¿Qué aprendimos sobre la prevención del delito?

¿Qué retos enfrentó el gobierno para la implementación de la política de prevención de la violencia y la delincuencia? ¿Cuáles fueron sus resultados inmediatos? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y desafíos?

Alan López (@alanfabian07) / Animal Político 

Si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 eliminó el subsidio federal etiquetado como Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), que financió acciones preventivas en más de 90 municipios entre 2013 y 2016, en México Evalúa pensamos que es necesario aprender de la experiencia de los municipios beneficiarios de este subsidio para que los gobiernos locales formulen estrategias locales de prevención efectivas.

Por ello, México Evalúa realizó una serie de evaluaciones cualitativas de la implementación del subsidio Pronapred en varios municipios. Nuestro más reciente estudio se centró en ocho acciones preventivas ejecutadas en Guadalajara[1], Jalisco, durante el periodo 2013-2015[2]. Esta investigación busca responder las siguientes preguntas: ¿Qué retos enfrentó el gobierno para la implementación de la política de prevención de la violencia y la delincuencia? ¿Cuáles fueron sus resultados inmediatos? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y desafíos?

Para ello, aplicamos una metodología de trabajo en dos etapas. La primera consistió en la revisión de los documentos oficiales de los proyectos: diagnósticos integrales que muestran la realidad delictiva del municipio y la percepción de inseguridad de sus habitantes, anexos técnicos que describen cada una de las acciones preventivas y entregables de avances/resultados.

En la segunda etapa, se llevó a cabo trabajo de campo en Guadalajara, mediante técnicas de investigación que recogieron experiencias y testimonios de actores clave en la implementación de las acciones preventivas. Las técnicas utilizadas fueron:

• entrevistas con actores involucrados en la implementación de las acciones (funcionarios municipales, funcionarios estatales, operadores, beneficiarios y habitantes de la comunidad);
• observación directa de cómo se desarrollan las acciones, y
• grupos de discusión con beneficiarios y operadores (entre cuatro y ocho personas). Los operadores de estas acciones fueron organizaciones de la sociedad civil, empresas de consultoría e instituciones académicas. Estos grupos de discusión se coordinaron con el gobierno municipal para operar dentro de su territorio y contactar a los beneficiarios.

¿Qué es lo encontramos con esta evaluación? A continuación, presentamos los principales hallazgos y recomendaciones que pueden servir como una guía para diseñar e implementar futuras políticas de prevención basadas en evidencia:

Mecanismos de focalización y selección de beneficiarios. Salvo en casos excepcionales, los beneficiarios de las acciones de Guadalajara fueron quienes respondieron a convocatorias abiertas –con el sesgo de autoselección que esto implica[3]– y no necesariamente aquellos que se encontraban en mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los beneficiarios más activos y constantes del Programa Metropolitano para Jóvenes no cumplían con el requisito de edad: ser personas entre 14 y 29 años en situación de riesgo. La edad media de estos beneficiarios fue mayor a 30 años y la mayoría de ellos contaba con estudios de licenciatura.

Se recomienda entonces establecer criterios de selección de beneficiaros claros y apegados a los objetivos de cada intervención.

Operadores capacitados. En su mayoría, los operadores (asociaciones civiles o empresas de consultoría) no estaban especializados o suficientemente capacitados en materia de prevención de la violencia y la delincuencia o inclusive en las temáticas de los talleres. En consecuencia, muchos de ellos presentan limitaciones para contrarrestar patrones de discriminación, estigmatización y exclusión cuando trabajaban con grupos en situaciones de riesgo, especialmente jóvenes con problemas, por ejemplo, de drogadicción y pandillerismo. Por ejemplo, los talleristas del Programa Metropolitano para Mujeres no tenían experiencia previa en temas de prevención y género.

Se recomienda elegir a operadores que demuestran tener experiencia previa en la materia y un dominio técnico de temas como cohesión social, derechos humanos, empoderamiento e igualdad de género.

Indicadores de resultados/impactos y diseño de evaluación. Los indicadores previstos por los operadores de las acciones para evaluar su desempeño no permiten visualizar con precisión un impacto en términos de prevención porque sólo miden los productos alcanzados, como número de talleres impartidos, total de jóvenes capacitados, número de asesorías impartidas, etc. Por ejemplo, el Programa Metropolitano de Arte Urbano no contaba con indicadores de resultados que permitan saber si el proyecto realmente ayudó a reducir la violencia entre los jóvenes de los espacios públicos intervenidos.

