Propaganda por transparencia: gato por liebre

Por Laurence Pantin (@lpantin) | Animal Político

Queda claro que para el presidente Andrés Manuel López Obrador el mundo ideal sería uno sin Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cuando periodistas, analistas políticos o especialistas lo confrontan sobre decisiones de gobierno controvertidas o le presentan un aspecto preocupante de la vida pública, y lo hacen con evidencia en mano –la mayoría de las veces conseguida gracias a la Ley General de Acceso a la Información Pública, de la cual el INAI es el principal garante–, no es extraño que el presidente responda que él tiene “otros datos” (los cuales no se toma la molestia de compartir).

En su mundo ideal no hay “otros datos”. En su mundo ideal sus datos son nuestros datos y no tendríamos manera de contradecirlos. Y, claro, en ese mundo no hay necesidad de que las instituciones públicas sean transparentes, pues el mismo presidente nos ‘informa’ cada mañana de los temas más relevantes.

El problema es que el presidente confunde transparencia de la información pública y comunicación social.

La transparencia por parte de las instituciones públicas es un requisito para que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a tal información y, como lo señala la Ley General en la materia, debe ser universal. Es decir, en principio, la regla es que toda la información pública debe ponerse a disposición del público, y solamente debe reservarse en algunas pocas excepciones –vinculadas con el interés público o la seguridad nacional– o clasificarse como confidencial y testarse cuando se tratan de datos personales. Por ello, la transparencia es neutra, no tiene intención.

La comunicación social, en cambio, no es neutra, sino que tiene una intención: busca pasar un mensaje predeterminado a un destinatario y provocar un efecto o una reacción específica. Para hacerlo, de toda la información pública existente se seleccionan uno o varios datos, que se empaquetan en una narrativa y se difunden por canales controlados. Esto también se llama propaganda.

Esta aparente confusión entre comunicación y transparencia también se puede observar en la iniciativa de reforma a la Ley General de Comunicación Social, originalmente presentada por el Ejecutivo el pasado 6 de diciembre, retomada unas horas después casi palabra por palabra por diputados de Morena y finalmente aprobada el 15 de diciembre como parte del llamado Plan B electoral. En su exposición de motivos se lee que “el objeto de la ley es garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación pública, así como promover la rendición de cuentas, a través de la propaganda gubernamental, constituida por aquélla que los Entes Públicos contraten en los medios de comunicación masiva”.

Sofismas aparte, lo que genuinamente puede garantizar el derecho de la ciudadanía a información sobre la actuación pública y promover la rendición de cuentas es la transparencia, no la propaganda. Esto quedó muy claro hace unas semanas cuando el presidente fue cuestionado durante su mañanera sobre el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos que el gobierno mexicano realiza por medio del software Pegasus.

Cuando Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, le pidió al presidente que el general Audomaro Martínez, director de Centro Nacional de Inteligencia, se presentara en la mañanera para explicar la base legal para este espionaje y para la compra de Pegasus (un ejercicio elemental de rendición de cuentas), el mandatario rechazó esa posibilidad, “porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros”. Cuando la periodista le contestó que esta tribuna es para la sociedad, el presidente reviró que “sí, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda (…) Pero, ¿cómo? ‘A ver, que venga al banquillo de los acusados Audomaro Martínez’. No, si fuese algo realmente importante, trascendente, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo. No, esto es un invento de ustedes, un golpe más para supuestamente afectarnos”. También dijo que al día siguiente tendría un informe sobre el tema, el cual nunca entregó.

Lo mismo sucedió unos días después cuando el reportero de Proceso, Mathieu Tourliere, volvió a preguntar sobre este tema al presidente y le recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional nunca transparentó un contrato que cinco meses antes el presidente instruyó que se diera a conocer. Entonces, el presidente contestó que lo analizaría “porque es un asunto de seguridad y yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia”.

Claramente, la mañanera no es un espacio de rendición de cuentas ni de transparencia, y la comunicación social no tiene las mismas funciones que éstas ni puede sustituirlas. Por ello, la tarea del INAI es fundamental e irremplazable. Por la misma razón, la omisión del Senado para nombrar a quienes tendrán que ocupar las tres vacantes en el órgano garante es muy grave, como desafortunada es la decisión de la ministra de Loretta Ortiz de no otorgar una suspensión para que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados. Pongámoslo así: si el Pleno del INAI no puede sesionar, la ciudadanía no tiene manera de contrarrestar el riesgo de que la instituciones públicas le nieguen información. Y cuando no tenemos acceso a la información pública, no estamos viviendo en una democracia.