Propuestas de obra pública del Edomex: ocurrencia por encima de evidencia

Los y las candidatas a la gubernatura del Edomex prometieron proyectos de infraestructura de transporte, educativa y de seguridad pública para la entidad que dejan mucho que desear. Sus propuestas son muy ambiciosas en comparación con la capacidad de ejecución que el propio Estado de México ha demostrado tener para desarrollar exitosamente este tipo de proyectos.

Mariana Campos (@mariana_c_v) y Esther Ongay (@Eongay) / Animal Político

Los programas de los candidatos a la próxima elección a la gubernatura del Estado de México ilustran uno de los problemas estructurales de este país: la falta de mecanismos que aseguren el desarrollo de proyectos de obra pública exitosos.

Claramente, el Estado de México ya ha padecido las consecuencias de este problema estructural. Por su magnitud e impacto, es inevitable citar el escándalo de corrupción del proyecto del Viaducto Bicentenario (caso OHL), cuyo título de concesión se modificó varias veces aparentemente de manera injustificada, lo que derivó en incrementos significativos de las tarifas que pagan los usuarios por utilizarla.

Tampoco podemos dejar de citar el caso de los hospitales inconclusos, que apenas esta semana merecieron la primera plana del periódico Reforma. Ésta menciona que en la gestión del actual gobernador del Estado – Eruviel Ávila – sólo se construyó uno de los siete hospitales que prometió en campaña, cuatro todavía están en obra y dos en la práctica abandonados, por lo que los recursos allí invertidos no están todavía generando el impacto económico y social esperado.

Estos casos demuestran que no existen los mecanismos para garantizar 1) que los proyectos de obra resulten pertinentes para el desarrollo del estado o la atención de necesidades de la población, 2) que se cuente con los recursos necesarios para su conclusión o que se construyan a precios razonables, ni 3) que resulten con la calidad necesaria para ofrecer un servicio seguro y digno para sus habitantes.

En este contexto, es preocupante ver que los y las candidatas que hoy aspiran al cargo de gobernador para esa entidad federativa prometieron proyectos de infraestructura de transporte, educativa y de seguridad pública para la entidad que dejan mucho que desear. Sus propuestas son muy ambiciosas en comparación con la capacidad de ejecución que el propio Estado de México ha demostrado tener para desarrollar exitosamente este tipo de proyectos.

Primero que nada, cabe destacar que si bien todos los candidatos se comprometieron a controlar y hasta erradicar la corrupción, ninguno dijo cómo va a lidiar con semejante reto.

De hecho, ningún candidato se enfocó en hacer propuestas contundentes sobre cómo mejorar la capacidad de ejecución de los proyectos de infraestructura para evitar fracasos como los ya mencionados.

La única que mencionó directamente dicha necesidad es Delfina Gómez, candidata de Morena. Propuso hacer más eficiente la contratación de bienes y servicios, pero no especificó cómo lo haría, qué marco regulatorio propone, cuáles son las políticas públicas y los mecanismos que cambiaría, cuáles propondría introducir y para qué. De tal manera que sus propuestas de proyectos de obras tampoco ofrecen mayor garantía de resultar exitosas.

Entre las propuestas de proyectos de obra propuestas por los diferentes candidatos, resuenan las siguientes: cuatro líneas de metro, diez campus universitarios y un millón de luminarias. Parece que fueron sacadas de un cuento de hadas.

La ciudad de México cuenta con 14 líneas de Metro, que se han desarrollado a lo largo de varias décadas. Sin considerar todas las dificultades que enfrentó el proyecto de la línea 12 del metro, ¿cuánto tiempo y dinero se requeriría para concluir y poner a funcionar estas cuatro líneas?

Construir diez universidades en un sexenio implica edificar por lo menos una universidad en cada año de gobierno y en cuatro de los seis años, construir dos. ¿Se contará con el presupuesto, los maestros y el equipamiento para echarlas a andar?

