapulco no tendrían límite. En la práctica, sabemos que sí lo tienen. El problema es que al tercer trimestre del año los ingresos del Gobierno federal van 4.4% (178 mmdp) por debajo de la meta, el peor retraso en 20 años…

En México Evalúa, a través de los Números de Erario, estimamos el ahorro con el que contaría el Gobierno federal para financiar la reconstrucción de Acapulco de no haberse gastado el ahorro de Fonden, de haber preservado los mecanismos de ahorro y de no haber recortado el presupuesto para desastres en 2023, más los seguros financieros. En total, tendría 85.9 mmdp para atender los estragos de Otis.

El presidente anunció que los recursos para Acapulco no tendrían límite. En la práctica, sabemos que sí lo tienen. El problema es que al tercer trimestre del año los ingresos del Gobierno federal van 4.4% (178 mmdp) por debajo de la meta, el peor retraso en 20 años, lo que ya ha provocado recortes en 26 dependencias, así como en las Participaciones Federales y Ramos Generales. En otras palabras: el huracán Otis, la desaparición del Fonden y el retraso en los ingresos son la tormenta fiscal perfecta. En el momento en que Otis golpeó, el Gobierno federal contaba con un presupuesto restante para atender desastres en 2023 de apenas 7.5 mmdp, el resultado de un recorte y gastos previos. Con los seguros el monto disponible asciende a 21 mmdp. Para el PEF 2024 se propusieron 17.9 mmdp para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales (un monto bajo en relación con las reglas de capitalización anteriores), pero como tales recursos no están etiquetados, no se asegura cuánto de ellos se gastará para reconstruir Guerrero. Y si se gastan completamente en Guerrero, la consecuencia es que careceremos de recursos para atender otros fenómenos potenciales el siguiente año. La discusión del PEF 2024 finalizará el jueves, pero al momento de escribir esta columna no se preveía la creación de un fondo con recursos etiquetados para Acapulco u otro mecanismo que diera certeza en torno a su reconstrucción.

No lo dudemos: en el caso de Acapulco, es importantísimo enfocar recursos a la reconstrucción. Sin ello no será posible restablecer la actividad turística, que es la principal fuente de ingresos de la ciudad.

Además de reconstruir Guerrero, los legisladores deben reconstruir la responsabilidad ante desastres. Volver a establecer mecanismos de ahorro y atención de desastres consecuencia de fenómenos naturales que privilegien la reconstrucción. No se necesita ser un gran financiero para saber que “ahorrar” es una buena práctica para controlar los riesgos de pobreza que vienen aparejados con estos desastres.