Prepárense para una montaña rusa en las finanzas públicas
Mariana Campos (@mariana_c_v) | Animal Político
¡Agárrense! Nos espera un año muy movido y emocionante en el campo de las finanzas públicas. No se espanten con las palabras “finanzas públicas”, pues no es más que una cuestión de cuánto y en qué gasta el gobierno, cómo lo paga y con cuánto se endeuda. Ajá, sí, esto incluye nuestro dinero: cuánto y cómo se lo entregamos al gobierno.
El erario federal y los erarios locales inician 2020 con mayor escasez de recursos; los ingresos federales y estatales estuvieron deprimidos durante 2019. La política de austeridad no consiguió los ahorros previstos. La realidad es que los gobiernos en México no sólo requieren más recursos para operar su programas, servicios y proyectos. También necesitan gastar mejor. Actualmente no invierten lo suficiente en infraestructura y servicios públicos de primera necesidad, y operan con leyes en su mayoría deficientes, en materia de contratación pública. Entonces, la discusión amplia que nos permita dar con estrategias para superar esta situación deberá incluir, en primer lugar, los compromisos de los gobiernos –federal y locales– por asegurar un mejor gasto público: qué están dispuestos a mejorar en su toma de decisiones de gasto público.
¿2020, el año de los nuevos impuestos?
Ante los apuros en sus haciendas, en 2020 los gobiernos reaccionarán cobrando más impuestos y/o recaudando “mejor” los impuestos que ya cobran. Desde el cierre de 2019 ya vimos las primeras acciones en este sentido. Tanto el Gobierno Federal como los locales llevaron a cabo reformas tributarias para incrementar sus ingresos, tendencia que se profundizará este año. Así que ya tenemos el primer ‘hito’ en el que convendría fijarse: esperamos que se discuta una reforma fiscal en la segunda parte del año, pero eso implica que la discusión se active desde el primer semestre y que incluya una nueva definición de la coordinación fiscal entre Federación, estados y municipios, para lidiar con la grave dependencia fiscal de éstos últimos y fortalecer su responsabilidad y desempeño. Pero, también, debemos fijarnos en los nuevos impuestos que buscan modificar o cobrar los gobiernos en México.
Revisemos los acontecimientos más importantes que esperamos en cada mes:
Al cierre de enero se publicarán los últimos reportes de las finanzas públicas de 2019. Con ellos tendremos la foto prácticamente completa del primer ejercicio fiscal de AMLO. Se reportarán menores ingresos de los esperados para 2019 y también en comparación con los obtenidos en 2018; fondos de ahorro disminuidos por la misma razón y subejercicios en el gasto –de manera grotesca en el rubro de infraestructura, pero también en el rubro de salud–. Esperemos que se haya preservado la disciplina fiscal mostrada durante todo el año.
En la segunda quincena de febrero debemos estar atentos a la publicación de los proyectos de Reglas de Operación (ROP) de los programas de transferencias, a las que finalmente quedaron obligados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. La Secretaría responsable de cada uno de los 11 programas enviará el proyecto de ROP correspondiente a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el cual se publicará en el portal de esa comisión. Así que todo México –no solamente los funcionarios o analistas– puede y debe revisar la calidad de estas reglas. Estos programas, y otros que no están obligados a tener ROP, son la gran apuesta en política social de este gobierno. Varios rubros del presupuesto han sido sacrificados en nombre de estos programas… ¡Es justo y necesario revisar estas ROP!
No sobra recordar que el 20 de febrero se publicarán todos los informes de auditoría de la Cuenta Pública de 2018, la última del Gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Habrá sorpresas?
En marzo puede haber noticias sobre la calificación crediticia del Gobierno Federal. En ese mes se reúne el comité de inversión de Standard & Poor’s, y tomará decisiones sobre si es preciso bajar la calificación de la deuda soberana de México, que esta misma agencia calificadora puso en perspectiva negativa en marzo de 2019. Sin lugar a dudas, será un momento definitivo para la economía y las finanzas públicas. Las agencias calificadoras estiman la capacidad que una entidad, una empresa, un proyecto o un gobierno tiene para pagar sus deudas en beneficio de sus acreedores o inversionistas. Una de las implicaciones más relevantes de la calificación crediticia es el costo del financiamiento al que accede la entidad calificada; mientras mayor o mejor sea la calificación, el costo de financiamiento o tasa de interés será más bajo.
