Propuestas para mejorar los procesos de designación de personas ministras, magistradas y juezas federales

En la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha procurado posicionar desde diferentes tribunas del oficialismo, y en voz del presidente mismo, el mensaje de que, para asegurar el acceso igualitario a la justicia, es indispensable modificar la forma en que se designan las personas ministras, magistradas y juezas federales. En ese sentido, se ha propuesto que las personas que ocupan tales altas responsabilidades sean elegidas por el voto popular.

En concreto, el presidente de la República presentó el 5 de febrero de 2024 una serie de propuestas de reformas constitucionales, una de las cuales concierne el Poder Judicial. Ésta contempla no solamente la elección popular de las personas ministras y juzgadoras federales, sino también de las personas juzgadoras a nivel local, así como de las personas magistradas del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, además de la desaparición de los consejos de la judicatura y su sustitución por órganos de administración y tribunales de disciplina judicial. En este documento nos centramos exclusivamente en analizar el proceso de nombramiento de las personas ministras y juzgadoras a nivel federal.

Explicaremos, desde la evidencia obtenida por el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, por qué hacer pasar por las urnas tales responsabilidades judiciales no es una propuesta idónea desde el punto de vista de la mejora de la impartición de justicia o incluso del impulso a la participación ciudadana. Al contrario: detrás de la postura oficial podría estar el intento de captura política del Poder Judicial de la Federación.

En respuesta a tal iniciativa, y con la convicción de que los procesos de designaciones judiciales efectivamente tienen numerosas limitaciones y deben mejorarse, en este reporte desarrollamos una serie de propuestas de política pública que se configura, por un lado, como una ruta completa de mejora de los nombramientos de personas ministras. (Algunas recomendaciones: la apertura de una convocatoria pública, la ampliación de las prohibiciones para acceder a la responsabilidad, la transferencia de la facultad de nombramiento en caso de rechazo de dos ternas del presidente al Pleno de la Corte y la posibilidad de impugnar las designaciones por parte de la ciudadanía.) Por el otro, plantea un perfeccionamiento del proceso para designar personas magistradas y juezas del ámbito federal, conservando la modalidad del concurso de oposición, pero fortaleciendo los requisitos para acceder a la responsabilidad, además de asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana.