Proteger la democracia es defender la independencia judicial
Documento Elaborado por el Programa de Justicia y presentado durante el webinar Defensa de la Independencia Judicial en contextos autoritarios: experiencias en Latinoamérica y Europa del Este | 7 de noviembre, 2025.
La reforma judicial 2024–2025 transformó de manera profunda el sistema de justicia en México al sustituir el servicio de carrera por el voto popular. Este cambio, lejos de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, ha expuesto riesgos significativos para su independencia. De acuerdo con el Observatorio Electoral Judicial, los primeros comicios judiciales evidenciaron irregularidades que apuntan hacia una creciente captura política del sistema judicial federal.
Al mismo tiempo, la eliminación de órganos constitucionales autónomos —como el INAI, la Cofece, el IFT y la CRE— y las reformas que restringen el juicio de amparo debilitan los contrapesos institucionales, reducen la certeza jurídica y minan la confianza de la ciudadanía y la inversión.
Ante este panorama, México Evalúa documenta los riesgos asociados a la erosión del Estado de derecho y promueve acciones concretas para fortalecer la independencia judicial, como la evaluación de personas juzgadoras, el diseño de reglas y procedimientos electorales adecuados, y el seguimiento al desempeño y funcionamiento de los poderes judiciales en todo el país.
La independencia judicial es una garantía democrática. Asegura que las resoluciones de las personas juzgadoras sean imparciales y estén libres de presiones. La coerción a las y los impartidores de justicia puede provenir desde la misma institución, o ser externa, de índole política, económica, mediática e, incluso de grupos criminales. Esta garantía es especialmente necesaria frente a decisiones o actos de autoridad de los poderes Ejecutivo o Legislativo que impliquen una violación a lo establecido en el marco constitucional y legal vigente, así como a tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Esta garantía tiene como base uno de los fundamentos de todo sistema o régimen democrático: la división y equilibrio de poderes. Esta separación de las atribuciones del Estado busca prevenir la concentración del poder público en una sola persona, grupo e, incluso, una fuerza política mayoritaria. Para ello, se distribuyen competencias y facultades de acuerdo con la naturaleza de cada poder —ya sea Ejecutivo, Legislativo y Judicial—. Al mismo tiempo, se establece un sistema de pesos y contrapesos de manera que ningún poder sea sometido a otro y cada uno limite a los otros dos. Esta contención recae particularmente sobre el Poder Ejecutivo que, en México, es el encargado de definir las políticas y ejercer la mayor parte del presupuesto público.
Las últimas reformas promovidas por el gobierno federal y el partido gobernante —Morena— han comprometido la independencia judicial, los contrapesos institucionales y la protección de derechos de personas y empresas privadas frente a decisiones gubernamentales y actos de autoridad.
Riesgos de la reforma judicial sobre la independencia judicial
La reforma constitucional a los poderes judiciales federal y estatales fue publicada el 15 de septiembre de 2024. Los riesgos sobre la independencia y la calidad de la justicia que se identificaron son los siguientes:
| Reforma | Riesgos |
| El voto popular como mecanismo para la selección de personas jueces y magistradas, en vez del servicio de carrera | Politización de las y los jueces y cooptación por intereses partidistas, económicos o criminales |
| Se modificaron significativamente los requisitos para ser persona candidata a juez (cartas de vecinos, 8 de promedio en la carrera, no necesaria experiencia). | No se garantiza el conocimiento y las competencias de las y los jueces. |
| El mecanismo de selección de candidatos a competir en las elecciones depende del Ejecutivo, del Congreso (dominado en ambas Cámaras por un solo partido) y del Poder Judicial (que la elección de 2025 no envió candidatos por implicar violaciones a derechos de personas juzgadoras que se vieron obligadas a dejar sus cargos). | No se garantizan los contrapesos a los otros poderes, si todos provienen del mismo partido. |
| Eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y lo reemplazó por el Órgano de Administración Judicial | De este órgano dependen los recursos con los que cuentan las y los jueces para trabajar. |
| Creó los Tribunales de Disciplina Judicial con facultad de iniciar procesos sancionatorios contra integrantes del Poder Judicial | Riesgo de sanciones a jueces que resuelvan en contra del gobierno. |
Estos riesgos se acentúan considerando las deficiencias e irregularidades del proceso electoral judicial 2024 – 2025. De acuerdo con el Observatorio Electoral Judicial (OEJ), fue una elección carente de autenticidad, que se operó desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio.