En este sentido, resulta indispensable establecer una línea base[4] e indicadores de resultados e impactos que permitan medir el efecto de las acciones preventivas en el problema que se pretende atender después de la intervención. De esta manera, será posible decidir si se continúa implementado una acción o se sustituye por otra.

Participación activa de la ciudadanía. Los proyectos preventivos operados en el municipio no contemplan alianzas estratégicas y espacios de deliberación entre las autoridades locales y las comunidades beneficiadas por el programa. Esta situación limita la posibilidad de atender realmente a la población objetivo, de desarrollar capacidades locales y de hacer sustentables las intervenciones preventivas. Por ejemplo, el Proyecto de Radio Comunitaria promovía la participación de toda la comunidad, sin embargo, los jóvenes pandilleros o “cholos” no participaron en el proyecto debido a la discriminación y prejuicios que sufrieron por parte de funcionarios y otros miembros de la comunidad.

Por tanto, se recomienda que los operadores fomenten la participación de la ciudadanía en todo el proceso de la política pública, desde el diseño de sus instrumentos, la operación de las acciones, el monitoreo de los resultados y, en la medida de lo posible, la evaluación de toda la intervención.

Mejor coordinación interinstitucional. Son insuficientes los espacios y mecanismos institucionales de coordinación entre los diversos actores involucradas en la implementación de las acciones preventivas en Guadalajara. Para que una política de prevención sea exitosa requiere de la colaboración de agencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y la ciudadanía en general. De lo contrario, se corre el riesgo de operar acciones desvinculadas, de forma aislada y sin una continuidad.

Se recomienda establecer un Gabinete Municipal de Prevención, que incluya mesas de trabajo entre los diferentes operadores y las dependencias locales relacionadas con la prevención social de la violencia.

Acciones preventivas sustentables. Debido al retraso de asignación de los recursos públicos y las débiles capacidades institucionales a nivel local, la mayoría de las acciones preventivas de Guadalajara tuvo una duración no mayor a cinco meses. Éste es muy poco tiempo para conocer los efectos de una intervención preventiva.

En este sentido, se recomienda diseñar una política de prevención local que permita continuar la operación de las acciones con fuentes de financiamiento alternas que logren hacer sustentables sus efectos.

Si bien el futuro de la política de prevención en nuestro país es incierto, las recomendaciones aquí planteadas pueden servir para diseñar estrategias de prevención que atiendan eficazmente la realidad de violencia y delincuencia que se vive a nivel local. Se pueden utilizar recursos de otros subsidios federales, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), o establecer alianzas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de tener una política de prevención integral, coherente y articulada.

* Alan López es investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Jimena David, Jonathan Furszyfer, Mariana López y Laurence Pantin, así como el diseño de Miguel Cedillo. Este artículo está basado en el estudio de México Evalúa (2017). Prevención del delito en México: ¿Cómo se implementa? Una evaluación de acciones financiadas por el Pronapred en Guadalajara, realizado con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en México.

[1] Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país y fue una de las zonas metropolitanas más beneficiadas por el Pronapred al recibir más de 430 millones de pesos entre 2013 y 2016. Según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, el 44.5% de sus jóvenes se siente inseguro y el 52.8% ha sido víctima de algún delito o maltrato,

[2] Este ejercicio forma parte del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad del gobierno y la sociedad civil para prevenir el delito en México”, que es financiado por la Delegación de la Unión Europea en México y que se suma a las dos evaluaciones de diseño que publicamos previamente: México Evalúa (2014). Prevención del Delito en México: ¿Dónde Quedó la Evidencia? y México Evalúa (2015). Prevención del Delito en México: ¿Cuáles son la Prioridades? Cabe destacar que ésta es la primera evaluación de procesos que una organización de la sociedad civil realiza sobre la política de prevención en el país.

[3] En este sentido, las personas que realmente necesita la intervención (por ejemplo, niños, jóvenes, mujeres) no necesariamente son los beneficiarios del programa.

[4] La línea base es el valor del indicador que se fija para evaluar una acción antes de que ésta se lleve a cabo.