En el Palacio de San Lázaro irrumpió la algarabía. Legisladores, sobre todo los del partido en el gobierno, se dieron sonoros aplausos por la jornada en la que lograron aprobar, en lo general, el decreto de Presupuesto de Egresos para 2016. Como si hubieran sido actores centrales en este proceso, se congratularon por haber dado a la nación un presupuesto más para apuntalar su desarrollo.

En realidad, el Legislativo, la Cámara de Diputados en este caso, es un contrapeso muerto en este tema. Un actor casi irrelevante. Un trámite que nos costó a los mexicanos 20 millones de pesos por cabeza. El legislativo no hace sus funciones en el control del presupuesto y del gasto. Por incapacidad, pero también por convenenciera indiferencia. Y esto implica un riesgo mayor para el país.

Dos cuestiones deberían ser centrales en la función del Legislativo respecto de las finanzas públicas en estos momentos: el control del endeudamiento y los destinos del gasto. Para ponerlo en otros términos, deberían estar ocupados en que nuestra transición a la despetrolización de nuestras finanzas públicas sea de la manera más responsable posible con los menores costos sociales asociados. Los dos asuntos no son menores, particularmente porque este gobierno relajó los resortes que obligaban a la disciplina fiscal.

Recordemos. Desde que arrancó la administración, se propuso y aprobó una modificación en la ley pertinente para transitar de un presupuesto balanceado a uno estructural. La diferencia estriba en que en este segundo esquema se abre la posibilidad de incurrir en déficit cuando las circunstancias lo ameritan, siempre amarrando los términos para regresar al balance en un período determinado. Se relajó así una regla que le dio credibilidad al manejo de las finanzas públicas y se convirtió en su momento en una sólida barrera para contener cualquier intento de expandir el gasto de manera irresponsable.

Este gobierno ha incurrido en déficit desde que arrancó. Primero por una propuesta expansiva de gasto, después por los recortes en los ingresos petroleros. La proyección que las mismas autoridades hacendarías presentan para 2016 debe llamar nuestra atención: los saldos históricos de requerimientos financieros del sector público llegarán al 48 por ciento del PIB en ese año. En los primeros cuatro de esta administración se habrá endeudado al país diez puntos del PIB adicionales. No es todavía el tamaño sino la celeridad de este crecimiento lo que debería preocuparnos. ¿Dónde están los frenos? ¿Dónde los contrapesos?

Como buenos prestidigitadores, las autoridades hacendarías nos ofrecen con una mano recortes al gasto, pero extienden la otra para pedir autorización de deuda para un déficit creciente. Comenzado el 2015, anunciaron un recorte preventivo para ajustar la trayectoria de gasto a la disponibilidad de recursos. Este recorte no fue suficiente o simplemente no operó. En realidad no era creíble que sucediera en un año electoral. En la Ley de ingresos 2016, se solicita al congreso la autorización de incremento adicional de deuda para 2015 por un equivalente a 0.3% del PIB y 1% para 2016. Desde su primer paquete presupuestal los escenarios de requerimientos financieros han fallado, siendo sistemáticamente subestimados. La credibilidad de las autoridades hacendarias puede debilitarse si este patrón continúa. Qué grave sería.

Los diputados que ayer se aplaudían por la tarea acometida, ¿qué postura tienen respecto de esta trayectoria ascendente del déficit? ¿De las metodologías  ad hocque se adoptan para tratar de esconderlo? Hace unos años, la inversión en Petróleos Mexicanos se dejó fuera de esta contabilidad; para la del 2016 se excluye también la de Comisión Federal de Electricidad y la de proyectos de alto impacto económico y social.

Dicen las malas lenguas que el dictamen del proyecto de Ley de Ingresos les llegó elaborado desde Hacienda. Es muy posible que algunos de los integrantes de la comisión dictaminadora ni siquiera hayan conocido el documento en el que plasmaron su firma. Lo mismo se dice para el decreto de presupuesto de egresos. Ni tiempo para leerlo completo.

Estas serían anécdotas chuscas si no tuvieran repercusiones tan profundas. Porque si no es el Legislativo, quién puede ponerle freno a una Secretaría de Hacienda súper poderosa que se convierte en juez y parte por su superioridad técnica pero también por el control político de su rebaño legislativo. Más vale que los contrapesos se activen eventualmente. El camión avanza sin frenos y en el transcurso de algunos años puede acercarnos al precipicio.

Metodología base cero

Es peculiar que se argumenté que se utilizó una metodología base cero para la elaboración del presupuesto 2016, cuando se reparten 10 mil millones de pesos a 500 diputados para que se asignen a discreción. ¿Será esto lo que motivó sus aplausos?