Entre los principales problemas identificados se observó que las reglas del proceso fueron inciertas: inició sin reglas operativas, los topes de gastos de campaña se modificaron a mitad del proceso, las reglas para la celebración de debates cambiaron constantemente, y algunos acuerdos relevantes del Instituto Nacional Electoral (INE) se publicaron con retrasos, dejando a las candidaturas en un estado de indefensión. Además, la “Operación Acordeón” —presuntamente financiada con recursos públicos y operada por estructuras gubernamentales—, junto con el diseño inequitativo de las boletas, eliminaron el elemento de incertidumbre sobre quiénes ganarían. Ambos factores fueron claros ejemplos de intervención gubernamental e ilegal movilización partidista para favorecer ciertas candidaturas.
Ante este escenario, los hallazgos del OEJ confirmaron los riesgos sobre la independencia judicial:
Su resultado no necesariamente refleja la voluntad libre e informada de la ciudadanía, sino la eficacia de la movilización desde el oficialismo para asegurar la captura política, al menos de las altas cortes, del Poder Judicial. Las instituciones electorales, tanto el INE como el TEPJF [Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación] fallaron en su deber constitucional de actuar como garantes de la certeza, la legalidad y la equidad, llegando incluso a emitir resoluciones que facilitaron la intervención indebida del poder. La votación dividida de las consejerías del INE de 5 votos en contra y 6 votos en favor de validar las elecciones judiciales muestra la profunda preocupación sobre la integridad de las elecciones y la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral en elecciones de esta naturaleza. En estas condiciones, la elección popular de jueces no garantiza ni independencia ni legitimidad; por el contrario, la subordina a la maquinaria política del partido en el poder.
Concentración de poder y eliminación de órganos autónomos
Adicionalmente a la reforma judicial, el 20 de diciembre de 2024 se publicó otro paquete de modificaciones constitucionales por la que desaparecen los órganos autónomos en materia de transparencia, competencia económica, telecomunicaciones, energía e hidrocarburos:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Estos órganos actuaban como contrapesos técnicos al Gobierno federal. Fueron diseñados para proteger derechos de personas, consumidores y usuarios (libertad de expresión, protección de datos personales, mejores precios, calidad de servicios, más educación).
Sin la Cofece y el IFT, se debilita la supervisión de prácticas monopólicas y de pluralidad en telecomunicaciones y radiodifusión. Esto puede reducir la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la calidad de servicios que reciben los ciudadanos. En energía, la CRE y la CNH regulaban permisos y contratos en mercados de electricidad, hidrocarburos y gas. Sin su supervisión autónoma, aumentan la discrecionalidad y la opacidad, lo que desincentiva la inversión privada y dificulta la vigilancia ciudadana.
La eliminación de los organismos autónomos concentra ahora la toma de decisiones en las secretarías y dependencias del Ejecutivo. Como consecuencia, se afecta la calidad democrática al reducir los espacios de participación pública y de acceso a información plural. Al mismo tiempo, aumenta la discrecionalidad, la imprevisibilidad de las normas y se debilita la separación de funciones y los mecanismos de vigilancia y transparencia. En materia económica, los inversionistas podrían recurrir a arbitrajes internacionales o demandar incumplimientos de acuerdos comerciales al percibir que no tienen protección jurídica confiable. La inversión necesita marcos estables para planificar a largo plazo.