La mala noticia es que después de ese cambio de perspectiva el panorama de México en el terreno económico no ha mejorado, sino todo lo contrario, lo que hace probable que su calificación se rebaje. Varios de los riesgos que la calificadora advirtió que podrían inducir a hacer efectiva la baja se terminaron concretando o han aumentado su probabilidad. Tal es el caso del bajo crecimiento, el cual limita los ingresos públicos, deprime la inversión pública y privada, baja la producción de Pemex y, en general, limita la capacidad del gobierno para apoyar financieramente a la principal empresa estatal. Cabe mencionar, como antecedente ominoso, que en junio de 2019 la calificadora Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de México de BBB+ a BBB, lo que según la perspectiva de la firma reduce la capacidad que tiene el país para pagar su deuda, y quedó a dos escaños de ubicarse en “grado especulativo”. Mientras tanto, Moody’s Investors Service también cambió la perspectiva de las calificaciones del Gobierno mexicano: de “estable” a “negativa”, lo que significa que en los próximos meses también puede bajar su nota.
El 1 de abril se publicarán los Precriterios de Política Económica, es decir, el conjunto de variables económicas preliminares (crecimiento económico, tipo de cambio, tasas de interés, inflación, plataforma de producción de crudo, etc.) que fungirán como supuestos para calcular el Presupuesto 2021. Estas variables permiten estimar, por ejemplo, los ingresos que el gobierno espera obtener en ese año o el costo de financiamiento que calcula pagar. Aunque es una versión aún preliminar, es decir, que suele cambiar, permite conocer el carácter del presupuesto que se presentará al Congreso unos meses después, en septiembre.
Por otra parte, el 30 de abril se entregará a la Cámara de Diputados la primera Cuenta Pública de la administración de AMLO para su revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque se publicará formalmente el 30 de abril, es en realidad a principios de mayo cuando debemos estar muy atentos a la digestión del primer informe trimestral de la evolución de la situación económica y de las finanzas públicas que el Gobierno Federal enviará al Congreso, que por supuesto estará disponible en los #NúmerosdeErario de México Evalúa. Entender los resultados que se reporten en ese informe es vital para conocer el sentido y repercuciones de la política fiscal. En México Evalúa lo dijimos desde el 12 de septiembre pasado, y últimamente varios analistas lo secundan; el gobierno sobrestimó sus ingresos en el Presupuesto 2020. Es una consecuencia de haber sobrestimado la producción petrolera de Pemex y el crecimiento económico. De acuerdo con nuestro análisis, el próximo año el Gobierno Federal podría dejar de recibir poco más de 170 mil millones de pesos, a causa, sobre todo, de una menor producción petrolera y menor crecimiento económico. Es muy importante revisar los ingresos observados y saber si el Gobierno deberá llevar a cabo más recortes, agotar sus ahorros y/o detonar por fin la discusión sobre la siguiente reforma fiscal.
Por último, el 28 de junio se publicarán los primeros informes de resultados de las auditoría practicadas a la primera Cuenta Pública de la aministración de AMLO. ¿Se reducirán las observaciones de presunto daño el erario? ¿Cómo se desempeñaron los progamas emblemáticos del presidente en su primer ejercicio de gasto?
En fin, 2020 será un año cargado de resultados fundamentales para la toma de decisión en el campo de la política fiscal y anticorrupción. Al presidente le quedará menos margen de maniobra para evitar el costo político que implican las decisiones de cuánto y en qué gasta el gobierno y cómo lo paga; de qué impuestos debe o tiene que cobrar, así como cuánto y cómo debe endeudarse. Inevitablemente entrará de lleno y a fondo al asunto de gobernar: ya no contará con el ‘beneficio’ de ser un nuevo gobierno; será uno más experimentado. Ojalá todos le exijamos como tal.