Un millón de luminarias podrían requerir una inversión de más de 20 mil millones de pesos[1]. Además debe tomarse en cuenta el costo para su funcionamiento y mantenimiento. ¿Cuánto va a costar mantener encendidas esas luminarias o sólo se piensa instalarlas? En noviembre pasado, El Universal publicó una nota que mencionaba que 42% de las luminarias del municipio de Cuautitlán Izcalli del Edomex estaban apagadas. Esta nota da cuenta del reto que implica mantener funcionando las luminarias en relación con las capacidades de los ayuntamientos.

Aunque en México estamos acostumbrados a que la agenda de obra pública se planche en las campañas políticas, a nivel internacional esto se considera una mala práctica. La agenda de infraestructura debe ser resultado de un proceso de evaluación de necesidades y alternativas altamente técnico, que se inscriba en un horizonte no sólo de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo. En esos procesos se busca privilegiar la objetividad y aislar los intereses políticos en la medida de lo posible[2].

Hace un par de años, en nuestra evaluación de la transparencia en materia de obra pública (MeTrOP), resaltamos precisamente la necesidad de controlar los distintos riesgos de corrupción a lo largo del proceso de la obra pública. Destacamos que el esfuerzo debe realizarse desde la identificación de los problemas y necesidades a atender con obra pública, desde la elaboración de su diagnóstico.

La actual legislación sobre infraestructura en el Estado de México padece las deficiencias que se observan en prácticamente toda normatividad de obra pública en México. Esta ley incluye una sección de planeación que hace referencia a cierto tipo de diagnóstico. Sin embargo, no garantiza que los elementos de este diagnóstico se obtengan a partir de un análisis técnico, independiente de los intereses políticos.

Una vez que el candidato electo llega al poder y con la urgencia de poner la primera piedra o cortar el listón de inauguración, las obras se complican, llegan a presentar problemas legales, financieros y hasta técnicos. Pueden quedar inconclusas, o simplemente se construyen a precios innecesariamente altos o con la calidad insuficiente para operar adecuadamente. Mientras tanto, ya se gastaron montos importantes de recursos públicos. Además, ningún gobierno rinde cuentas de manera directa sobre la ejecución de sus contratos públicos. Los desastres se conocen hasta la etapa de auditoría externa, en el caso de que hayan sido auditados.

No es de extrañar que en la última revisión de la Cuenta Pública la ASF definiera el gasto en infraestructura como un riesgo para el presupuesto público. Resaltó que “el impacto positivo del gasto en infraestructura se ve afectado cuando no se observan principios de gobernanza dentro de las distintas etapas que conforman el desarrollo de las obras públicas”. También identificó los problemas en tres grupos: de planeación, de modificación a los proyectos originales y de supervisión.

Por ello consideramos que la legislación local (como la Federal) debe reformarse para establecer al menos los cuatro puntos siguientes: 1) la elaboración técnica de un diagnóstico objetivo de las necesidades de infraestructura en el corto, mediano y largo plazo, 2) la existencia de estudios de factibilidad completos y confiables para cada proyecto, que incluyan la elaboración de proyectos ejecutivos, 3) las condiciones de transparencia y la promoción de la competencia durante la adjudicación de los contratos, para evitar que los procedimientos de contratación favorezcan a algunos contratistas en particular, y 4) la supervisión adecuada de la ejecución de la obra y total rendición de cuentas sobre los avances físicos y financieros de los contratos del proyecto, así como de las evaluaciones y auditorías a los mismos.

Es lamentable que no se dé una discusión sobre las propuestas de los candidatos a gobernador del Estado de México. No necesitamos más de lo mismo. Necesitamos una mejor capacidad de gestión de proyectos de obras, propuestas que hayan sido bien planeadas y evaluadas, con garantía de éxito, evidencia por encima de ocurrencia. Dada su importancia, la elección en el Estado de México es una ocasión para reclamar esta profundidad en el debate.

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. **Esther Ongay es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE.

[1] Estimación con base en el costo de una luminaria con paneles solares, especial para vías de comunicación y carreteras, que garantiza un consumo eficiente de energía.

[2] Para mayor información, favor de referirse al documento del Foro Económico Mundial. 2015. Bulding Foundations against Corruption Project. Partnering against Corruption Initiative in the Infrastructure Industry. O al documento de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 2009. OECD Principles for Integrity in Public Procurement.