El amparo frente a la arbitrariedad y los abusos de poder
Hace unos días, también se aprobó una iniciativa para reformar la ley de amparo. El amparo es la protección jurídica que proporcionan los jueces federales contra actos de autoridad, incluyendo jueces estatales o que resuelven disputas sobre temas energéticos, contrataciones federales, laborales y de competencia económica, por mencionar algunos.
La reforma incluye elementos relevantes para la digitalización del proceso judicial de amparo, y abre la posibilidad de hacer notificaciones y promociones en línea, así como el uso de la firma digital. Sin embargo, también contiene modificaciones que alteran el corazón de esta figura para la protección de derechos. Hay dos temas en particular que se pretenden modificar radicalmente: la acreditación del interés legítimo y la suspensión del acto.
La reforma impone a las personas más requisitos para acreditar que hay interés legítimo en solicitar la protección de jueces federales a través del amparo. Además, las autoridades responsables de los actos reclamados no están obligadas a garantizar, pero los particulares sí. También se limitan los efectos de la suspensión. Incluso puede dictarse su improcedencia si se dificultara el ejercicio de facultades de las autoridades, por ejemplo en materia de deuda pública.
Implicaciones para la inversión
Cuando las reglas de operación de los jueces cambian, se debilita la certeza sobre cómo y cuándo se resolverán demandas, contratos o permisos. Las empresas dependen de eso para planificar a largo plazo. En sectores como energía, infraestructura o telecomunicaciones, los proyectos pueden enfrentar demoras o decisiones inconsistentes con respecto a autorizaciones, permisos o certificaciones.
Las personas juzgadoras, al ser elegidas por voto popular, no sólo están más expuestas a presiones políticas o de popularidad, sino que se vuelve más probable que carezcan de experiencia técnica. Estos factores pueden generar fallos menos previsibles. Lo anterior es especialmente delicado en contratos estatales o licencias, pues cuando las decisiones regulatorias cambian con coyunturas políticas, se afecta la confianza de los inversionistas.
La percepción de que México no cumple con compromisos de tribunales independientes puede derivar en mayores costos legales, incertidumbre sobre compensaciones y un riesgo reputacional para el país.
La certeza jurídica que hasta ahora ha ofrecido el amparo es fundamental para la confianza inversionista. Nacionales y extranjeros basan sus decisiones en la existencia de recursos efectivos contra la arbitrariedad del Estado. Esto es especialmente importante en un país como el nuestro, en donde las autoridades están lejos de ser confiables para los ciudadanos. Minar aún más esta confianza podría afectar los flujos de capital en un momento donde el país requiere precisamente lo contrario: fortalecer su credibilidad institucional para generar desarrollo económico sostenible.
Claves para fortalecer la independencia judicial
Para hacer efectiva la independencia judicial, son necesarias —más no suficientes— una serie de condiciones normativas. Entre estas condiciones está, de entrada, el reconocimiento constitucional del principio de independencia judicial. De ahí emana una serie de mecanismos que resguardan esa autonomía. Entre ellos, la existencia de un órgano de gobierno judicial de carácter administrativo, así como la separación entre la presidencia del órgano de gobierno judicial y la del órgano jurisdiccional superior.
En este aspecto, debe considerarse un procedimiento transparente para el nombramiento de la presidencia y los integrantes de este órgano de gobierno judicial, así como el debido proceso en la eventual destitución de sus funcionarios.
Es indispensable también un monto presupuestal mínimo o un porcentaje fijo e irreducible, así como autosuficiencia operativa y presupuestal. Cabe decir que estas condiciones también deben verificarse en la práctica para considerar que existe independencia judicial dentro de un sistema político que se dice democrático.
Para que a nivel de las personas juzgadoras se salvaguarde la independencia judicial, de igual forma es necesaria una serie de condiciones normativas que se reflejen en la práctica. Éstas son imprescindibles para que las decisiones se tomen con objetividad, apego a la ley y sin presiones. Las principales son: un mecanismo de nombramiento imparcial que establezca con claridad las etapas del proceso de selección. A su vez, éste debe estar basado en competencias, méritos y criterios homologados de evaluación, y ser implementado por un órgano de carácter técnico e independiente. Se precisan reglas y procedimientos claros para la reelección o ratificación de las personas juzgadoras, además de un mecanismo consistente para definir sus adscripciones y readscripciones. Debe garantizarse la inamovilidad del cargo y la protección frente a presiones internas y externas.
Adicionalmente, las personas juzgadoras requieren condiciones laborales adecuadas que consideren remuneración, protección y jubilación para cumplir eficazmente sus funciones. En suma, un sistema de carrera judicial, evaluación de desempeño y de responsabilidades en caso de conductas contrarias a los principios que guían la función judicial.
Relevancia del trabajo de México Evalúa para el ámbito internacional
Los proyectos de investigación sobre la justicia en México son clave para la agenda liberal global y la cooperación internacional porque generan evidencia objetiva sobre el Estado de derecho, la separación de poderes y la protección de derechos humanos. Esta información permite alinear las prácticas nacionales con estándares internacionales, facilita la asistencia técnica y el financiamiento de organismos multilaterales, y difunde buenas prácticas comparables para otros países.
Las investigaciones de México Evalúa en materia de justicia penal (como la serie Hallazgos), justicia digital y sobre la reforma judicial, constituyen fuentes de información útiles acerca del estado actual de la justicia en México. Conocer este panorama tanto a nivel nacional como subnacional puede proveer información para la toma de decisiones en materia de inversión, comercio y proyectos bilaterales de cooperación.
Al mismo tiempo, estos estudios fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de justicia, lo que mejora la percepción de seguridad jurídica y favorece tanto la inversión extranjera como la cooperación económica y política con nuestros socios internacionales. Eso encaja con la agenda liberal global, que vincula democracia, Estado de derecho y apertura económica.
Recomendaciones clave para defender la independencia judicial
México Evalúa recientemente promovió la creación de la Red por la Independencia Judicial como un espacio de comunicación entre representantes de sociedad civil, academia, sector empresarial, abogacía, medios de comunicación, organismos internacionales, personas juzgadoras y personal judicial. Cada participante de la Red comparte información sobre su trabajo y se generan alianzas en pro de la independencia judicial y la justicia efectiva.
Desde este espacio, México Evalúa busca impulsar tres acciones clave para la independencia judicial:
1. Evaluación de competencias y desempeño de personas juzgadoras.
Uno de los principales riesgos identificados de la reforma judicial es la falta de garantía respecto al conocimiento y las competencias de las personas juzgadoras electas. El actual diseño establece sólo requisitos básicos para quienes quieran postularse a estos cargos, y no una metodología general ni criterios objetivos para los Comités de Evaluación, encargados de integrar las listas de candidatos.
2. Propuesta de contrarreforma electoral judicial.
Las fallas y deficiencias observadas y documentadas en el proceso electoral judicial obligan a plantear cambios en el marco constitucional y legal para garantizar la integridad de los siguientes procesos. En ellos deberán establecerse de manera oportuna reglas y procedimientos específicos para la naturaleza de la función jurisdiccional, así como condiciones equitativas de competencia y participación ciudadana.
3. Seguimiento y evaluación de la reforma judicial.
A partir de la experiencia de la reforma en materia de justicia penal de 2008, que implementó el sistema acusatorio, oral y adversarial en México, es necesario dar seguimiento a la implementación de la reforma judicial. El objetivo será generar evidencia sobre los cambios en el funcionamiento y el desempeño de los poderes judiciales. Entre los aspectos claves a monitorear están: la independencia judicial, la apertura institucional, la disciplina judicial, la efectividad en la resolución de casos y la protección de derechos de las partes involucradas.
